Por Darlene Rojas Olvera
Abogada especialista en materia laboral
La desigualdad laboral entre mujeres y hombres es un fenómeno persistente en muchas sociedades y ámbitos, que se manifiesta de diversas formas, como la baja participación laboral de mujeres en diversos sectores, las brechas salariales, la baja ocupación de mujeres en posiciones de liderazgo, la baja promoción y crecimiento laboral de las mujeres, entre otras. En México, esta desigualdad entre mujeres y hombres es aún más evidente en el ámbito del poder judicial, un sector que debería ser un modelo de equidad y justicia.
El Poder Judicial y los órganos de impartición de justicia federales como locales, han pasado por varias reformas fundamentales, no obstante, enfrentan retos significativos en materia de igualdad de género y oportunidades laborales para mujeres y hombres.
A pesar de los avances en el ámbito laboral con la reforma de 2019, la cual obligó a los sindicatos a que integraran a mujeres en sus directivas sindicales de manera proporcional, la brecha de desigualdad para ocupar cargos de alta dirección es una realidad palpable en nuestro país.
Durante mi mandato como Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en 2013, fui la segunda mujer en ocupar el cargo, lo que evidencia el dominio masculino en instituciones de impartición de justicia.
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En mi experiencia he vivido de cerca las dificultades y obstáculos que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral, donde el acceso a la toma de decisiones sigue limitado por conductas arraigadas y estereotipos de género. Esto es una muestra de la urgente necesidad para impulsar políticas que no sólo promuevan la inclusión y enfoque de igualdad de género, sino que transformen la cultura organizacional de las instituciones de impartición de justicia y del Poder Judicial en general.
Es fundamental garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a puestos de liderazgo y participación en todos los niveles.
En lo que respecta al Poder Judicial, datos recientes muestran que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a puestos de toma de decisiones e impartición de justicia, lo que refleja una cultura arraigada de inequidad que dificulta la paridad.
La brecha de género en el ámbito judicial es una manifestación clara de las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Esta disparidad se refleja en las oportunidades de promoción y ascenso a cargos de mayor responsabilidad.
En cargos de alto nivel como ministras o magistradas, encontramos que el porcentaje de egresadas de facultades de Derecho no corresponde con el nivel de ocupación en instituciones judiciales a nivel federal y estatal.
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A nivel federal, desde 2023 a la fecha, sólo 34% de los ministros nombrados por la Suprema Corte de la Nación son mujeres y, en el caso de magistradas designadas, sólo 15 por ciento.
Asimismo, los poderes judiciales estatales también muestran una falta paridad de género en los nombramientos de magistradas y jueces. De acuerdo con datos del INEGI, 61% las magistraturas estatales son ocupadas por hombres, y 39%, por mujeres.
Esta subrepresentación tanto a nivel federal como a nivel estatal es un claro indicador de que las estructuras de poder en el ámbito judicial continúan perpetuando desigualdades, limitando la representatividad de las mujeres en la toma de decisiones en los órganos jurisdiccionales.
En cuanto a la representación de mujeres en la impartición de justicia, se registró en el Consejo de la Judicatura Federal un total de 757 mujeres juzgadoras (35.8%) y 486 hombres juzgadores (64.2%).
Mientras que en el ámbito estatal, los poderes judicial estatales reportaron
mil 976 mujeres juzgadoras (44.5%) y
2 mil 464 hombres juzgadores (55.5%), datos que muestran reiteradamente que, no solamente existe una subrepresentación de mujeres en los cargos de alto nivel, sino en las posiciones de impartición de justicia a nivel federal y estatal.
Los datos de ambos poderes judiciales, tanto federal como local, muestran que enfrentan desafíos similares en desigualdad laboral, tanto como la subrepresentación de las mujeres en cargos de alto nivel como en puestos de impartición de justicia.
En ambos poderes judiciales, existen diferentes políticas y estrategias para el tema de igualdad de género en este sector que han permitido avanzar en el tema.
En el ámbito federal han existido medidas afirmativas y políticas de igualdad que han permitido avances en la inclusión de mujeres en estos cargos, no obstante, la propia Constitución establece a la paridad de género como un principio en nuestra vía democrática.
Dichas medidas han considerado la emisión de concursos exclusivos para mujeres, los criterios con perspectiva de género para el desempate en los concursos, la preferencia en lugares de adscripción de las mujeres en su residencia considerando sus labores de cuidado no remuneradas.
En contraste, en muchos estados, los procesos de selección siguen siendo opacos y poco inclusivos, lo que limita las oportunidades para las mujeres.
