El sótano de la justicia: El rostro humano detrás del lugar 139
Por:Jueza Amarande Riojas Orozco
Hoy México es el quinto peor país del mundo en justicia penal y eso no es solo un dato; es una verdadera tragedia nacional.
El World Justice Project es la organización que mide el nivel de justicia en el mundo, es el referente mundialque nos dice qué países protegen los derechos de sus ciudadanos y cuáles los dejan a la deriva. Su Índice de Estado de Derecho de este 2026 nos acaba de mostrar una realidad que nos golpea: México ocupa el lugar 139 de 143, lo que nos arrastra al puesto 125 del ranking global. Mientras los analistas desmenuzan las décimas perdidas y el debate público se enfrasca en la metodología, en la frialdad de la estadística se ahoga lo más urgente. Y es que los números no sangran, no lloran de impotencia en una sala de audiencias, ni pierden los mejores años de su vida esperando una resolución.
Desde el decimoquinto Juzgado de Distrito en materia Penal del que soy titular, la crisis no se lee en gráficas de colores. Tiene pulso, miedo, desesperación, tristezay nombre propio. Cuando decimos que el Estado de Derecho colapsa, no hablamos de teorías en un libro. Hablamos de la madre rascando la tierra porque la fiscalía no busca a su hijo. Es la víctima de violación a la que el Ministerio Público le pregunta qué ropa traía puesta y si ella no consintió esa acción. Es el indígena preso porque nadie le tradujo su proceso. Es el inocente pudriéndose en la cárcel a la espera de una sentencia que no llega. Es el terror paralizante de caer en un sistema diseñado para romper personas, no para defenderlas.
Hemos caído en la trampa de confundir la impartición de justicia con la acumulación de estadísticas. Aplaudimos la inauguración de tribunales y celebramos los números de resoluciones dictadas, ignorando que la verdadera métrica es la brecha kilométrica entre la Constitución y el infierno del ciudadano de a pie. Cuando el índice nos hunde al lugar 135 en materia civil y ausencia de corrupción, lo que nos está gritando en la cara es la profunda hostilidad del sistema hacia quienes menos tienen.
Por décadas, la abogacía y la judicatura nos aferramosa un lenguaje técnico y complicado. Confundimos la solemnidad con la justicia, confundimos los foros de juristas, con las resoluciones que están dirigidas a los justiciables. Hoy debemos aceptar que hemos sido purista y técnicos, contribuyendo a un estado de derecho comprensible y accesible para un sector determinado, para una clase privilegiada, porque el privilegio de poder pagar un abogado que te explique la resolución o tener conocimientos jurídicos, ya es un privilegio, uno que no tienen la mayoría de las personas en México. En nuestro país estamosatravesado por una profunda desigualdad, por lo que entregarle a una persona una sentencia que no puede entender, es un acto de violencia institucional. Una resolución incomprensible es, en la práctica, justicia denegada.
Quienes conocimos la crudeza de la realidad del litigio y hoy tenemos la responsabilidad constitucional de juzgar, sabemos que en las salas de audiencias se juega la vida y la libertad de las personas. El derecho penal no admite burócratas que solo apliquen la norma a ciegas o como robots; exige sensibilidad y una convicción inquebrantable, así como vocación de servicio. Los juzgadores debemos ser el último y más firme escudo protector, frente a los abusos de poder, la corrupción y la maquinaria aplastante del Estado.
Innovar en la justicia no se reduce a comprar mejores computadoras o digitalizar expedientes. La verdadera revolución judicial humanizar el proceso. Es tener el valor de mirar a la gente a los ojos y garantizarles que serán escuchados con absoluta imparcialidad, sin importar el saldo de su cuenta bancaria, cómo se apellidan o cuál es su código postal.
El veredicto definitivo sobre nuestra justicia no lo dictará un organismo internacional desde un escritorio. Ese doloroso lugar 139 global no es solo un número reprobatorio; es el espejo que nos obliga a mirar un México donde la inmensa mayoría de los delitos mueren en el silencio, porque los ciudadanos, con justa razón, se sienten abandonados por su propio sistema.
Para construir un Estado de Derecho que realmente proteja a las y los mexicanos, la encomienda es inaplazable. Debemos derribar, de una vez por todas, el muro de soberbia institucional que nos aisló de la realidad y nos alejó de la gente a la que juramos proteger. Es hora de asumir nuestra responsabilidad histórica frente a un país que exige respuestas y dejar de aplaudirnos por despachar asuntos en serie mientras permitimos la corrupción y el tráfico de influencias.
La justicia no es un trámite burocrático que se pesa en carpetas, ni un logro vacío que se presume en gráficas de rendimiento; se mide, única y exclusivamente, por la cantidad de paz, esperanza y dignidad que le logramos devolver a las personas.
