La Asimetría del Furor: El Mundial y la Criminalización del Dolor

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco

En México hoy se vive la fiebre del Mundial 2026. Los espacios públicos y los privados se inundan de banderas, cantos y una catarsis colectiva que es surrealista. Sin embargo, al día siguiente de cada jornada de partidos, nuestras calles y espacios públicos amanecen hechos un chiquero: toneladas de desechos, botellas rotas y mobiliario urbano fracturado bajo la excusa de la celebración del mundial en México.

Sorprendentemente, la mirada social asimila este paisaje con una indulgencia injusta, ya que tanto las autoridades, como la opinión pública lo catalogan simplemente como “el costo inevitable de la fiesta por el mundial en nuestro país”.

Pero hay algo mucha más preocupante que los destrozos de la fiesta del mundial 2026 en México; y como mujer y jueza penal federal, me resulta imposible ignorar la dolorosa contradicción que esta ante nuestros ojos. Esos mismos sectores que hoy normalizan el desorden en nombre de un gol son los que, de forma constante, severa y cruel, inundan el debate público con comentarios hirientes, burlones y de máxima indignación, cuando nosotras las mujeres tomamos las calles cada 8 de marzo exigiendo que dejen de matarnos, violarnos, vejarnos…

 La paradoja nacional es devastadora: al disturbio lúdico del aficionado se le otorga una suerte de impunidad absoluta, mientras que a la marea política de la mujer que clama por su derecho a vivir sin violencia, se le impone el peso de la condena moral y a veces legal.

Es éticamente insostenible equiparar el excesivo y alegre festejo deportivo, con las manifestaciones feministas que buscan visibilizar la violencia que sufren las mujeres. La descontrolada fiesta mundialista nace de la pasión por la victoria de nuestro país, en el deporte con más aficionados en México. Pero también  dicha celebración al día siguiente muestra la desconsideración y el egoísmo cívico tan profundo que tenemos en México.

En contraste, en las marchas del 8 de marzo; pintar la fachada de un palacio de gobierno o romper el cristal de una estación no es vandalismo sin sentido; es el último recurso político que nos queda. Son gritos de alarma para obligar a voltear a un Estado que ha decidido ser sordo ante, la violencia institucional a las mujeres, las violaciones, el acoso en las escuelas, trabajos y las desapariciones que nos siguen desangrando. 

Desde mi labor en la Judicatura Federal, observo el desamparo humano que se esconde detrás de cada expediente penal. Las mujeres enfrentamos una violencia multifactorial, pero la agresión no termina con el acto delictivo; apenas comienza en las ventanillas institucionales. Cuando la víctima o sus familiares acuden a exigir justicia, con frecuencia se topan con la más fuerte y cruel de las violencias: la desestimación, el desdén y la corrupción. Los procesos se dilatan injustificadamente, las indagatorias e investigaciones policiacas se tiñen de prejuicios, ignorancia e indiferencia;  las carpetas de investigación duermen el olvido  en el mejor de los casos, o son mecanismos legales para intimidar y revictimizar a las mujeres, debido a un sistema que suele percibir el luto femenino como un trámite incómodo.

Cuando las instituciones fallan, cuando en las oficinas y escuelas se minimiza el acoso etiquetándolo como “exageración”, y cuando las autoridades prefieren priorizar los recursos para embellecer las calles tras un partido antes que, para acelerar las búsquedas de mujeres desaparecidas, dando las autoridades un mensaje siniestro y preocupante: la estética de las ciudades vale más que la vida de las ciudadanas, siempre y cuando no se destruya esa estética por hombres que festejan la victoria de su equipo, algunas de las respuesta más desconcertantes son: “Para eso pago impuestos” “Es el mundial” “Es el costo de la celebración” “Es una vez cada 4 años”.

Y no se trata de promover la destrucción de los bienes comunes en ninguno de los supuestos; el orden público es un pilar constitucional que estoy obligada a salvaguardar. Sin embargo, la justicia no puede seguir aplicando la ley con una venda que solo detecta las faltas de un lado de la balanza. Para transitar hacia una verdadera madurez social, urge realizar tres cambios estructurales:

• Coherencia Cívica: Si se exigen formas el 8 de marzo, se debe aplicar la misma rigurosidad legal contra quienes dañan el entorno en los festejos futboleros. Los reclamos sociales no pueden ser callados con reclamos absurdos, cuando en nuestro país los hombres pierden el control celebrando a sus equipos de futbol y todo se justifica.
• Responsabilidad Institucional: Es indispensable sancionar de manera ejemplar e inhabilitar a los servidores públicos que por omisión, desdén o negligencia descarrilen una investigación de violencia de género. La indolencia burocrática también es un delito, generalmente la incompetencia y corrupción de las fiscalías y las autoridades judiciales locales llevan a que se sigan revictimizando y lastimando mujeres.
• Presupuestos con Sentido Humanitario: Los recursos públicos deben priorizar la consolidación y capacitación de las fiscalías, juzgados y tribunales locales para que sean funcionarios éticos, comprometidos y especializados, que utilicen herramientas que impidan la corrupción, el derecho selectivo y la violencia institucional hacia las mujeres; por encima de los millonarios despliegues cosméticos para eventos de entretenimiento internacional.

El éxito de México en este 2026 no se medirá por cuántos partidos del Mundial logremos ganar, sino por la seguridad con la que nuestras niñas y mujeres puedan habitar el espacio público sin temor a ser lastimadas, violentadas. 

Mientras sigamos penalizando la indignación legítima y solapando el desorden irresponsable, las paredes seguirán pintadas de morado y el dolor seguirá siendo una constante. Porque ojo los monumentos históricos se pueden restaurar, pero miles de vidas arrebatadas, no nos las van a devolver ni esta, ni ninguna copa del mundo.