Sentencia clave: ¿cómo protege la justicia federal a los niños con discapacidad?
La justicia federal volvió a marcar un precedente en materia de inclusión escolar. En un caso que involucró a un niño con discapacidad psicosocial (autismo), un órgano jurisdiccional concedió el amparo y dejó claro que el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad no es opcional ni condicionado: debe garantizarse sin discriminación y con apoyos reales.
La resolución, difundida como Sentencia Relevante por el Consejo de la Judicatura Federal, establece que cuando existen actos que buscan excluir, marginar o expulsar a un menor con discapacidad, las autoridades escolares están obligadas a actuar bajo un estándar reforzado de protección. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
Protección reforzada contra la discriminación
El caso surgió luego de que autoridades escolares incurrieran en conductas que pretendían expulsar al menor, lo que le generó afectaciones psicológicas. Sus padres promovieron un juicio de amparo por la vulneración de sus derechos fundamentales.
Al analizar el asunto, el juzgado reiteró que “la educación debe garantizarse sin discriminación y en igualdad de oportunidades”, principio que aplica tanto a instituciones públicas como privadas.
La sentencia subraya que los centros educativos no pueden adoptar decisiones que, en los hechos, impliquen excluir a estudiantes con discapacidad por falta de ajustes o apoyos adecuados. Por el contrario, están obligados a implementar medidas que aseguren su integración y permanencia.
¿Qué ordenó la justicia federal?
Como medida de restitución, el órgano jurisdiccional concedió el amparo y ordenó acciones concretas para proteger al menor.
Entre ellas, dispuso “asignar personal capacitado para su atención, asegurando su permanencia e inclusión en la escuela”, lo que implica adoptar apoyos efectivos y no meramente formales.
La resolución reafirma que el derecho a la educación inclusiva no solo protege el acceso a la escuela, sino también el trato digno, la permanencia y la eliminación de barreras que puedan generar discriminación.
En otras palabras, la justicia federal dejó claro que ningún niño puede ser desplazado del sistema educativo por razón de su discapacidad, y que las instituciones tienen el deber jurídico de adaptar sus condiciones para garantizar una educación en igualdad.
