Confianza, certidumbre y la función jurisdiccional
Editorial por: Antonio Holguin.
Pasados los primeros 60 días de que asumieron sus cargos las y los nuevos juzgadores electos como consecuencia de la reforma constitucional que replanteó las bases del Poder Judicial en nuestro país, es claro que no se materializaron los peores escenarios que auguraban la parálisis y el colapso de los sistemas de impartición de justicia. Desde el 2 de septiembre se hizo evidente, entre otras cosas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía seguir operando, que la labor de los distintos juzgados y tribunales no se vería interrumpida y que el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, si bien tendría frente a sí múltiples retos y desafíos, estaba en condiciones de cumplir sus objetivos. No obstante ello, también empezó a ser notorio el hecho de que, al margen de esa continuidad operacional, el gran reto que marcaría el inicio de esta nueva etapa de la labor jurisdiccional sería el que las personas juzgadoras designadas y los órganos recién creados o renovados, pudieran ganar la confianza de la sociedad y generar certidumbre sobre su capacidad, imparcialidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones.
La impartición de justicia es uno de los pilares fundamentales para lograr una convivencia pacífica entre las personas y construir una sociedad que se sustente en la estabilidad de sus instituciones, el respeto de la ley y la vigencia de los derechos humanos; sin embargo, existen diversos factores que pueden minar la confianza de las personas en quienes desarrollan la función judicial, debilitando con ello el papel y alcance real de la misma.
Percepciones no siempre fundadas de que los jueces son influenciables por intereses políticos o económicos, la falta de transparencia en los procesos, decisiones motivadas por intereses personales o grupales, o inclusive, sobre la existencia de corrupción dentro del sistema judicial, son algunos de los factores que erosionan la credibilidad y la confianza de las personas en la judicatura. La opacidad o la poca comunicación sobre los procedimientos y resultados también contribuyen al escepticismo y generan incertidumbre sobre la utilidad y pertinencia de su actividad. Cuando estas situaciones prevalecen, la población puede llegar a considerar que las decisiones judiciales son injustas, parciales o ilegítimas, lo que provoca rechazo y deslegitimación, todo lo cual va en contra de los objetivos que tuvo la llamada “reforma judicial”.
La confianza es producto de una construcción en la que intervienen varios elementos, entre los que destacan la formación profesional, la independencia y la transparencia como pilares fundamentales. El conocimiento técnico y jurídico de las personas juzgadoras les permite emitir sentencias más sólidas y coherentes, que interpretan la ley de manera correcta y justa, ante una sociedad cada vez más compleja que exige que los jueces comprendan las nuevas lógicas, principios y valores que surgen en áreas como la tecnología y los derechos humanos. La profesionalización permite a los jueces adaptarse a estos cambios y ese es uno de los aspectos que tendrán que fortalecerse y evidenciarse en esta nueva etapa del Poder Judicial. Una carrera judicial basada en el mérito garantiza que los puestos sean ocupados por personas con las capacidades y conocimientos necesarios. Esto, a su vez, avala la calidad de las sentencias y una justicia más humana, generando certidumbre y confianza.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ocupa un papel central, ya que es la máxima autoridad judicial encargada de interpretar, aplicar y defender la Constitución y las leyes del Estado. La legitimidad y autoridad de la Corte no dependen únicamente de su competencia técnica o de sus decisiones, sino, en gran medida, de la confianza que la ciudadanía le otorgue. Sin confianza, incluso las instituciones más sólidas se vuelven vulnerables y la impartición de justicia pierde su papel y carácter de garante de derechos y de equilibrio del poder. Cuando la población confía en la Corte, se fortalece el Estado de Derecho, puesto que las leyes y las decisiones judiciales son respetadas y aceptadas por la ciudadanía.
La confianza ejerce un efecto pedagógico y legitimador, promoviendo el cumplimiento voluntario de las normas y evitando la desobediencia civil y la impopularidad de las leyes. La percepción de independencia, imparcialidad, transparencia y correcta administración por parte de nuestro Máximo Tribunal es esencial para que los ciudadanos crean en su autoridad y en la justicia que imparte.
De igual forma, otra de las funciones más relevantes de la Suprema Corte es garantizar la certeza jurídica; es decir, que las leyes y decisiones judiciales sean previsibles y consistentes. La certidumbre permite a ciudadanos, empresas y organizaciones planificar sus actividades sin miedo a cambios arbitrarios o decisiones imprevisibles que puedan afectar sus derechos o sus negocios. Cuando la población percibe que el sistema judicial es estable y confiable, aumenta la inversión, la estabilidad económica y la cohesión social, puesto que todos saben qué esperar y confían en la protección de sus derechos. La incertidumbre jurídica, por el contrario, genera inseguridad, desconfianza y desmotivación para cumplir las leyes o realizar actividades productivas.
Para fortalecer la confianza, la Suprema Corte debe actuar con transparencia, imparcialidad y respeto irrestricto por los derechos humanos. Esto implica publicar y explicar claramente sus criterios y el fundamento de sus decisiones, promover mecanismos de rendición de cuentas, así como fortalecer la independencia judicial frente a presiones externas. Además, es fundamental que la Corte tenga una comunicación efectiva, explicando los procesos judiciales y la importancia de sus funciones. La confianza también se construye con la formación y capacitación continua de los jueces, que deben actuar con ética, profesionalismo y sensibilidad social, todo lo cual debe ser conocido y constatado por la ciudadanía.
La confianza y la certidumbre en la función jurisdiccional son pilares inquebrantables que, al tener como cimientos la integridad y la justicia, allanan el camino hacia un sociedad más equitativa y ordenada.
Cuando las decisiones judiciales respetan los derechos fundamentales y atienden las necesidades sociales, la población se siente protegida y representada por sus instituciones. Esto genera un ambiente de paz social, reduce conflictos y favorece la gobernabilidad, además de constituir un entorno propicio para que las actividades económicas y las inversiones se preserven y consoliden. La responsabilidad de las instituciones judiciales no sólo reside en emitir fallos justos, sino también en que la sociedad los perciba como tales. Sólo así la justicia podrá cumplir su papel de protectora de derechos, garante de la igualdad y promotora del bien común. Esos son algunos de los retos del Poder Judicial en esta nueva etapa.
