El laberinto de la espera: cuando juzgar tarde es otra forma de condenar

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco

Pocas cosas lastiman tanto la confianza en la justicia como esperar durante años una respuesta que debería llegar oportunamente. Quien cruza las puertas de un juzgado en materia penal rara vez lo hace por voluntad propia. Muchas veces llega después de una tragedia: por el dolor de un delito que cambió la vida de una familia o por la angustia de tener frente a sí todo el poder del Estado. Nuestra función no consiste en archivar documentos ni en discutir las leyes en abstracto. Consiste en tomar decisiones que afectan la libertad, el patrimonio, la seguridad y la vida de personas concretas. Por eso, cuando un proceso se prolonga sin una razón válida, la demora deja de ser un problema administrativo y se convierte en un problema de justicia.

El tiempo también puede causar daño. Una víctima que espera años para obtener una respuesta puede volver a vivir una y otra vez las consecuencias de lo ocurrido. Una familia permanece en incertidumbre y una persona privada de la libertad enfrenta cada día las consecuencias de un proceso que todavía no concluye. Una resolución correcta es indispensable, pero también importa cuándo llega. La justicia tardía puede llegar cuando el daño ya se hizo más profundo y cuando la respuesta institucional perdió buena parte de su sentido.

Para entender por qué una causa penal puede permanecer estancada durante años, debemos mirar de frente cómo funciona el sistema. El rezago no tiene una sola causa ni puede atribuirse siempre a quienes juzgamos. Los juzgados penales están rebasados; no solo enfrentan una montaña interminable de expedientes, sino que cargan con el peso de investigaciones ministeriales mal armadas que llegan a los tribunales llenas de errores. El trabajo se multiplica a diario, pero las manos, el tiempo y los recursos siguen siendo exactamente los mismos.

El resultado es fácil de entender: cuando a un órgano jurisdiccional diseñado para atender cientos de asuntos llegan miles, la capacidad de respuesta se rebasa. Cada expediente necesita tiempo para ser estudiado, cada audiencia requiere preparación, cada resolución exige análisis y cada persona tiene derecho a que su caso sea atendido con seriedad. Cuando la cantidad de asuntos supera de manera constante la capacidad disponible, el retraso termina acumulándose. Y lo que a veces se olvida es que, detrás de cada número, hay un justiciable que sigue esperando.

La escasez de recursos no es el único freno: también lo son las mañas que pudren el trámite diario. Hay quienes entran a los tribunales no a litigar con razones, sino a ganar tiempo a costa de lo que sea. Suspenden audiencias con pretextos absurdos, saturan al juzgado con escritos huecos y enredan el camino procesal. Cuando el derecho se utiliza para retrasar la verdad, deja de ser una garantía constitucional y se convierte en una estrategia cínica de desgaste.

El tiempo en un proceso penal tiene precio, y eso es inaceptable. Para quien tiene recursos, dilatar un juicio es una táctica cómoda; para la gente común, la espera es una condena. Las víctimas sufren un desgaste que las arruina, mientras que la persona encarcelada sin sentencia paga con su libertad cada día de retraso. Una billetera gruesa no puede traducirse en privilegios dentro del juzgado. Cuando unos pagan por ganar tiempo y otros tienen que soportar la inercia del sistema, la justicia deja de ser un derecho y se vuelve una mercancía.

Frente a esta realidad, combatir el rezago no significa resolver más rápido a cualquier precio. La justicia no puede construirse sacrificando el debido proceso, la defensa adecuada, la presunción de inocencia ni los demás derechos de las partes. La rapidez, por sí sola, no es justicia. Pero tampoco podemos utilizar las garantías procesales como una justificación para permitir que los asuntos permanezcan indefinidamente sin respuesta.

El artículo 17 de la Constitución establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial. Para quienes ejercemos la función jurisdiccional, esto implica una responsabilidad concreta: conducir los procesos con firmeza dentro de nuestras facultades, evitar actuaciones innecesarias, impedir que las reglas procesales se utilicen de manera abusiva y resolver oportunamente los asuntos que nos corresponden. No se trata de actuar fuera de la ley para acelerar un expediente, sino de utilizar correctamente las herramientas que la propia ley nos proporciona para que el proceso avance.

También necesitamos dejar de medir el problema únicamente con cifras. Reducir el número de expedientes puede ser un indicador de gestión, pero no necesariamente significa que la justicia esté funcionando mejor. Un expediente cerrado no equivale, por sí mismo, a una persona que recibió justicia. Lo verdaderamente importante es que cada asunto sea atendido con rigor, que las partes sean escuchadas, que las decisiones estén debidamente fundadas y que lleguen en un tiempo razonable.

Como jueza de Distrito en materia penal, asumo esta labor con una certeza inamovible: en mi juzgado no se resuelven trámites de ventanilla ni se archivan papeles inertes; se definen vidas. Cada día de retraso tiene un costo humano real y silencioso que no aparece en los informes oficiales: se traduce en el dolor prolongado de una víctima que no encuentra paz, en el desgaste emocional y económico de una familia entera y en la zozobra constante de quien aguarda una sentencia en prisión. La justicia que tarda en llegar desgasta la confianza social y termina por parecerse demasiado a la indiferencia.

Por eso, abatir el rezago no significa apurar firmas ni maquillar números institucionales para cumplir con metas burocráticas. Combatir el atraso es, ante todo, un deber ético frente a la sociedad. Significa poner el conocimiento técnico, el rigor jurídico y la vocación al servicio de las y los mexicanos; frenar con firmeza las malas prácticas y los abusos procesales de quienes intentan comprar tiempo; conducir siempre las audiencias con sentido humano y no permitir jamás que la ley camine más lento para los más vulnerables.

Desde mi trinchera en la judicatura, mantengo firme el compromiso de velar porque el debido proceso no sea un laberinto interminable, sino un camino claro y accesible hacia la verdad. Quienes impartimos justicia debemos recordar a diario a quién servimos: a personas de carne y hueso que reclaman ser escuchadas y respetadas. Mi tarea de todos los días es garantizar que el derecho no solo sea impecable en el papel, sino oportuno, sensible a la realidad y verdaderamente igual para todas las personas.

Porque dictar el derecho a tiempo no es un favor ni un trámite burocrático: es la única forma de regresarle la paz y la dignidad a las personas.