Deforestación y cambio climático: México y la rehabilitación ambiental
Por: Tamara Vindas
México está lejos de alinearse con sus compromisos en el derecho internacional ambiental, a pesar de su amplia ratificación en acuerdos globales—con más de setenta y siete (77) tratados ambientales suscritos—, ha evidenciado una constante incongruencia entre su compromiso normativo y la realidad.
Esta disonancia se traduce en indicadores ambientales críticos: Esta nación no solo se posiciona consistentemente entre los líderes mundiales en deforestación y la pérdida de su capital natural, sino que su política ambiental parece desproteger el valor incuantificable de sus ecosistemas.
Esta omisión se ve facilitada por la concesión de exenciones regulatorias para las industrias que explotan los recursos naturales, con un ritmo de extracción, deforestación y explotación descontrolada, que se solapan al prevalecer la reparación monetaria sobre la rehabilitación in situ del ecosistema dañado en su sistema de justicia ambiental.
El manejo privado y la consecuente erosión del patrimonio natural en uno de los países más biodiversos del mundo —aparte de desencajar en el ámbito de la justicia internacional de Derechos Humanos y Medio Ambiente— parece obedecer a las consecuencias de un respaldo legal insuficiente que garantiza la impunidad de los infractores, a pesar de sus visibles alarmas medioambientales.
Desde el año 2001 al presente, México ha registrado una pérdida neta de aproximadamente 5.2 millones de hectáreas de cubierta forestal. Esta cifra, al ponerla en perspectiva, equivale a haber desaparecido la superficie terrestre completa de Costa Rica, un país que es, irónicamente, un referente mundial en conservación y desarrollo sostenible.
Perder una extensión de bosque del tamaño de un país en tan solo 25 años es mucho más que un simple descuido ecológico. Entre los impactos están: representa la disminución de cerca de 78 millones de toneladas de producción de oxígeno anual y anula la capacidad de México para absorber el CO2 que emiten 5.5 millones de automóviles cada año. Esta dinámica es la receta perfecta para una mega “isla de calor” mexicana, cada vez más cargada de smog y de menos flora y fauna.
Dichos procesos de fragmentación y deforestación del hábitat no solo obstaculizan la regulación climática, sino también destruyen la libre movilidad de las especies. disgregando sus esenciales procesos de alimentación, reproducción y supervivencia con un costo biológico de 77 especies extintas en el territorio nacional, sin contar el vasto universo de especies que hoy se encuentran al borde del colapso.
Parecen ocurrir transformaciones legislativas orientadas a enfrentar los desafíos ambientales —como las continuas reformas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin embargo, las variables en su interpretación evidencian una preocupante tendencia a la subrogación económica del daño ambiental.
Un sistema que está abierto a justificar la imposición de multas y compensaciones económicas irrisorias, insignificantes frente a las ganancias masivas generadas por los infractores, parece otorgar, una licencia para la depredación de los recursos naturales, patrimonio invaluable de la República que, legalmente, tiene signo de pesos.
Este panorama resulta incierto para un país con una riqueza biológica inconmensurable que, tropieza con ambiciosos ritmos de producción que atentan contra su tesoro natural. Una huella de la explotación colonial que sigue causando estruendos en un presente que, más que nunca, requiere de una sólida defensa ecológica.
