SCJN: ¿puede la ausencia de un plazo en la ley vulnerar el acceso a la justicia?
El hecho de que una ley no indique cuánto tiempo tiene una autoridad para resolver genera una duda: ¿el trámite puede prolongarse sin límite?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó esta cuestión en un procedimiento sobre el registro de una marca. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué resolvió la Corte?
Al resolver el amparo directo en revisión 2286/2026, la Corte examinó el caso de un registro de marca cuya nulidad fue declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al considerar que se había otorgado por error.
Tras un juicio de nulidad y del juicio de amparo, la revisión del asunto incluyó los artículos 187, 188, 193 y 199 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, aplicable al caso.
Se trata de disposiciones para regular procedimientos administrativos relacionados con marcas, pero no señalan expresamente cuándo deben emitirse y notificarse las resoluciones. Así, el Pleno indicó que “la ausencia de un plazo específico dentro de la ley no vuelve inconstitucional el procedimiento”.
La razón está en que esas normas deben analizarse junto con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se aplica de forma complementaria para su regulación.
¿Qué plazos debe respetar la autoridad?
El Máximo Tribunal indicó que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece “un plazo máximo de tres meses para emitir la resolución correspondiente”, salvo una disposición distinta.
Además, el artículo 39 de esa ley dispone que la resolución debe notificarse dentro de los diez días siguientes a su emisión. Se trata de dos momentos distintos: tomar la decisión y comunicarla formalmente.
Con estas reglas, el Pleno determinó que “sí existen límites temporales aplicables a la actuación de la autoridad”. Por ello, la omisión de un plazo no permite que el IMPI decida libremente cuánto puede tardar.
¿Por qué se consideró válido el procedimiento?
La SCJN concluyó que los artículos analizados son compatibles con los derechos de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia, ya que existen disposiciones que limitan la actuación administrativa,
También destacó que la protección de las marcas responde al interés de certeza en el mercado, protege a las personas consumidoras y ayuda a evitar prácticas engañosas o competencia desleal.
En conclusión: la falta de un plazo queda cubierta por otras normas aplicables, de modo que el trámite no queda sujeto al arbitrio de la autoridad competente.
