Las partes tienen la carga de presentar con su demanda o contestación a ella, respectivamente, los documentos en que funden sus pretensiones,
La legislación mercantil expresamente excluye la procedencia de recurso alguno contra la resolución que decida sobre el recurso de revocación.
Hasta ahora, la Constitución otorga a la Corte la autoridad para determinar qué actos legislativos son válidos y cuáles la transgreden.
Esta transformación respondió a la necesidad de modernizar el sistema judicial y garantizar que su funcionamiento se lleve a cabo con mayor eficiencia, transparencia e independencia.
Los fraudes Ponzi en México son más que delitos económicos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, ha impulsado un ejercicio que honra la labor jurisdiccional.
La pretendida “visión chusca” sobre un símbolo de autoridad y de espiritualidad de los pueblos originarios es, por lo menos, petulante en el contexto de este país con magnífica diversidad cultural.
La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas, se requiere la intervención de la autoridad judicial.
El artículo 1039 del Código de Comercio dispone que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.
Integrar ambos enfoques no sólo permite combatir estructuras de discriminación, sino también sanar los efectos psicoemocionales que los procesos judiciales suelen generar.