En algunos casos, los procesos de designación en las entidades federativas carecen de criterios que prioricen la equidad de género, lo que perpetúa la hegemonía masculina en el poder judicial.
Este entorno no sólo afecta a las mujeres que aspiran a estos puestos, sino que impacta en la justicia, al limitar las perspectivas necesarias para abordar la complejidad de los casos que se enfrentan.
Además, el acceso de las mujeres a los cargos de alta dirección en México sigue siendo un desafío cotidiano y significativo. Factores como el machismo arraigado, la falta de redes de apoyo y las dinámicas culturales que perpetúan la subestimación de las capacidades femeninas dificultan su ascenso a posiciones de decisión, la falsa percepción de que las mujeres son menos adecuadas para ocupar posiciones de alta responsabilidad, la cultura organizacional que a menudo no apoya la conciliación entre la vida laboral y personal.
Estas barreras no solo limitan las oportunidades de crecimiento laboral de mujeres talentosas y capacitadas, sino que también restan diversidad y representación al sistema judicial, lo que puede influir negativamente en la calidad de la impartición de justicia en nuestro país.
El reto de eliminar las brechas entre mujeres y hombres es más urgente en el contexto actual, donde las reformas a los procedimientos de designación de cargos de ministros, magistrados y jueces abren la puerta a la posibilidad de instaurar criterios más equitativos.
Esta reforma es una ventana de análisis para revisar las barreras, los desafíos y oportunidades en beneficio de la equidad y la justicia, favoreciendo la diversidad de talentos y la representatividad de la población en el sistema de impartición de justicia de nuestro país.
El proceso de selección de personas para cargos judiciales tiene como objetivo asegurar que la designación integre criterios que promueven desde la vía democrática la diversidad y la igualdad de género. Se han establecido lineamientos que priorizan las capacidades y méritos de las candidatas, asegurando que las mujeres no sólo sean consideradas, sino que también tengan la misma posibilidad de ascender a cargos de relevancia.
Las nuevas normas también impulsan la participación activa de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil en las designaciones, lo que brinda una oportunidad adicional para incrementar la representación femenina en el ámbito judicial. Sin embargo, la implementación efectiva de estas reformas será clave para determinar si realmente conducirán a un cambio sustancial en la brecha de desigualdad. Es fundamental que los mecanismos de evaluación sean robustos y se supervise la adherencia a los principios de igualdad en cada etapa del proceso.
La incorporación de mujeres en cargos de alto nivel, como ministras y magistradas, ha demostrado tener un impacto positivo en la impartición de justicia. Diversas experiencias han revelado que una mayor representación femenina en el sistema judicial contribuye a decisiones más comprensivas y justas, mejorando la atención a casos relacionados con violencia de género y derechos humanos. Además, investigaciones en países como Suecia y Canadá han mostrado que un mayor número de mujeres en posiciones judiciales se correlaciona con un aumento en la confianza del público en el sistema de justicia y un fortalecimiento de la legitimidad judicial.
La reforma al Poder Judicial de 2024 representa un hito significativo en nuestro país para la lucha por reducir la desigualdad dentro del sector judicial. Esta reforma no solo introduce criterios de selección que priorizan la igualdad de género, sino que representa también una medida fundamental para romper con el histórico predominio masculino en el sistema judicial, promoviendo un cambio cultural que reconozca y valore las capacidades y aportaciones femeninas en la administración de justicia, promoviendo una representación más equitativa y plural.
Desde mi experiencia en la impartición de justicia y ante la valiosa oportunidad de esta reforma judicial es fundamental implementar programas de capacitación en temas de género, establecer redes de apoyo profesional y mentorías para mujeres en el ámbito judicial, crear un entorno más propicio de acceso a posiciones de liderazgo e impartición de justicia. Asimismo, incorporar políticas transparentes y equitativas que fomentan la meritocracia y paridad en los procesos de selección de cargos.
Como destacó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “no llego sola, llegamos todas”, reafirmando la idea de que el progreso hacia la igualdad no es un logro individual, sino un esfuerzo colectivo que involucra a toda la sociedad y también a nuestro sistema de justicia.
Este compromiso con la igualdad de género no solo beneficiará a las mujeres que accederán a estos puestos, sino que enriquecerá el sistema judicial en su conjunto, asegurando que las decisiones reflejen una diversidad de voces y experiencias. La implementación eficaz de esta reforma será vital para construir un poder judicial más justo y representativo de toda la población.