¿En qué consiste el derecho a la salud reproductiva? Esto dice la Corte
¿La salud reproductiva consiste solamente en acudir a una consulta médica? Aunque suele entenderse de esa manera, es un derecho que también interviene en decisiones personales que pueden definir el futuro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó cuál es su alcance y las condiciones. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué dice la Corte sobre el derecho a la salud reproductiva?
Al resolver el amparo en revisión 426/2025, el Pleno de la SCJN estableció que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a decidir si quieren gestar, ejercer la maternidad, no hacerlo o postergar esa decisión.
Estas elecciones forman parte de la autonomía personal, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, ninguna autoridad puede imponer un proyecto reproductivo ni obstaculizar su ejercicio sin una razón justificada.
Pero el derecho no termina en la posibilidad de elegir. También se considera el acceso a información clara, científica y confiable para conocer las alternativas disponibles y tomar decisiones de manera consciente.
Y se incluye la obligación de contar con servicios médicos adecuados, accesibles, oportunos y de calidad. Pero cabe mencionar que la atención debe brindarse sin violencia, discriminación, estigmas o juicios sobre la decisión de cada persona.
En palabras de la Corte/ la salud reproductiva debe permitir que las personas tomen “decisiones libres, informadas y sin discriminación sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción”.
¿Una autoridad puede decidir si una persona debe ser madre?
No, la SCJN determinó que el Estado no puede utilizar las leyes para imponer la maternidad ni limitar de manera injustificada la decisión de continuar o interrumpir un embarazo.
En el amparo 426/2025, el Máximo Tribunal analizó normas de Tamaulipas relacionadas con el aborto al determinar que no es válido colocar la protección de la vida desde la concepción por encima de los derechos de las mujeres y personas gestantes, pues esto anula su autonomía y dignidad.
El Pleno también advirtió que castigar a quienes interrumpen un embarazo puede generar miedo y alejarlas de la atención médica. Situación que pone en riesgo sus derechos a la salud, la igualdad, la privacidad y la integridad personal.
Por esa razón, las autoridades no solamente deben abstenerse de interferir en estas decisiones, sino que también tienen que evitar que el acceso a los servicios de salud esté acompañado de obstáculos, malos tratos o prejuicios.
En conclusión: el derecho a la salud reproductiva no se reduce a decidir, sino que también implica contar con información y atención médica para que esa elección pueda ejercerse de forma libre, segura y sin prejuicios.
