Senado aprobó reforma de control militar de la Guardia Nacional, ¿qué sigue ahora?
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Con 71 votos a favor, el Senado de la República aprobó este lunes 30 de junio la nueva Ley de la Guardia Nacional, que establece su adscripción definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La reforma elimina el carácter civil con el que originalmente fue concebida la corporación y consolida su operación bajo el mando militar, tanto en lo administrativo como en lo operativo. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Una Guardia Nacional con nuevas facultades de inteligencia y vigilancia
Tras la aprobación de la iniciativa, el dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Con ello, se materializa uno de los cambios más significativos en materia de seguridad pública en los últimos años.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la ampliación de las facultades de la Guardia Nacional. El nuevo marco legal autoriza a la corporación a llevar a cabo tareas de inteligencia, espionaje, operaciones encubiertas y análisis de datos para la prevención del delito. También se le permitirá acceder en tiempo real a bases de datos del sector público y privado, incluidas telecomunicaciones y registros financieros.
Estas atribuciones, anteriormente reservadas a órganos especializados como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han generado preocupación entre organizaciones civiles por los riesgos que representan para la privacidad de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, sus impulsores sostienen que se trata de medidas necesarias para hacer frente a los retos actuales en materia de seguridad nacional.
Polémica por la participación política de militares
Otro cambio relevante contenido en la nueva legislación es la posibilidad de que integrantes activos de la Guardia Nacional, ahora incorporados formalmente al Ejército, puedan asumir cargos administrativos o incluso de elección popular. Esto podrá realizarse mediante una “licencia especial” que les permita suspender temporalmente su servicio activo para ocupar funciones públicas.
Para los críticos, esta medida representa una puerta abierta a la politización de las fuerzas armadas, lo que rompe con el principio histórico de neutralidad militar. Por el contrario, legisladores oficialistas han defendido que se trata de un reconocimiento a la preparación y compromiso de los elementos castrenses, y que el otorgamiento de licencias mantendrá un control institucional adecuado.
Posturas enfrentadas en el Congreso
Durante la sesión, la senadora morenista Simey Olvera, encargada de presentar el dictamen, afirmó que la reforma “fortalece a la Guardia Nacional y la dota de un marco jurídico y de organización certero como institución en las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional”. Aseguró además que se respetarán los derechos laborales y se reforzarán los valores y disciplina dentro del cuerpo.
En contraste, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como una traición al carácter civil del Estado mexicano. “Esta reforma lo que está haciendo es declararle la muerte al Estado civil mexicano… atenta directamente contra la Constitución”, declaró. Su postura fue respaldada por senadores del PAN y del PRD, quienes señalaron que la medida vulnera el equilibrio de poderes y los principios democráticos.
Ante las críticas por el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Guardia Nacional seguirá operando con apego a los derechos humanos. “Nunca daré una orden que vulnere la Constitución o los derechos humanos”, dijo durante un acto oficial, al reiterar su respaldo a la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Sheinbaum sostuvo que el nuevo marco legal permitirá profesionalizar a la Guardia Nacional y garantizar mayor eficiencia en el combate a la delincuencia. También rechazó que la reforma implique una militarización del país, y argumentó que la coordinación con la Sedena responde a una necesidad de fortalecer el orden y la seguridad.
Lo que sigue: promulgación y adecuación legal
Tras la aprobación en el Senado, el Ejecutivo federal deberá promulgar la reforma y publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, el Congreso contará con un plazo de entre 60 y 180 días para armonizar las leyes secundarias correspondientes, como la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional.
En tanto, se espera que el debate en torno al rol de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país continúe en distintos espacios. Organizaciones sociales, académicos y organismos internacionales han anticipado que vigilarán de cerca la implementación de la reforma para evaluar su impacto en el respeto a los derechos y el equilibrio institucional.
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