¿Qué tan clara debe ser la ley para sancionar a un servidor público? Esto explica una ministra
¿Hasta dónde debe llegar la precisión de una ley para sancionar a una persona servidora pública? Esa fue una de las preguntas que analizó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La ministra Yasmín Esquivel explicó que una norma no necesita prever cada situación posible para ser válida, siempre que ofrezca reglas claras que permitan conocer qué conductas pueden generar una responsabilidad administrativa. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué tan clara debe ser una ley para imponer una sanción?
Para la ministra Yasmín Esquivel, una norma sancionadora cumple con el principio de seguridad jurídica cuando permite que las personas conozcan, con un grado razonable de certeza, cuáles son las conductas que pueden derivar en una sanción.
Al explicar su postura, señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México define con la precisión necesaria la conducta de abuso de funciones, por lo que brinda certeza jurídica a las personas servidoras públicas respecto de las acciones que pueden dar lugar a una responsabilidad administrativa.
En ese sentido, sostuvo que la disposición no deja en estado de incertidumbre a quienes desempeñan un cargo público, ya que está dirigida a personas que conocen las obligaciones y prohibiciones propias de las funciones que desempeñan.
¿Por qué consideró que la norma sí era válida?
La ministra explicó que el caso surgió porque un servidor público sancionado por abuso de funciones argumentó que la ley no describía con suficiente claridad la conducta sancionable, por lo que consideró que era inconstitucional.
Sin embargo, Yasmín Esquivel sostuvo que la claridad de una ley no depende de enumerar todas las conductas posibles, sino de ofrecer parámetros que permitan identificar razonablemente cuándo una actuación puede constituir una falta administrativa.
Añadió que corresponde a las autoridades analizar las circunstancias particulares y las pruebas de cada procedimiento, ya que es precisamente en ese plano donde puede determinarse si una conducta ocasionó un perjuicio al servicio público.
¿Qué resolvió finalmente la Suprema Corte?
Por unanimidad, el Pleno de la SCJN resolvió el Amparo Directo en Revisión 2755/2024 y concluyó que el tipo administrativo de abuso de funciones previsto en el artículo 57, inciso b), de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México es constitucional.
De acuerdo con la ministra Yasmín Esquivel, esta interpretación permite imponer responsabilidades administrativas con apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica, sin menoscabar los mecanismos para prevenir y sancionar actos contrarios al servicio público.
Con este criterio, la Suprema Corte confirmó que una norma sancionadora debe ser suficientemente clara para brindar certeza jurídica, pero no necesita prever de manera expresa todas las conductas que podrían presentarse en el ejercicio del servicio público.
