La receta contra la lista gris
Para lograr una evaluación satisfactoria ante el GAFI, México debe seguir el camino de Italia en materia de prevención y combate al lavado de dinero, que consiguió al desmantelar financieramente al hampa
Por: Alicia Ariadna Arroyo Rodríguez, Doctoranda en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con estudios en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Inacipe
El pasado 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado, a través del cual informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició la visita in situ correspondiente a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua para valorar el cumplimiento técnico y efectivo de México en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esa materia.
En esta fase definitiva de la visita, los examinadores del GAFI no solo revisan que las leyes mexicanas atiendan las recomendaciones del organismo (cumplimiento técnico), sino que realizan entrevistas a las autoridades mexicanas, encabezadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como representantes de instituciones financieras y del sector de actividades vulnerables para verificar el funcionamiento de los mecanismos implementados por México para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (como se conoce al lavado de dinero en la norma mexicana) y el financiamiento al terrorismo (cumplimiento efectivo).
En caso de que los resultados de la evaluación del GAFI para nuestro país no resulten satisfactorios, se corre el riesgo de que México ingrese a un listado de “jurisdicciones bajo seguimiento intensificado”, mejor conocida como “lista gris”, que de entrada implicaría un aumento significativo en los costos de transferencias internacionales, pues los bancos globales se verían en la necesidad de incrementar sus medidas de seguridad para llevar a cabo transacciones financieras desde y hacia México.
El impacto en la inversión extranjera podría ser tan alto que muchos fondos de inversión tienen prohibido en sus estatutos operar en países donde, derivado de los resultados de su evaluación, hayan sido incorporados a la “lista gris” del GAFI. Aunado a que los bancos globales como Bank of America, JP Morgan Chase&CO, Santander, entre otros, podrían cancelar cuentas a bancos mexicanos para evitar riesgos reputacionales.
Para evitar ser incorporado a una jurisdicción de riesgo, México debe responder a tres deficiencias críticas que el GAFI ha estado observando bajo su metodología de efectividad:
1. Bajo número de sentencias condenatorias. El GAFI cuestiona por qué, a pesar de que la UIF recibe miles de reportes y avisos por parte de las entidades financieras y del sector de actividades vulnerables, hay pocas sentencias condenatorias por lavado de dinero. Concretamente, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, en abril de 2019, informó que solo se tenían 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, un resultado poco efectivo para una economía como la mexicana, que se encuentra entre las mejores 20 economías del mundo, por lo que es urgente que, para que México mantenga esta posición, se demuestre que su sistema judicial es capaz de castigar el delito de lavado de dinero; no basta con prevenirlo o detectarlo.
2. Deficiencias en la identificación del Beneficiario Controlador. Derivado de las reformas publicadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) el 16 de julio de 2025, así como el Reglamento de la LFPIORPI del 27 de marzo de 2026, se actualizaron las definiciones y los requisitos para la identificación de los Beneficiarios Controladores, atendiendo así la parte técnica que requiere GAFI. No obstante, México debe probar que el registro de quienes son los dueños de las empresas es veraz y accesible. La opacidad en las empresas fachada sigue siendo la mayor preocupación para los evaluadores.
3. Actividades vulnerables (sector no financiero). El GAFI ha prestado especial atención en sectores como los casinos, joyeros, inmobiliarias y notarios. En ese sentido, existe una percepción por parte de dicho organismo, de que estas actividades se encuentran menos vigiladas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien se encarga de su supervisión, que las instituciones financieras, por lo que estas actividades se encuentran susceptibles de ser vulneradas para utilizarse en la comisión de delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A diferencia de evaluaciones anteriores, en esta Quinta Ronda de Evaluación Mutua, se está midiendo el cumplimiento técnico de nuevas normativas, como la integración obligatoria de biometría en la Clave Única de Registro de Población (CURP) para el onboarding de clientes, una medida con la que México busca mitigar el robo de identidad y el uso de prestanombres.
Aunado a lo anterior, hechos como la declaratoria por parte del Departamento del Tesoro de EU al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero de 2025; la intervención por parte de la CNBV a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a mediados de 2025, de procesar transacciones para organizaciones criminales para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, en el caso de Vector y CI Banco e Intercam de facilitar a empresas chinas el pago de precursores químicos para la fabricación de fentanilo; los escándalos de corrupción y presuntos vínculos con los cárteles de la droga, de Personas Expuestas Políticamente (PEP), como el caso de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, el 5 de febrero de 2026; así como otros funcionarios en activo, recientemente investigados, obligó a las autoridades mexicanas a reforzar de inmediato los controles para el seguimiento de PEP.
