Proponen llevar la “Ley Silla” al gobierno: derecho a descansar también para burócratas
Se analiza una propuesta que ampliaría la aplicación de la llamada “Ley Silla” al sector público en el Estado de México, es una reforma que permitiría a los servidores públicos que desempeñan tareas de pie cuenten con sillas adecuadas para su descanso durante el horario laboral. Se trata de una medida que será obligatoria para el sector privado a partir del próximo 18 de junio.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez, explicó que su iniciativa tiene como fin prevenir daños a la salud derivados de estar mucho tiempo de pie, como problemas articulares, venas varicosas o cansancio muscular.
“Es una iniciativa importante. Fortalece los derechos laborales… hay gente que no tiene dónde descansar”, subrayó.
La propuesta busca mejorar condiciones laborales en oficinas públicas
La reforma plantea modificar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México para garantizar sillas con respaldo a los trabajadores que lo necesiten. Mercedes Colín Guadarrama, diputada del PRI, sugirió incluir tiempos definidos para hacer pausas, al señalar: “Cuando la jornada se hace preponderantemente de pie… la persona contará con un asiento o silla con respaldo y de fácil acceso”.
El presidente de la Comisión de Trabajo, el legislador petista Ernesto Santillán, también respaldó la propuesta al destacar que se trata de una medida que “consolida la justicia laboral”.
La iniciativa incluye un plazo de 60 días para que las dependencias del Poder Ejecutivo ajusten sus reglamentos internos, mientras que la Oficialía Mayor y los 125 municipios tendrían hasta 90 días para implementar los cambios físicos necesarios en las instalaciones.
El dictamen subraya que esta política pública no solo protege la salud del personal, sino que también puede tener impactos positivos en la productividad y calidad del servicio que ofrece el gobierno. Entre los beneficios, se menciona la disminución del cansancio físico, mejoras en la circulación sanguínea y la prevención de dolencias crónicas.
Según datos del propio Congreso, más de 159 mil personas trabajan actualmente en el aparato central del gobierno estatal, sin contar al personal de los gobiernos municipales, por lo que la reforma podría impactar a una proporción importante de la plantilla del sector público.
