El desarrollo, organización y operación de los servicios de inteligencia han sido un desafío constante para el Estado Mexicano y sus autoridades, al menos desde principio del siglo XX.
Aunque es innegable la necesidad y utilidad de que un Estado moderno cuente con sistemas y mecanismos que le permitan, por un lado, prevenir, detectar, contener y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, y por otro, asesorar en sus decisiones a los altos niveles del Estado en materias estratégicas, lo cierto es que en México el desarrollo integral de un sistema de inteligencia presenta múltiples áreas de oportunidad.
Durante mucho tiempo, la dimensión externa de nuestros servicios de inteligencia dependió de la actividad e insumos proporcionados por otros Estados, mientras que las acciones implementadas a nivel interno se centraron más en el espionaje con fines políticos e ideológicos, siendo el uso de la fuerza y otras prácticas contrarias a los derechos humanos las vías recurrentes para la obtención de información.
Desde la creación de la llamada “Sección Primera” de la Secretaría de Gobernación, en 1918 por Venustiano Carranza, hasta el actual Centro Nacional de Inteligencia, en el país se ha buscado concretar una organización institucional y operativa que permita actuar de manera eficiente y oportuna para proteger los intereses nacionales, en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
En este sentido, para responder al cambiante contexto social, nacional e internacional que atravesamos, así como a los desafíos cibernéticos, tecnológicos, económicos, financieros y medio ambientales es esencial someter todo el aparato de inteligencia nacional a un exhaustivo proceso de revisión.
Un aspecto clave es la imperiosa necesidad de que México establezca una estructura legal sólida que integre a los organismos que producen información e inteligencia en un Sistema Nacional de Inteligencia que bajo una visión integral genere una estructura estable y confiable, que cubra desde los aspectos doctrinarios y las bases jurídicas de organización, hasta los aspectos operativos y procedimentales de campo, en un marco de respeto a la ley, rendición de cuentas y vigencia de derechos humanos.
La experiencia internacional nos indica que los procesos democráticos de reforma del sector de seguridad y defensa, que en muchos países han optado por replantear sus mecanismos de Inteligencia, a efecto de transformarlos en verdaderas comunidades y sistemas que tengan capacidades y recursos necesarios y adecuados para adaptarse y hacer frente a las amenazas y riesgos que enfrentan la seguridad de los Estados y sus sociedades, en un entorno volátil e inestable como el que se está manifestando en distintas partes del mundo.
La idea es integrar funcionalmente todas las actividades involucradas en el ciclo de inteligencia respecto a los riesgos y amenazas que afecten a la seguridad nacional en el ámbito de la defensa exterior y seguridad interior, detectando debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo de México, superando las visiones reactivas o de operación inmediata para privilegiar la prevención y el desarrollo de capacidades que inhiban que riesgos potenciales se actualicen.
Si bien es válido considerar las experiencias de otros países en este ámbito, resulta indispensable que el modelo adoptado para México se fundamente en sus condiciones y características específicas. El sistema de inteligencia debe operar de acuerdo con los intereses, objetivos, recursos y capacidades disponibles en nuestro país, considerando tanto los riesgos potenciales como reales, las amenazas y los elementos de su agenda de seguridad.
Sería conveniente retomar los proyectos existentes para formular una Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Estos proyectos, una vez revisados y fortalecidos, podrían ser la herramienta necesaria para llevar a cabo la modernización de los servicios de inteligencia en nuestro país.
La actual Ley de Seguridad Nacional ofrece un marco jurídico limitado para el desarrollo de las actividades de Inteligencia y propicia una aislada actuación de los distintos órganos encargados de ellas, facilitando que se disperse la información y que los esfuerzos no cuenten con articulación deseable, lo cual conlleva a que la información e inteligencia que se genera no sean cabalmente aprovechados.