En ese contexto, México enfrenta hoy una disyuntiva histórica semejante a la que Italia vivió hace algunos años: avanzar hacia la profesionalización plena de su sistema judicial, de modo que la aplicación de la ley refleje con claridad la solidez de su marco normativo, o resignarse a un estancamiento reputacional que, más allá de la esfera jurídica, podría erosionar su competitividad y credibilidad en la economía global.
Italia: de crisis de reputación a solidez institucional
La transformación de Italia constituye uno de los casos de estudio más fascinantes en el ámbito del cumplimiento normativo (compliance) y la justicia penal contemporánea. Para llegar al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que hoy ostenta, el país tuvo que atravesar un proceso largo y complejo, marcado por crisis gubernamentales profundas y una voluntad política sin precedentes.
Durante más de dos décadas (1970-1990), Italia fue vista internacionalmente como un Estado altamente vulnerable al crimen organizado. La mafia siciliana, la célebre Cosa Nostra, arrastró al país a una guerra interna por el control del narcotráfico frente a otras organizaciones delictivas. Este escenario desembocó en el histórico “Maxiproceso de Palermo” (1986-1987), impulsado por el juez Giovanni Falcone y el magistrado Paolo Borsellino, en el que más de 300 mafiosos fueron llevados a juicio.
La confirmación de las sentencias provocó una reacción brutal: el 23 de mayo de 1992, Falcone fue asesinado en un atentado orquestado por la Cosa Nostra, y semanas después, el 19 de julio, Borsellino sufrió el mismo destino. Estos magnicidios sacudieron a la sociedad italiana, generaron una ola de indignación y presión mediática y obligaron al Estado a emprender una ofensiva implacable que culminó con la captura del líder mafioso Salvatore Riina en 1993.
El legado de Falcone fue decisivo. Bajo su visión, Italia comprendió que desarticular estructuras criminales requería más que encarcelar individuos: era necesario destruirlas financieramente. Su principio: follow the money se convirtió en piedra angular de las investigaciones patrimoniales, estableciendo que “sin flujos económicos no hay crimen organizado”. A partir de ello, se introdujeron leyes que permitían la incautación y el decomiso de activos ilícitos, incluso antes de una sentencia definitiva, una forma temprana de extinción de dominio.
Aunque Falcone no participó directamente en la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), su influencia fue fundamental en el desarrollo de los métodos de rastreo patrimonial y tipologías que hoy emplean estas instituciones. Por ello, puede considerarse simbólicamente como el padre de las UIF.
Los bienes confiscados a la mafia comenzaron a destinarse a cooperativas sociales, transformando símbolos de poder criminal en activos comunitarios y reforzando la legitimidad del Estado. Paralelamente, se creó la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), una fuerza policial especializada en combatir organizaciones criminales. El Banco Central de Italia recibió autonomía técnica para monitorear operaciones sospechosas con un nivel de detalle que hoy es considerado modelo estándar por el GAFI.
Italia dejó de concebir el lavado de dinero como un problema interno y se convirtió en un promotor activo de las normas internacionales. No solo adoptó las 40 recomendaciones del GAFI, sino que las implementó con efectividad tangible. Se establecieron registros de beneficiarios finales altamente sofisticados, haciendo del sistema financiero un entorno hostil para la opacidad.
Con el tiempo, gracias a leyes de emergencia, la profesionalización de sus instituciones y el respaldo ciudadano a las políticas de cumplimiento y cultura de la legalidad, Italia consolidó un sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo maduro y sofisticado. Sus resultados, reconocidos por el GAFI, destacan por su efectividad y se han convertido en referente internacional.
Italia demostró que una crisis de reputación puede ser el detonante necesario para construir una infraestructura institucional sólida e inquebrantable frente al crimen organizado. Ese es precisamente el desafío que México enfrenta hoy: transformar la presión reputacional en una oportunidad histórica para fortalecer su marco legal e institucional.
México-Italia: clave para fortalecer Inteligencia Financiera
Mediante un comunicado oficial el pasado 23 de abril de 2026, la UIF informó que actualmente refuerza la cooperación internacional con el gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Embajada de Italia en México para el combate al crimen organizado, la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.
