El derecho de los poderosos: cuando la justicia se vende y la hipocresía se disfraza de derechos humanos

Por: Amarande Riojas Orozco.

¿Cuántas veces han escuchado, sabido o vivido un abuso por parte de una autoridad? ¿Cuántas veces han acudido a un Ministerio Público, frente a un juez o ante alguna otra autoridad y los han tratado mal, los han ignorado, se han burlado de ustedes o, en el peor de los casos, los han extorsionado, amenazado o lastimado? Y si ustedes no lo han vivido directamente, pero conocen a alguien cercano a quien le ocurrió, probablemente han corrido con mucha suerte.

Porque para millones de mexicanos acercarse a la justicia no significa necesariamente encontrar protección. A veces significa entrar a un mundo que no entienden, lleno de palabras técnicas, trámites interminables, puertas cerradas y personas que parecen tener más poder que ellos. Y cuando además se carece de dinero para contratar una defensa adecuada, la desigualdad puede convertirse en una sentencia anticipada.

Por eso quiero invitarlos a una reflexión de algo que me parece todavía más grave: el derecho selectivo. Ese derecho que aparentemente es igual para todos, pero que en la práctica puede funcionar de manera muy distinta dependiendo de cuánto dinero tengas, qué apellido lleves, a quién conozcas o qué despacho puedas pagar.

En México tristemente, el derecho selectivo ha sido la regla y la justicia imparcial, técnica y verdadera, la excepción. 

Desde mis inicios en el derecho penal entendí que combatir la corrupción y el tráfico de influencias es un deber ineludible. Debemos romper el mito impulsado por esos despachos mafiosos, disfrazados de prestigiosos, que normalizan la idea del famoso dicho que dice “El que no transa no avanza”. Es una mentira: sí se puede litigar con rigor sin entregar un solo peso,sí habemos juzgadores, autoridades, juristas con integridad y valores firmes. Quienes han convertido los juzgados en mercados de favores y las influencias en mercancía no ejercen una virtud profesional; simplemente disfrazan la corrupción de éxito jurídico.

Un abogado que presume que puede arreglar un expediente porque conoce al Ministerio Público, al juez o al funcionario que toma una decisión no está demostrando excelencia jurídica. Está demostrando que entiende el sistema como un mercado de favores. Y quiero ser todavía más clara: hay despachos que han hecho de esa cultura una forma de vida.

Despachos que cobran cantidades enormes y después utilizan a sus pasantes y abogados jóvenes como mensajeros de una corrupción que ellos mismos no quieren tocar directamente. Jóvenes que llegan con la ilusión de aprender Derecho y terminan siendo enviados a entregar dinero, hacer “favores” o llevar sobres y mensajes que jamás deberían formar parte del ejercicio profesional. Eso también es corrupción.

Pero la hipocresía más grande, es que muchas veces esos mismos despachos son los que después aparecen en revistas, reciben reconocimientos, premios, organizan grandes conferencias, tienen asociaciones que ayudan a grupos vulnerables, clínicas de género y se presentan como referentes de la ética jurídica, cuando realmente utilizan el lenguaje de los derechos humanos y la lucha de las mujeres como una especie de escudo reputacional.

Para mí, esa es una de las formas más peligrosas de hipocresía jurídica: utilizar los derechos humanos como discurso mientras se reproducen, en privado, las mismas violencias que públicamente se condenan.

Ojo, esto no significa que todos los despachos sean así. Sería completamente injusto decirlo. Hay abogados, abogadas y despachos legales extraordinarios. Juristas que no solo son técnicos y estudiosos, sino que trabajan con honestidad, lealtad y ética profesional. Hay defensores que acompañan gratuitamente a víctimas, clínicas jurídicas que hacen un trabajo invaluable y jóvenes abogados que se niegan a aprender las prácticas corruptas de quienes los precedieron. Precisamente por ellos debemos señalar a quienes desprestigian la profesión. Porque tampoco debemos caer en la resignación y en aceptar estas prácticas como normales.

¿Tenemos que contratar mafiosos para defendernos? ¿Tenemos que caer en prácticas ilegales para obtener justicia? ¿Tenemos que conocer a un juez? ¿Tenemos que aceptar que alguien nos diga que para obtener justicia hay que pagarle a una autoridad? Por supuesto que no, pero tampoco les voy a decir que sea el camino más fácil.

Si necesitan contratar un abogado, protejan su patrimonio y su libertad con estas reglas básicas:

• Verifiquen credenciales: Exijan cédula profesional, pregunten qué experiencia real tiene en su tipo de asunto y quién llevará directamente el caso, más allá de la publicidad del despacho.

• Exijan claridad estratégica: Pidan que les expliquen los riesgos y escenarios posibles. Desconfíen de inmediato de quien les garantice ganar o prometa contactos con el juez; en el derecho nadie serio asegura resultados.

• Formalicen todo por escrito: Soliciten un presupuesto detallado que aclare costos totales y firmen un contrato de servicios profesionales; hoy la palabra no basta.

• Cero tolerancia a la corrupción: Si les piden dinero para “arreglar” el caso con un fiscal, juez o funcionario, no están contratando a un defensor: están pagando para convertirse en cómplices de un delito.

Como jueza federal en materia penal, estoy convencida de que un abogado no necesita comprar una resolución, necesita estudiar el expediente. No necesita ser amigo del juez, necesita conocer la ley. No necesita prometer influencias, necesita construir argumentos.

Por eso debemos terminar con la idea de que los mejores abogados son quienes tienen más contactos. Los mejores abogados deberían ser quienes tienen más preparación, ética, valentía y compromiso con su cliente.

También debemos dejar de premiar socialmente a quienes presumen que pueden “arreglar todo”. Porque mientras nosotros admiramos esa supuesta habilidad, alguien está pagando el precio: una víctima que no fue escuchada, una persona inocente que no pudo defenderse adecuadamente, una familia que perdió su patrimonio o un joven pasante al que enseñaron que corromper una institución es parte normal de su profesión.

Cuando la abogacía se pervierte, la corrupción deja de ser un delito para volverse cultura: el ciudadano asume que la verdad no basta y que la impunidad siempre se compra. Romper esta inercia no requiere discursos, sino ética diaria: el pasante que no se presta al soborno, el ciudadano que exige cuentas, la jueza y el fiscal que resuelven sin mirar apellidos, y la defensa pública que litiga con el más alto rigor. La justicia no necesita abogados con influencias, sino juristas con principios.

Basta de normalizar que el dinero incline la balanza o que las causas sociales se usen como fachada corporativa. El derecho no puede ser el privilegio de una élite mientras el resto aprende que las puertas institucionales están cerradas para quien no puede pagar. Si permitimos que la ley se remate al mejor postor, la habremos convertido en un simple negocio; y desde mi trinchera en la judicatura penal, me niego a aceptarlo.