El mito de los “intocables”

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco

“Ningún poder debería estar por encima de la ley. Cuando una sociedad permite que existan intocables, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.”

Hoy, en México, la indignación tiene que volverse viral en redes sociales para que la justicia se digne a despertar. El reciente caso del exfuncionario de Pemex que agredió brutalmente a su esposa es el vivo reflejo de una herida abierta en nuestra sociedad: la ilusión de impunidad en la que viven las cúpulas del poder y la dolorosa realidad de una justicia selectiva y, en muchos casos, misógina.

Este caso ha sacudido la conversación pública porque rompe con varios mitos.

El primero es el del “privilegio”. Nos demuestra que la violencia de género no distingue códigos postales ni estratos socioeconómicos. Una mujer considerada “blanca privilegiada”, con aparentes ventajas sociales, es igual de vulnerable cuando su agresor viste de traje, tiene dinero, poder e influencias políticas y jurídicas.

El segundo, y quizá el más alarmante, es que, en pleno 2026, parezca necesario registrar la violencia en video para que las autoridades ministeriales y judiciales actúen. Y ni siquiera eso representa una garantía de justicia, aun tratándose de una mujer con privilegios económicos o sociales.

Resulta profundamente lamentable que la dignidad y la seguridad de una mujer dependan del escrutinio público y del reclamo social en redes y medios de comunicación para que, en primer lugar, un violentador deje de ser servidor público; en segundo, responda penalmente por el delito cometido; y, finalmente, deje de reincidir en la violencia contra las mujeres.

Entonces me pregunto: ¿qué pasa con las miles de mujeres cuyas historias nunca son grabadas? ¿Qué ocurre con aquellas que, después de alzar la voz, ven sus carpetas de investigación congeladas, en el mejor de los casos, o terminan siendo contrademandadas por “daño moral” o denunciadas por “falsedad de declaraciones”, “extorsión” o “fraude procesal” por los mismos hombres que las agredieron?

Es inaudito que las víctimas sigamos teniendo miedo de denunciar. Que, aun contando con pruebas, grabaciones, videos, dictámenes periciales en psicología y todos los elementos que exige nuestro ordenamiento jurídico, no ocurra absolutamente nada contra quienes ostentan dinero, poder e influencias y ejercen violencia contra las mujeres.

Pero quienes recurren al tráfico de influencias, al dinero y a la corrupción para comprar silencios deben entender algo: el pacto de impunidad se está rompiendo. Ya no gozan del cobijo de la sombra. Hoy, la solidaridad entre mujeres ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en un frente común de resistencia y denuncia. Y, al menos, ya no tendrán nuestro silencio, como tanto desean.

Como jueza de distrito en materia penal, tengo claro mi mandato: la obligación inquebrantable de juzgar con perspectiva de género, garantizando la imparcialidad y el debido proceso para ambas partes, porque la ley debe ser siempre el terreno más justo e imparcial.

Pero como mujer, y como sobreviviente de violencia sexual, mi convicción también es profundamente humana: siempre escucharé, creeré, protegeré y defenderé a cualquier mujer que decida romper el silencio.

Que este doloroso episodio de violencia protagonizado por un exfuncionario de Pemex nos abra los ojos. La violencia no es un fenómeno exclusivo de las periferias; también habita en las oficinas de los altos mandos, en las casas de al lado y en nuestro entorno cotidiano.

Es una vergüenza institucional que las autoridades actúen únicamente por temor a ser exhibidas por su incompetencia o, peor aún, por su corrupción. Sin embargo, frente a un sistema que con frecuencia arrastra los pies, la presión social y el escrutinio público se han convertido en nuestras herramientas más poderosas. Y las utilizaremos contra cualquier agresor, sin importar de qué esfera social provenga, cuánto dinero tenga o qué tan lejos alcancen sus influencias políticas.

Por eso hoy exigimos justicia, una vez más, contra ese exfuncionario y contra cualquier hombre que violente a una mujer. No importa si la víctima es una “blanca privilegiada” o una mujer perteneciente a un grupo históricamente vulnerable. Todas merecen justicia. Todas debemos ser sororas. Y todas seguimos enfrentando un sistema jurídico que, con demasiada frecuencia, protege a algunos mientras abandona a otras.

Hoy ya no estamos dispuestas a agachar la cabeza. Los “intocables” no existen. Lo que existen son agresores que todavía no han entendido que el México del silencio se terminó.

“El mayor privilegio en México no es el dinero ni el poder: es creer que se puede violentar a una mujer sin enfrentar consecuencias. Ese es el verdadero mito de los intocables.”