Como parte de la política integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con destacados expertos italianos en la materia. Entre ellos, Vincenzo Lo Cascio, especialista en prisiones y crimen organizado a nivel global del UNICRI; el teniente coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México, y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria del UNICRI. El encuentro tuvo como objetivo central fortalecer los mecanismos de colaboración entre México e Italia, para enfrentar la fenomenología del lavado de dinero.
El UNICRI, organismo que trabaja dentro del Sistema de Naciones Unidas en México bajo el liderazgo de la coordinadora residente Allegra Baiocchi, desempeña un papel clave en la generación de conocimiento especializado y en la promoción de buenas prácticas internacionales. La participación de esta institución en la reunión refleja la importancia de articular esfuerzos multilaterales para enfrentar los riesgos globales que amenazan la estabilidad de los sistemas financieros y la seguridad de los Estados.
Durante el encuentro se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica entre las instituciones participantes. Este tipo de cooperación permite identificar patrones de riesgo, detectar operaciones sospechosas y anticipar nuevas modalidades de delincuencia organizada. Asimismo, se discutió la implementación de procesos de capacitación recíproca, orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos financieros. La formación conjunta de especialistas mexicanos e internacionales contribuye a elevar el nivel técnico de las investigaciones y a consolidar un marco de actuación homogéneo frente a amenazas transnacionales.
Uno de los puntos destacados fue la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas. La experiencia acumulada por países como Italia en la lucha contra el crimen organizado ofrece lecciones valiosas para México, especialmente en lo relativo al rastreo de flujos financieros, la incautación de activos ilícitos y la cooperación interinstitucional. La adopción de estas prácticas fortalece la capacidad del Estado mexicano para enfrentar delitos complejos que trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas.
La cooperación internacional se enmarca en una política integral impulsada desde octubre de 2024, que articula la Inteligencia Financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal. Esta visión se refleja en la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad, lo que permite una coordinación más estrecha con las fuerzas de seguridad y las instancias de procuración de justicia. La integración de la inteligencia financiera en el diseño de políticas públicas representa un avance significativo en la construcción de un sistema más resiliente frente a los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Este tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación de México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La adopción total de sus recomendaciones y la implementación efectiva de sus lineamientos son fundamentales para garantizar la credibilidad del sistema financiero mexicano en el ámbito global. Además, consolidan la cooperación con socios estratégicos y fortalecen la capacidad del país para proteger la estabilidad e integridad de su economía frente a riesgos internacionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, ha reiterado su compromiso de continuar impulsando acciones de cooperación internacional en apego al marco jurídico vigente. El objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de redes delictivas que operan tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración con organismos multilaterales y con países aliados constituye un pilar esencial para avanzar hacia un sistema financiero más seguro, transparente y confiable, tomando como referente el caso de éxito de Italia en la lucha contra el crimen organizado.
La reunión encabezada por Omar Reyes Colmenares con expertos de UNICRI y representantes de Italia refleja la voluntad del Estado mexicano de fortalecer sus capacidades institucionales mediante la cooperación internacional. El intercambio de información, la capacitación recíproca y la adopción de buenas prácticas internacionales son herramientas indispensables para enfrentar los retos que plantea la delincuencia organizada en el siglo XXI. Nuestro país avanza así, hacia la consolidación de un sistema de inteligencia financiera robusto, alineado con los estándares globales y capaz de proteger la integridad de su economía frente a riesgos transnacionales.
El desafío
México enfrenta en 2026 un desafío crucial en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Aunque el país ha logrado avances significativos en el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones GAFI, la verdadera prueba no radica únicamente en la existencia de un marco normativo robusto, sino en la capacidad de demostrar resultados tangibles y efectivos.
La inclusión en la llamada “lista gris” —jurisdicciones bajo monitoreo intensificado— representa un riesgo latente que podría afectar no solo la reputación del país, sino también su estabilidad económica y la integración en los mercados financieros globales. En este sentido, México no puede conformarse con ser un espectador pasivo de su propia evaluación, sino que debe asumir un papel activo y estratégico para garantizar que sus instituciones funcionen con eficacia y credibilidad.
