La balanza y el mercado
Por: Aneshuarely Amarande Riojas Orozco
Sobrevivir a un cambio no es lo mismo que confiar en él. Quien maneja todos los días por una avenida llena de baches termina por aprenderse de memoria dónde están los hoyos para no arruinar el coche. Se adapta, esquiva, frena a tiempo y llega a su destino. Pero esa destreza obligada no significa que la calle esté bien pavimentada ni que el trayecto sea seguro. Con la impartición de justicia está pasando exactamente lo mismo: corremos el riesgo de confundir la simple necesidad de adaptarnos a nuevas reglas con la verdadera certeza de tener un sistema que funcione.
A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la discusión sobre sus efectividad ya tiene expresiones concretas en la economía. En octubre de 2026, el Monitor Judicial de DATA COPARMEX, reportó que casi 7 de cada 10 empresas encuestadas (67.8 %) identificó un impacto negativo de la reforma en sus decisiones de inversión. El dato exige atención, pero también una lectura precisa. No significa que las corporaciones estén haciendo maletas para irse del país; el indicador agrupa a quienes redujeron proyectos, pero también a quienes simplemente ahora actúan con mayor cautela.
Se están adaptando, están esquivando los baches. Pero la estabilidad institucional que busca una empresa para seguir operando, no certifica la calidad de la justicia. Es aquí donde la economía y el derecho toman caminos distintos.
Para una gran corporación, un riesgo jurídico se resuelve con una previsión financiera, una cláusula de salida o una estrategia de litigio. Para el ciudadano de a pie, las consecuencias no tienen red de seguridad. Para una familia, un juicio mal llevado significa perder su casa; para una víctima, pasar años esperando respuestas, para un acusado significa enfrentar una decisión que le arrebatará la libertad.
Las consecuencias son abismalmente distintas, pero la obligación constitucional de quienes juzgamos es la misma: resolver con independencia, imparcialidad y apego a la ley, sin que la balanza se incline por el dinero, los contactos o el poder de quien se sienta frente a nosotros.
El debate público se ha dividido entre quienes ven en la elección de las personas juzgadoras una oportunidad para transformar la justicia y quienes advierten en ese cambio el riesgo de debilitarla. Sin embargo, ambas posturas pueden perder de vista lo verdaderamente importante: la legitimidad de una institución no se demuestra con las promesas que despierta ni se destruye con los temores que suscita; se construye y se acredita con sus resultados. La justicia debe medirse por su capacidad de resolver con imparcialidad, reconocer los derechos de cada persona, comprender la realidad de quienes acuden a los tribunales y dar a cada quienlo que en derecho le corresponde. Quienes juzgamos no estamos para servirnos del poder, sino para ponerlo al servicio de México. Porque la judicatura no es un privilegio que deba protegerse, sino una responsabilidad que debe honrarse; y el verdadero sentido de ser juzgador está en recordar, todos los días, que no llegamos a la justicia para servirnos de la nación, sino para servir a quienes la integran.
La legitimidad de una sentencia no depende de a quién le guste, sino que se sustente en pruebas y respete los derechos humanos. La justicia se demuestra en cada expediente: en la valoración de las pruebas, los tiempos de resolución y la vocación con que se trabaja todos los días.
La perspectiva empresarial permite medir la confianza, los riesgos y las condiciones del mercado, pero reducir la justicia a esos indicadores sería confundir el valor de una inversión con el valor de un derecho. El mercado busca certidumbre para el capital; la justicia debe garantizarla para todas las personas. Una sentencia no puede calificarse por las ganancias que genere o las pérdidas que ocasione, sino por su apego a la Constitución y a la ley. Porque cuando los intereses económicos pretenden convertirse en la medida de lo justo, los derechos corren el riesgo de valer únicamente mientras no afecten los negocios.
Más del 55 % del sector productivo percibe una disminución en la certeza jurídica, según los mismos datos empresariales. Son cambios de conducta que merecen atención. Sin embargo, la certeza jurídica, no consiste en garantizarle a una empresa que siempre ganará sus litigios, sino en asegurar que cualquier persona reciba una respuesta fundada y motivada, sin importar su estrato social. La imparcialidad no promete victorias a los poderosos; garantiza que las reglas no se van a doblar a billetazos.
México necesita condiciones para invertir y generar empleos. Pero también requiere tribunales capaces de resolver sin presiones. Un Estado de derecho sólido protege por igual la inversión de una multinacional y los derechos de quien no tiene voz.
El capital puede cruzar fronteras cuando cambian las condiciones del mercado; las personas no pueden hacer lo mismo con sus derechos. Una empresa puede retirar sus inversiones y buscar nuevas oportunidades, pero una víctima que exige justicia, una familia que defiende su patrimonio o una persona acusada de un delito que se sienta frente a mí en la sala de audiencias no puede escapar de una decisión injusta. Para ellas, la justicia no es una variable financiera: es la protección frente al poder.
El mercado necesita confianza y seguridad jurídica, pero la justicia no puede medirse únicamente en términos económicos. Su verdadera fortaleza está en garantizar que el dinero, los cargos y las influencias no inclinen la balanza. El éxito de una transformación judicial no se demuestra solo cuando los mercados confían en las reglas, sino cuando la persona más vulnerable puede confiar en la justicia. Porque el Estado de derecho alcanza su sentido más profundo cuando quien tiene menos poder descubre que, frente a la ley, nadie vale más que nadie.
