¿Qué puede hacer la autoridad y cómo puedes defenderte?

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco.

Imaginemos que, estas descansando en tu hogar, es de madrugada y varias personas irrumpen en tu hogar, revisan tus pertenencias más íntimas y se llevan a un familiar. Nadie explica qué buscan, qué delito investigan ni qué orden respalda la detención, te someten por completo, sin ningún tipo de explicación. Frente a un acto así, la pregunta fundamental no es solo si la autoridad actúa por el simple hecho de poseer la fuerza, sino el límite que existe entre el ciudadano de a pie y el abuso del poder.

La respuesta es contundente y debe ser entendida por todas y todos los mexicanos: en un Estado constitucional de derecho, el poder público no es absoluto. Existen límites infranqueables, está sujeto a reglas previas y sobre él pesa la obligación forzosa y obligatoria de fundar, motivar y rendir cuentas sobre cada una de sus decisiones.

A esa garantía jurídica, indispensable la llamamos certeza jurídica.

No se trata de una abstracción teórica reservada a los expedientes o a los discursos de los tribunales; es el escudo cotidiano que define, exactamente, qué puede hacer la autoridad, qué obligaciones nos corresponden y, sobre todo, cómo podemos defendernos cuando una decisión institucional se vuelve arbitraria.

Hablo de la certeza jurídica desde la responsabilidad técnica y la imparcialidad que me exige mi labor como Jueza Penal Federal. Pero hablo también desde un lugar más profundo: desde la piel de una mujer mexicana que sobrevivió una agresión sexual y que, al armarse de valor para denunciar, conoció de frente la frialdad, la corrupción, el tráfico de influencias, el desgaste y afectación que trae la violencia institucional.

Sé bien lo que significa habitar el miedo, la desorientación y la desamparo frente al propio sistema. Por eso sostengo, desde la convicción de la vivencia y la toga, que la certeza jurídica es la única línea divisoria entre el sometimiento ciego y la dignidad amparada por la ley.

Es por ello por lo que la certeza jurídica, cobra vida en los momentos de mayor vulnerabilidad. Si una persona es detenida, la ley le otorga el derecho innegociable de conocer el motivo, guardar silencio y contar con una defensa adecuada; la autoridad jamás puede justificar un atropello amparándose en la vaguedad de la seguridad pública. Si pretende intervenir la intimidad o el patrimonio de alguien, debe acatar estrictamente los requisitos legales. Y si una persona acude al Estado como víctima de un delito, tiene el derecho humano a que su denuncia sea atendida con perspectiva de género, empatía, profesionalismo, rigor y con respeto absoluto a los derechos humanos que tiene. Y a que las omisiones, atropellos y corrupción   de las fiscalías sean revisadas, corregidas y sancionadas por jueces independientes.

Pero la certeza jurídica también sostiene el desarrollo de un país, no solo aplica en los casos de personas físicas. Una empresa, pequeña o grande, necesita saber qué obligaciones le corresponden, bajo qué procedimiento se le puede sancionar y de qué forma puede defenderse. Ningún sector genera empleo o invierte con confianza si las reglas cambian a capricho o si la ley se aplica de forma desigual a casos idénticos. Las reglas claras permiten proyectar hacia el futuro; la arbitrariedad, en cambio, paraliza.

Para que la justicia sea real, las decisiones de la autoridad deben ser comprensibles. Un fallo redactado en un lenguaje inaccesible no sirve a la ciudadanía. Quien recibe una notificación debe entender con claridad:

• Qué se le está ordenando o resolviendo.

• Por qué se tomó esa decisión y en qué ley se fundamenta.

• Qué derechos tiene para inconformarse.

• Cuál es el plazo exacto para actuar y ante qué autoridad.

Comprender esto no sustituye la guía de una abogada o de la defensoría pública, pero otorga la fuerza para hacer las preguntas correctas, detectar irregularidades y buscar auxilio antes de que el daño sea irreparable.

Frente a un aviso o decisión injusta, este método evita que quedes indefenso: lee con calma, fíjate quién lo manda, guarda copias, apunta la fecha y la hora exactas, y busca un abogado de inmediato para defenderte. La idea no es volverte experto en leyes, sino impedir que el miedo o la falta de información te cierren las puertas de la justicia.

La certeza jurídica no garantiza que obtendremos siempre una resolución a nuestro favor, pero asegura algo mucho más trascendente: que nuestra causa será analizada bajo reglas previas y objetivas, y que los actos del poder siempre podrán ser auditados.

Defenderse no es desafiar a las instituciones; es exigir que funcionen. Preguntar no es una falta de respeto e impugnar una decisión no es atacar al Estado: es activar los mecanismos que la propia democracia ofrece para corregir sus errores.

La autoridad no es dueña de nuestros derechos; es la primera obligada a respetarlos. Cuando la ciudadanía conoce sus derechos y sabe cómo reaccionar ante una injusticia, el poder deja de ser una fuerza intimidante y se convierte, finalmente, en una responsabilidad que debe rendir cuentas.

La certeza jurídica no elimina todos los abusos, pero impide que la arbitrariedad tenga la última palabra.