¿Se pueden prohibir los acuerdos entre competidores? Esto dice la SCJN
¿Qué pasa si dos empresas alcanzan un acuerdo sobre los precios en lugar de competir? Ese tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trataba de un caso relacionado con empresas de gas LP, razón por la que el Pleno analizó las reglas que permiten sancionar estos acuerdos. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué resolvió la Corte en materia de competencia?
Al resolver el amparo en revisión 146/2026, el Pleno validó los artículos 53 y 71 de la Ley Federal de Competencia Económica. Son disposiciones que prohíben las prácticas monopólicas absolutas y permiten ampliar los periodos de investigación.
El caso surgió por sanciones impulsadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en materia de distribución y comercialización de gas LP. Aquí las personas sancionadas recurrieron al amparo para cuestionar las normas y el procedimiento de investigación.
La Corte explicó que prohibir acuerdos para “fijar precios, restringir la oferta o repartirse mercados” son medidas que protegen la libre competencia.
Sin embargo, eso no libera a la autoridad de demostrar lo ocurrido, por lo que se debe “acreditar la conducta, respetar las oportunidades de defensa y justificar sus decisiones”.
¿Los precios máximos impiden sancionar estas prácticas?
Uno de los argumentos del caso fue que los precios máximos establecidos por el Estado impedían justificar las sanciones. Pero la Corte rechazó que esa condición bastara para descartar una práctica monopólica.
Es decir, un límite de precios no deja sin efecto las reglas de competencia. Aun bajo ese esquema, debe examinarse si los competidores realizaron acuerdos prohibidos por la ley.
En otras palabras: un régimen de precios máximos “no elimina la aplicación de las reglas de competencia económica” y tampoco descarta la existencia de estas conductas.
En conclusión: la Corte devolvió el expediente al tribunal especializado que deberá estudiar los argumentos de legalidad pendientes; razón por la que el no sustituye esa revisión de las sanciones impuestas.