El estándar de éxito actual del GAFI se mide a través de los Resultados Inmediatos, que evalúan la efectividad real de las políticas antilavado. Italia es un ejemplo de cómo la especialización judicial puede convertirse en una ventaja competitiva: jueces y fiscales altamente capacitados han permitido que las investigaciones financieras se traduzcan en sentencias firmes y en la desarticulación de estructuras criminales. En contraste, México aún enfrenta incertidumbre tras la Reforma al Sistema de Justicia de 2024, la cual ha generado más dudas que certezas. La iniciativa de la legisladora Olga Sánchez Cordero, que propone priorizar la experiencia y las evaluaciones técnicas sobre el promedio académico en el acceso al Poder Judicial, apunta en la dirección correcta, pero requiere acompañarse de un fortalecimiento institucional que asegure que la justicia sea efectiva y disuasoria.
El éxito de una política antilavado no se mide por la cantidad de reportes de operaciones inusuales o avisos generados, sino por la capacidad del Estado para realizar análisis financieros que permitan desmantelar el músculo económico de las organizaciones criminales. El GAFI ya no se interesa en cifras superficiales como el número de cuentas bloqueadas, sino en el impacto real: ¿cuánto dinero se ha logrado quitar al crimen organizado?. En este sentido, aunque México cuenta con un marco legal alineado a estándares internacionales, la efectividad sigue siendo su talón de Aquiles. La diferencia con Italia no está en la ley, sino en la certeza de la sanción. Mientras Italia ha consolidado un sistema judicial que garantiza consecuencias penales ineludibles, México aún proyecta vulnerabilidad frente a los evaluadores internacionales.
El impacto de la “lista gris” es profundo. Más allá de la reputación, implica un encarecimiento de las operaciones financieras internacionales, pues muchos bancos globales prefieren cerrar relaciones comerciales con países bajo monitoreo intensificado para evitar sanciones de sus propios reguladores. Esto genera un estigma financiero que limita la capacidad de atraer inversión extranjera y encarece el acceso al crédito internacional. Para México, las consecuencias serían devastadoras: afectación a la estabilidad de la moneda, reducción del crecimiento económico y pérdida de confianza de los mercados.
La muerte de Falcone y Borsellino no fue en vano. Italia comprendió que la solidez institucional es una ventaja competitiva y logró alejarse de cualquier sospecha de inclusión en la lista gris, garantizando que sus empresas operen globalmente sin fricciones. México debe aprender de esta experiencia y demostrar que su sistema preventivo es capaz de producir resultados efectivos.
La coordinación entre México e Italia puede ser un punto de inflexión. Replicar la solidez institucional italiana requiere acciones inmediatas y concretas. En primer lugar, fortalecer la eficacia judicial: el éxito ante el GAFI se medirá en sentencias condenatorias firmes y en la desarticulación de estructuras financieras criminales, no en bloqueos temporales de cuentas. En segundo lugar, consolidar la inspección y vigilancia de sectores vulnerables como joyeros, inmobiliarias, notarios y casinos, que no pueden seguir siendo eslabones débiles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe proveer herramientas tecnológicas y capacitación para que estos sectores cumplan con sus obligaciones sin comprometer su operación, pero bajo una supervisión basada en riesgos. En tercer lugar, implementar un registro de beneficiarios controladores que garantice transparencia en las estructuras corporativas y evite que la opacidad sirva de refugio para actividades ilícitas.
La Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI no es simplemente un examen técnico, sino una definición de identidad económica. México cuenta con la infraestructura legal y el talento profesional para convertirse en un referente regional en materia de cumplimiento. Sin embargo, debe demostrar voluntad política y rigor técnico para consolidar instituciones sólidas que generen confianza internacional. Seguir el camino italiano no es un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar que México permanezca como un destino confiable para la inversión y un actor íntegro en el sistema financiero global. La solidez institucional no se hereda: se construye día a día con decisiones firmes y con un compromiso real hacia la transparencia y la justicia.
México se encuentra en un momento decisivo. La amenaza de la “lista gris” debe verse como una oportunidad para corregir debilidades y fortalecer su sistema financiero y judicial. El reto es demostrar que el país no solo cumple con estándares internacionales en papel, sino que es capaz de traducirlos en resultados efectivos que protejan su estabilidad económica y mantener su posición como una de las 20 economías del mundo.
¡Es momento de actuar con determinación y construir la confianza que el sistema financiero global exige!
