“Seguridad jurídica ante sanciones financieras: postura del notariado mexicano”
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Por: Ricardo Vargas Navarro
El Notariado Nacional Mexicano, manifestó preocupación ante la posibilidad de que la intervención gerencial de CIBanco e Intercam implicara la revocación automática de los poderes notariales y designaciones fiduciarias previamente otorgadas. Esto generó incertidumbre sobre la validez de actos jurídicos en curso o por celebrarse, afectando la operatividad legal de múltiples operaciones fiduciarias, bancarias y mercantiles en todo el país.
El notariado es garante de la legalidad y certeza jurídica en los actos que formaliza. Por ello y en términos de lo que establece la legislación el Colegio Nacional del Notariado Mexicano recomendó actuar con prudencia, revisar la validez de las facultades otorgadas y actuar con debida diligencia. Si los poderes o facultades de representantes fueran inválidos, se comprometería la seguridad de contratos, fideicomisos y escrituras públicas. Para la sociedad, esto representa un riesgo en sus inversiones, patrimonio y confianza en el sistema financiero y legal. La certeza jurídica es esencial para la estabilidad institucional y económica.
Derivado de la diferentes opiniones en el foro, es que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano elevó una consulta formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, planteando interrogantes clave sobre la vigencia de los poderes. En respuesta, ambas autoridades confirmaron mediante oficios que los poderes notariales y designaciones fiduciarias no se revocan automáticamente y que su vigencia persiste mientras no exista acto expreso de revocación por el administrador cautelar designado.
La intervención gerencial no anula facultades previamente otorgadas, y los notarios pueden seguir formalizando actos con CIBanco e Intercam bajo criterios de legalidad y diligencia. La lección institucional es clara: frente a eventos de alto impacto, el diálogo técnico-jurídico con autoridades permite preservar la seguridad jurídica, fortalecer la función notarial y evitar parálisis innecesarias en el tráfico legal y económico del país.
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