Las actividades de inteligencia, así como las organizaciones encargadas de llevarlas a cabo deben quedar reguladas y estar sujetas a los controles propios de una institucionalidad democrática como es la supervisión de los mismos por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, lo cual es pertinente y justificado si consideramos a la Inteligencia, como una función del Estado.
La visión moderna que tendría que sustentar este replanteamiento de la Inteligencia tendría que atender un enfoque integral de las áreas de seguridad nacional, defensa exterior, seguridad interior y seguridad pública, pero también propiciar el desarrollo y generación en la materia de los ámbitos económicos, científicos, tecnológicos, industriales, culturales y medio ambientales, en beneficio y protección de los intereses del Estado Mexicano y su sociedad.
Los riesgos y amenazas que los países y poblaciones enfrentan están evolucionando constantemente, por lo que la actuación de los Estados y sus autoridades deben reconocer tal dinámica y preveer mecanismos de prevención, adaptación y respuesta frente a ello.
El auge en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha generado que los ámbitos de actuación que debe contemplar el Estado en su actividad estratégica comprendan no sólo entornos físicos, sino también virtuales, siendo la ciberseguridad una rama que demanda una actuación prioritaria, en tanto que la misma depende buena parte de la actividad cotidiana de las personas y del propio Estado.
Las agendas nacionales en materia de Inteligencia, así como las políticas y acciones que con base en ellas se emprendan, deben reconocer estas circunstancias y actuar de manera responsable y decidida frente a ello.
Otro aspecto a considerar en el momento de formular una legislación específica es garantizar que se cuente con los recursos necesarios para la implementación y operación de los organismos e instituciones que tengan a su cargo estas tareas, para la formación profesional de quienes formen parte de ellos, así como para la supervisión de su desempeño, lo cual comprende el resguardo y manejo de los productos que generen, así como el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la Inteligencia y de la Seguridad en nuestro país.
Las y los mexicanos debemos conocer e interiorizarnos en la relevancia que tiene el desarrollo de las tareas de Inteligencia, abandonar la concepción respecto a que la misma se limita al espionaje de personas, y comenzar a considerar este ámbito como un área de actuación estatal, que nos beneficia e interesa como país y sociedad y, en razón de ello, demanda mayor compromiso y responsabilidad.
La Inteligencia en México requiere de sigilo y discreción, pero no debe confundirse con oscuridad y anonimato. Es fundamental establecer un marco legal claro que defina el mandato y las funciones, la administración interna, el control, la cooperación internacional, la supervisión parlamentaria, el control ejecutivo y todos los aspectos relacionados con el reclutamiento, profesionalización y la operación del personal para garantizar un Sistema integral.
La eficiencia en los servicios de inteligencia no debe ser sinónimo de impunidad y opacidad. La actividad de Inteligencia, como una función del Estado, debe ejercerse conforme a la legalidad y respetando los derechos de las personas.
México requiere dejar de tener una actitud de carácter eminentemente reactivo ante riesgos y amenazas en materia de seguridad nacional para asumir con mayor fuerza un enfoque preventivo, que nos permita preveer y contemplar escenarios de conflicto futuro en áreas de interés Estatal, fortalecer nuestras prioridades y objetivos estratégicos evitando que surjan conflictos en los mismos, todo ello con transparencia, responsabilidad, institucionalidad y respeto a los derechos humanos.
La actual coyuntura nos abre la posibilidad de que con una perspectiva realista y proyección a largo plazo se sienten las bases de un moderno sistema de Inteligencia para los próximos años.
Aspecto clave
México necesita una estructura legal sólida que integre a organismos que producen información e inteligencia.
visión de inteligencia
La Ley de Seguridad Nacional es limitada para el desarrollo de las actividades de inteligencia. La visión moderna tendría que atender un enfoque integral de las áreas de seguridad nacional.
LO QUE MÉXICO NECESITA
Garantizar que en México se cuente con recursos necesarios para la implementación y operación de los organismos e instituciones que tengan a su cargo tareas de inteligencia.