Al Margen
El Decreto que recientemente emitió el Ejecutivo Federal para requerir a las plataformas digitales que establezcan mecanismos de prevención y protección en beneficio de niñas, niños y adolescentes frente a materiales violentos, sexuales o potencialmente perjudiciales, si bien ha generado diversas opiniones, es innegable que constituye un paso concreto para la protección de los mismos en un entorno donde las constantes innovaciones tecnológicas, si bien han abierto oportunidades nunca vistas para el intercambio de contenidos y la interacción entre personas, también han propiciado que se presenten múltiples riesgos y espacios para que sean víctimas de contenidos y actividades ilícitas. El Decreto aborda uno de los principales desafíos del derecho digital contemporáneo: cómo conciliar la protección del interés superior de la niñez con los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información. Su implementación exigirá definir criterios claros sobre responsabilidades, supervisión y límites a la intervención de las plataformas, así como sobre el compromiso y deber de cuidado que al respecto tengan padres y tutores.
Un tema que será motivo de debate durante el mes de noviembre será sin duda el relativo a la restricción en el uso de teléfonos celulares y tabletas durante la jornada escolar, entre otros niveles, en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, en el país. Si bien desde el pasado 22 de septiembre se publicó el Acuerdo que al respecto emitió la Secretaría de Educación Pública, su entrada en vigor a partir del 3 de noviembre plantea varias interrogantes, como la forma en que operativamente se podrá lograr que las y los alumnos puedan llevar tales dispositivos en sus mochilas pero tengan que guardarlos durante las horas de clase y de recreo, salvo en casos de emergencia personal, situaciones de salud o accesibilidad que requieran el equipo, o en actividades pedagógicas guiadas por sus profesores. Los objetivos de la medida que aluden a cuestiones de salud mental, prevención de adicciones, fomento a la convivencia directa y mejora del desempeño académico indudablemente son positivos, pero establecer límites en el uso de tales equipos a quienes prácticamente han utilizado los mismos durante toda su vida, implicará retos relevantes en materia de respeto a derechos tales como el de acceso a la tecnología, conectividad, libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad.
Y también vinculado con lo que pasa en las escuelas, la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la cual negó el amparo que promovieron diversas empresas en contra de los lineamientos que prohíben vender productos con sellos de advertencia dentro de las escuelas, además de avalar la constitucionalidad de dichas disposiciones, implicó un ejercicio en el que se tuvieron que conciliar la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos como el de la libertad de comercio. Al final, prevaleció la necesidad de proteger en los entornos escolares la salud de su alumnado, sin embargo, la propia emisión de esa resolución traerá como consecuencia para las propias instituciones educativas, la necesidad de adecuar sus instalaciones y servicios para contar, entre otras cosas, con bebederos operativos y en condiciones higiénicas, así como procurar que la oferta de alimentos que presenten para venta, cumpla estrictamente con los parámetros a que aluden los lineamientos, lo cual implica que los temas de salud y sanidad en las escuelas se tendrán que tomar muy en serio.
Otro tema que abordó la SCJN en estos días fue revisar la constitucionalidad de las fotomultas en la Ciudad de México, sobre todo en lo relativo a la posibilidad de que se cobren las mismas al dueño del vehículo que se habría visto implicado en una infracción de tránsito, aun cuando no hubiese conducido el vehículo al momento de registrarse la falta. En este sentido, la Corte resolvió que si bien no se podía concluir que el dueño del vehículo fuera el infractor directo en todos los casos, si existe, bajo cualquier supuesto, una responsabilidad solidaria de su parte para el pago de derechos y obligaciones vinculados a la seguridad vial y a la propiedad del vehículo, por lo que para efectos del cobro de las fotomultas, una vez que han quedado debidamente acreditadas las faltas que dieron origen a las mismas, se vuelve indistinto el hecho de que el propietario fuera o no manejando el vehículo al momento de cometerse la falta. Este fallo es previsible que traiga, entre otras consecuencias, cambios a la forma como operan las plataformas de transporte privado de pasajeros, así como las arrendadoras de vehículos, pues es claro que quienes sean propietarios de vehículos tendrán que poner requisitos más estrictos a quienes los manejen para evitar responsabilidades por las infracciones de tránsito en las que incurran.
Si bien las reformas a la Ley Federal de Derechos pueden ser objeto de discusión, poco es lo que se puede decir de la misma en comparación con los cobros que año con año establecen diversas leyes de ingresos municipales, contemplando cuestiones tales como el que una copia simple cueste a quien la requiera hasta ciento veinte pesos, en un municipio en el Estado de Oaxaca, o montos muy elevados para multas administrativas y licencias de construcción en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala, entre otros. Estos cobros, que terminan siendo impugnados, y cancelados en su gran mayoría, por la SCJN cada vez que se establecen propicia que cada año se presente un número considerable de impugnaciones que aumentan la carga de trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la propia SCJN, instancia que se ha visto en la necesidad de establecer una herramienta pública que calcula el costo real de los servicios y los compara con las tarifas municipales, a efecto de que los municipios y congresos locales ponderen si los costos que quieren establecer en sus leyes de ingresos pueden ser considerados adecuados ante una eventual impugnación judicial. La herramienta ya existe, el punto será el que efectivamente se utilice y se deje de distraer al Poder Judicial con este tipo de controversias.
En los próximos días es probable que el Poder Judicial de la Federación reciba varias impugnaciones en contra de la recién aprobada reforma a la Ley Federal de Derechos para el año 2027. Quienes presentaron y apoyaron la iniciativa sostienen que en la misma sólo se ajustan los cobros a los costos reales de los servicios, sin tocar cuestiones tales como la emisión de pasaportes o el uso de aeropuertos, además de que la reforma incluye reducciones en los derechos por uso del espectro radioeléctrico e incentivos para redes 5G en zonas prioritarias, lo cual difícilmente podría ser cuestionado, sin embargo los aumentos que se contemplan para visitantes extranjeros (DNR), por uso del espacio aéreo, así como para la expedición de permisos y licencias sanitarias, eventualmente podrían encarecer las tarifas de los servicios turísticos y hospitalarios, por lo que los cuestionamientos sobre su fundamento y pertinencia seguramente se van a presentar.
Otra decisión de la SCJN que incide en la atención de los asuntos en trámite ante el Poder Judicial de la Federación, es el acuerdo que se ha publicado para levantar el aplazamiento que impedía resolver determinados recursos de revisión relacionados con la constitucionalidad del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, mismos que estaban referidos a la tarifa aplicable al impuesto sobre adquisición de inmuebles durante los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y 2024. La decisión permite reactivar la resolución de controversias que pueden tener consecuencias relevantes para contribuyentes y autoridades fiscales. El tema pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de que los impuestos respeten los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, particularmente cuando su cálculo depende del valor de las operaciones inmobiliarias. El levantamiento del aplazamiento no significa, por sí mismo, que la Corte haya declarado inconstitucional el impuesto sino que finalmente se tendrán que resolver los casos que se plantearon sobre este tema.
