SCJN: ¿puede el Estado establecer prioridades para la investigación científica?
Obtener recursos públicos puede ser decisivo para desarrollar una investigación científica. Pero, ¿puede el Estado dar preferencia a determinados proyectos sin intervenir en el trabajo de investigadores?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la ley que regula las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué dice la Corte?
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y su acumulada 128/2023, la SCJN reconoció la validez de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
El Pleno determinó que las reglas para atender necesidades nacionales y locales son criterios de política pública que permiten orientar el desarrollo científico, “sin imponer contenidos de enseñanza, metodologías, ideologías ni restricciones a las líneas de investigación”.
En palabras más sencillas: se permite establecer prioridades para los apoyos, pero no autoriza a las autoridades a decidir qué deben enseñar las personas académicas o cómo deben investigar.
La Corte también concluyó que las irregularidades señaladas durante la aprobación de la ley no tuvieron el alcance necesario para invalidarla.
¿Las autoridades pueden decidir qué se investiga?
La resolución de la Corte también establece un límite: orientar los recursos públicos no equivale a controlar las decisiones académicas.
Al analizar el artículo 89 de dicha ley, la Corte precisó que las obligaciones administrativas del personal académico de centros públicos de investigación deben respetar su trabajo especializado y la libertad de cátedra.
Su aplicación debe darse “sin permitir que las reglas administrativas o los superiores jerárquicos determinen las líneas de investigación o metodologías académicas”, añade la Corte.
En conclusión: el Estado puede fijar prioridades para financiar la ciencia, pero la decisión sobre las líneas de investigación se mantiene protegida por la libertad académica.
