El internet no espera a los tribunales

Por: Magda Zulema Mosri Gutiérrez

Pese a que la violencia digital contra mujeres y niñas en México no es un fenómeno marginal, solo el 21% de las víctimas de ciberacoso denuncia, y de quienes denuncian, únicamente el 9% recibe apoyo institucional efectivo. Esos números no hablan de falta de leyes, pues nuestro país tiene un marco normativo robusto para sancionar la violencia digital, lo que revelan es que la problemática supera a los sistemas normativos construidos con una lógica que no contemplaba el avance tan rápido de la tecnología.

Una imagen íntima difundida sin consentimiento puede alcanzar miles de personas en minutos. Para cuando hay denuncia, investigación y eventual resolución, el daño lleva meses circulando. El sistema responde con los tiempos que tiene, que no son los tiempos del problema. Y cuando hablamos de mujeres y niñas, esa demora no es un inconveniente técnico, es parte del daño.

A eso se suman obstáculos de acceso a la justicia, como la desarticulación conceptual. Lo que dice la ley, lo que dice la víctima y lo que clasifica la Policía Cibernética son tres vocabularios distintos que no se articulan, y derivan en la generación de barreras procedimentales concretas.

Adicionalmente, encontramos obstáculos relacionados a las plataformas por las que generalmente se difunde el contenido. Meta, TikTok y Google operan bajo jurisdicción extranjera, lo que dificulta la operación. Cuando una fiscalía necesita datos de alguna persona usuaria para sostener una investigación, el proceso de cooperación internacional es lento, burocrático y con frecuencia infructuoso. Mientras tanto, las plataformas tienen sus propias normas comunitarias para la eliminación de publicaciones que aplican de forma unilateral y discrecional, sin que el sistema de justicia mexicano tenga mecanismos vinculantes para obligarlas a actuar. 

Lo anterior solo es la punta del iceberg, el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha traído consigo nuevos paradigmas éticos y legales que agudizan el problema. La pregunta entonces no es si las leyes nos protegen, sino si deberían ser la respuesta principal a la violencia digital contra mujeres y niñas. Tal vez, la respuesta la encontremos en instrumentos de naturaleza distinta como medidas cautelares de eliminación urgente de contenidos, mecanismos administrativos de respuesta rápida, responsabilidad directa y exigible de las plataformas. 

El marco normativo puede y debe mejorarse, pero mientras eso sucede, no podemos seguir asumiendo que sancionar después del daño es suficiente cuando éste ya es irreversible. Todo lo que se sube a internet deja una huella digital; por eso, el problema no debe atenderse desde la mirada punitivista, sino desde la prevención. Mientras la respuesta institucional siga llegando tarde, la violencia digital seguirá siendo un territorio donde las mujeres y niñas enfrentan solas lo que el Estado aún no sabe cómo atender.

Dra. Magda Zulema Mosri Gutiérrez