Al Margen
En medio del interés que ha generado el inicio de la primera evaluación obligatoria del T-MEC, no se puso tanta atención al hecho de que el gobierno de México firmó el Acuerdo Modernizado de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación México-Unión Europea (Acuerdo Global Modernizado). Aún cuando queda pendiente su ratificación por parte del Parlamento Europeo y los congresos de los países que conforman la Unión Europea, así como por el Senado mexicano, lo cierto es que es un hecho que no puede considerarse menor. Éste es instrumento estratégico que fortalece el comercio exterior, fomenta la inversión, garantiza el respeto a los derechos laborales y protege el medio ambiente, a través de esquemas de cooperación y diversificación que probablemente contribuirán a equilibrar la dependencia que nuestro país tiene frente al T-MEC.
Diversas opiniones encontradas generó la más reciente reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio de 2026. Si bien en aspectos tales, el Sistema de Justicia en Línea y el establecimiento de reglas para hacer más eficiente la tramitación de promociones, acuerdos, recursos, incidentes y sentencias podría decirse que en general se aceptó su su utilidad y conveniencia, en otros temas, como los relativos a la dismunición de plazos y la limitación de ciertos recursos legales, para varios especialistas en la materia, la reforma complica la defensa de los contribuyentes. Habrá que esperar a ver sus resultados para formar un juicio al respecto.
Otra reforma que propició un amplio debate público fue la que se hizo a la Constitución para aplazar la elección de jueces, magistrados y otros cargos dentro del Poder Judicial de 2027 al 4 de junio de 2028. Aun cuando un argumento central para esta medida fue la carga operativa que implicaría organizar en 2027 las elecciones federales, locales y judiciales al mismo tiempo, lo cierto es que la refroma también contempló otros aspectos que la primera elección puso en evidencia que se tenían que revisar, por lo que será muy interesante dar seguimiento en los próximos meses a la forma como se termina de implementar esta reforma a efecto de constatar que cumpla con su objetivo de fortalecer el proceso de elección brindando mayores garantías y transparencia en beneficio de todas las personas.
Otra reforma que propició un amplio debate público fue la que se hizo a la Constitución para aplazar la elección de jueces, magistrados y otros cargos dentro del Poder Judicial de 2027 al 4 de junio de 2028. Aun cuando un argumento central para esta medida fue la carga operativa que implicaría organizar en 2027 las elecciones federales, locales y judiciales al mismo tiempo, lo cierto es que la refroma también contempló otros aspectos que la primera elección puso en evidencia que se tenían que revisar, por lo que será muy interesante dar seguimiento en los próximos meses a la forma como se termina de implementar esta reforma a efecto de constatar que cumpla con su objetivo de fortalecer el proceso de elección brindando mayores garantías y transparencia en beneficio de todas las personas.
Donde ha habido mucha actividad ha sido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Pleno resolvió varios asuntos relevantes en los últimos días. Una resolución que destaca en el ámbito de los derechos humanos, es la que emitió respecto de un caso vinculado a la Guardería ABC, en donde determinó que la acción penal por violaciones graves a derechos humanos es imprescriptible, aun tratándose de delitos culposos por omisión, máxime cuando se trate de afectaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes. Un principio relevante que reitera criterios sotenidos por otras instancias internacionales y que vuelven a poner en el centro de la función jurisdiccional la protección de la dignidad humana.
De igual forma, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, emitió un criterio que en la práctica fortalece la vigencia del derecho a un medio ambiente sano, así como al acceso efectivo a la justicia en esa materia, al reconocer el interés legítimo de personas, comunidades y organizaciones sociales para promover juicios de amparo en defensa de ecosistemas; basta, para ello, que acrediten habitar o utilizar el entorno afectado sin que tengan necesariamente que acreditar un impacto directo e individualizado. Un aspecto que para muchos sería meramente procedimental pero que, en el terreno de los hechos, marcará una gran diferencia en la protección de los derechos humanos vinculados al medio ambiente.
Quien suponga que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) operan sin rumbo definido y objetivos, sería pertienete que revisaran el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 que dicha dependencia publicó el pasado 22 de mayo de 2026. Este documento contiene la ruta de trabajo de la FGR para el periodo 2026-2029 y establece pautas para, entre otras cosas, orientar cómo la Fiscalía investigará delitos, perseguirá responsables, atenderá víctimas y reorganizará sus recursos. Este Plan Estratégico presenta una FGR que basará su funcionamiento en evidencia, priorización y resultados, por lo que habrá que tenerlo en cuenta cuando se revise o cuestione su operación y resultados.
Si bien México aún no cuenta con una Ley General de Inteligencia Artificial, una iniciativa presentada en abril ante la Cámara de Diputados busca cambiar las cosas al crear un marco jurídico para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en los sectores público y privado bajo una óptica que trate de ser protectora de derechos humanos. Es evidente que es una legislación que se requiere con urgencia, pero no hay que perder de vista detalles como el que se pretenda regular la IA generativa, como los deepfakes y los sesgos algorítmicos, a partir de responsabilidades penales, cuestión que podría terminar vulnerando derechos. Se avisora un debate intenso en los próximos meses.
Y entre todas las acciones que se están implementando con el objeto de frenar el robo y tráfico ilegal de combustibles, valdría la pena que no sólo se pusiera atención en el tema de la persecución de dichos delitos, sino también en todo lo relativo a su prevención. En este campo, retomar y fortalecer normativamente la utilización del control volumétrico, una tecnología y herramientas que el SAT ha querido impulsar desde hace algunos años para generar trazabilidad y transparencia en la cadena de valor del combustible, sería algo que tendría que apoyarse. Actualmente su utilización ya es una obligación fiscal, pero en la práctica sus efectos han sido limitados, pues entre otras cosas, la autoridad no ha contado con recursos suficientes para su verificación y vigilancia, además de que requiere personal preparado especialmente para ello. Una adecuada reglamentación específica de este tema podría ser la solución a los retos que enfrenta su implementación.
