Suprema Corte protege los derechos de las personas con discapacidad psicosocial
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, al considerar que afectaban directamente los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
Con esta decisión, el máximo tribunal reforzó la obligación de que este grupo poblacional sea consultado en cualquier norma que impacte su vida cotidiana. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
La consulta debe ser previa, libre e informada
Durante la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023, la mayoría del Pleno sostuvo que las disposiciones en materia de salud mental “sí impactaban la vida de las personas con discapacidad psicosocial y, por lo tanto, debían ser consultadas de forma previa, libre e informada”.
Este criterio se alinea con estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Congreso local tiene un plazo de 12 meses
La SCJN también determinó que el Congreso de Chihuahua deberá llevar a cabo una consulta específica a este grupo poblacional en un plazo de 12 meses.
El objetivo de esta medida es garantizar que cualquier regulación futura en salud mental sea elaborada con la participación directa de quienes se ven más afectados por ella.
La resolución establece que “se refuerza el derecho a la participación de grupos históricamente excluidos de la participación política”, reconociendo el papel central de las personas con discapacidad en la toma de decisiones legislativas.
Con este fallo, la Corte envía un mensaje claro: las leyes que afectan a sectores vulnerables no pueden dictarse sin escucharlos primero. La decisión protege la dignidad, la autonomía y la igualdad de las personas con discapacidad psicosocial, al tiempo que obliga a las legislaturas a abrir espacios reales de consulta.
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