¿Por qué los mayores deben recibir protección en sus procesos penales? Esto dijo la SCJJN
Enfrentar un proceso penal puede representar obstáculos adicionales para personas adultas mayores, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad relacionadas con salud o comprensión del procedimiento.
Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que este sector tiene derecho a recibir protección reforzada y acompañamiento especializado. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
Esta es la razón para dar protección reforzada a adultos mayores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso relacionado con un proceso penal por despojo de inmueble seguido contra dos personas adultas mayores en Nuevo León.
Al resolver el asunto, el Pleno reconoció que “las personas adultas mayores tienen derecho a recibir una protección reforzada dentro de los procesos penales”.
La Corte explicó que esta protección debe surgir “a partir de una evaluación individualizada de las condiciones de vulnerabilidad presentes en cada caso concreto”.
Además, el Alto Tribunal precisó que juezas y jueces deben informar a las personas adultas mayores sobre la posibilidad de recibir acompañamiento de “una o un agente especializado en sus derechos y condiciones de edad”.
La defensa adecuada no sólo implica tener abogado
La SCJN también sostuvo que la protección de personas adultas mayores no se limita únicamente a asignar una persona defensora dentro del juicio.
De acuerdo con el criterio judicial “la defensa adecuada de las personas adultas mayores no se limita a designar una persona defensora”.
La Corte explicó que también deben existir “apoyos adicionales y ajustes procesales”que respondan a:
- edad,
- estado de salud,
- y situación de vulnerabilidad.
El objetivo de estas medidas es ayudar a superar barreras que dificulten comprender el proceso penal o ejercer una defensa efectiva.
En conclusión: la Suprema Corte reforzó el criterio de que las personas adultas mayores deben contar con protección especial dentro de procesos penales, incluyendo apoyos y acompañamiento especializado que les permitan comprender el juicio y ejercer adecuadamente su defensa.
