Nuestro ordenamiento jurídico establece la existencia tanto de la prisión preventiva oficiosa, como de la justificada.
La reciente reforma judicial se erige como una oportunidad real para hacerle frente a dicha situación inaceptable y contraria al espíritu constitucional.
Un abogado especialista consideró que la ciudadanía debería estar involucrada en el tema de la justicia.