¿Se requerirá orden judicial para bloquear cuentas bancarias? Esto dice la iniciativa
¿Es posible que una autoridad ordene el bloqueo de una cuenta bancaria sin autorización de un juez? Esa es una de las preguntas que busca responder una iniciativa presentada recientemente en la Cámara de Diputados.
El proyecto propone modificar la Ley de Instituciones de Crédito para establecer nuevos requisitos antes de aplicar esta medida, así como mecanismos para proteger los derechos de las personas afectadas. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿En qué consiste la iniciativa?
La diputada Lilia Aguilar Gil propuso reformar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para que el bloqueo de cuentas bancarias se realice mediante una orden fundada y motivada de la autoridad judicial competente, cuando existan indicios objetivos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos de delincuencia organizada.
Entre esos puntos, la propuesta menciona reportes reiterados de operaciones inusuales, inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros, transferencias vinculadas con jurisdicciones de riesgo, relaciones con personas sujetas a listas de sanciones, así como patrones atípicos de triangulación o dispersión de recursos, entre otros elementos verificables.
¿Qué derechos tendrían las personas afectadas?
La iniciativa también incorpora un mecanismo para que las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas puedan solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la propuesta, la persona afectada tendría 10 días hábiles para solicitar la audiencia, contados a partir del día siguiente a la notificación de los motivos de su inclusión, mientras que la UIF dispondría de 30 días hábiles para atender la solicitud.
La legisladora sostuvo que estas medidas buscan incorporar “mecanismos de garantía de audiencia y control jurisdiccional”, a fin de que las personas puedan acreditar la licitud de sus recursos y controvertir las determinaciones emitidas por la autoridad competente.
¿Qué busca la iniciativa?
La diputada aclaró que la propuesta “no tiene finalidad sancionatoria, sino eminentemente preventiva”, ya que pretende fortalecer el marco jurídico para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
Asimismo, señaló que “busca dotar al Estado mexicano de mecanismos preventivos y de reacción inmediata que permitan evitar la dispersión de recursos presuntamente ilícitos y frenar operaciones financieras vinculadas con actividades delictivas”, al tiempo que procura mantener un equilibrio entre la protección de la seguridad financiera del Estado y el respeto a derechos fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso.
En conclusión: la iniciativa pendiente de aprobarse sostiene que permitiría fortalecer las acciones contra las operaciones ilícitas sin que las medidas preventivas generen afectaciones para las personas titulares de cuentas bancarias.
