Por Eunice Rendón Cárdenas
Coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral
@eunice.rendon
No basta con exigir justicia para quienes están fuera si ignoramos a quienes están dentro
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Surgió a inicios del siglo XX con protestas de trabajadoras textiles en Nueva York y fue formalizado en 1910 por Clara Zetkin en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas.
Hoy, el 8M es un día de reflexión y protesta contra la violencia, discriminación y las desigualdades de género. Es fundamental recordar a aquellas mujeres que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad y que suelen ser invisibilizadas dentro del debate público, como son las mujeres privadas de libertad.
En México, representan aproximadamente 5% de la población penitenciaria, con más de 13 mil 354 mujeres encarceladas. Aunque el número es menor en comparación con los hombres, las mujeres enfrentan una reclusión marcada por múltiples formas de violencia, abandono y desigualdad.
Un aspecto alarmante es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 46.8% de las mujeres privadas de la libertad no tienen una sentencia definitiva, lo que significa que están en prisión preventiva. Esto implica que casi la mitad de las mujeres en prisión no han sido condenadas y, por lo tanto, legalmente se presume su inocencia.
La prisión preventiva debería ser una medida cautelar excepcional; sin embargo, en la práctica, se aplica de manera generalizada, afectando desproporcionadamente a las mujeres.
Esta situación se agrava debido a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que ha incrementado el número de personas encarceladas sin sentencia.
La sociedad es más dura con una mujer en prisión que con un hombre. Mientras que ellos suelen seguir recibiendo visitas y apoyo de sus familias, ellas son estigmatizadas y, en muchos casos, abandonadas. Para muchas, la cárcel no sólo significa la pérdida de la libertad, sino la ruptura con sus redes familiares y afectivas.
En un entorno que castiga con mayor severidad a las mujeres que desafían los roles de género tradicionales, cuando una de ellas delinque es vista como transgresora imperdonable, madre irresponsable, esposa indigna. La doble condena: judicial y social, es un peso que cargan casi todas, en prisión.
Uno de los aspectos más preocupantes del encarcelamiento de mujeres en México es la maternidad. Se estima que alrededor de 5.8% de las mujeres privadas de la libertad viven con sus hijos dentro de las cárceles y su preocupación por ellos es una carga emocional constante.
La mayoría de las prisiones no cuentan con espacios adecuados para la crianza y los niños crecen en entornos hostiles, sin acceso a una alimentación adecuada, educación, ni atención médica suficiente. A veces, cuando los menores cumplen cierta edad y deben salir de la cárcel, quedan con familiares que no pueden hacerse cargo de ellos o terminan en albergues e instituciones públicas.
El perfil de las mujeres en prisión refleja una realidad preocupante: la mayoría, proviene de entornos de pobreza y marginación; muchas han sido encarceladas por delitos relacionados con narcotráfico. No son líderes criminales, sino eslabones débiles dentro de estructuras que las explotan como transportadoras o intermediarias. La justicia en México, sin perspectiva de género, las castiga con penas desproporcionadas y pocas opciones de defensa.
El 8 de marzo debe ser una fecha para recordar que la lucha por la igualdad no puede excluir a las mujeres en prisión. No basta exigir justicia para quienes están fuera, si ignoramos a quienes están dentro. Para ello es necesario replantear el sistema penitenciario desde una perspectiva de género que garantice condiciones dignas, acceso a la justicia y oportunidades reales de reinserción.
Urge romper los estigmas sobre ellas y reconocer que, aunque hayan cometido un delito, son personas con derechos y dignidad.
Hay que recordar que la lucha por la igualdad no debe excluir a mujeres en prisión. Porque no sólo pierden su libertad, sino se rompen sus redes familiares.