Ley Silla ya es obligatoria: ¿qué sigue ahora para las y los trabajadores?
Permanecer de pie durante toda la jornada laboral dejó de ser una práctica tolerada por la ley. Desde el pasado domingo 14 de diciembre, concluyó el periodo de gracia otorgado a los empleadores para adecuar sus centros de trabajo, por lo que el cumplimiento de la llamada Ley Silla ya es plenamente obligatorio.
Con ello, la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) entra en una nueva etapa, en la que las personas trabajadoras pueden exigir condiciones laborales más dignas, mientras que los patrones están obligados a cumplir sin margen de prórroga. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
¿Qué establece la Ley Silla y a quiénes beneficia?
La conocida Ley Silla corresponde a una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los empleadores a proporcionar sillas o asientos con respaldo a las personas trabajadoras, así como espacios adecuados para que puedan sentarse y descansar periódicamente durante su jornada, siempre que la naturaleza de las funciones lo permita.
Esta disposición está dirigida principalmente a los centros de trabajo del sector servicios, comercio y actividades similares, como tiendas departamentales, supermercados, farmacias, restaurantes y establecimientos de atención al público, donde históricamente se obligaba a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante largos periodos.
La reforma también prohíbe que los empleadores impongan la permanencia continua de pie cuando no sea estrictamente indispensable para el desempeño de las labores.
¿Qué sigue ahora para las y los trabajadores?
Con el fin del periodo de gracia, el derecho a sentarse durante la jornada laboral se vuelve plenamente exigible. Las personas trabajadoras pueden solicitar el cumplimiento de esta obligación como parte de sus derechos laborales, sin que dependa de la discrecionalidad del empleador.
En caso de incumplimiento, la autoridad laboral puede intervenir mediante inspecciones de trabajo y procedimientos administrativos, además de que esta medida busca prevenir riesgos a la salud, como problemas circulatorios, lesiones musculares y fatiga crónica.
Para los empleadores, la entrada en esta fase obligatoria implica la adecuación inmediata de los espacios de trabajo, la revisión de prácticas internas y el cumplimiento efectivo de la ley para evitar sanciones y garantizar condiciones laborales dignas.
