¿Qué pasa si las empresas no pagan sus impuestos en México? Esto dice la ley
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No pagar impuestos en México no es un descuido sin consecuencias, sino una falta que puede escalar hasta convertirse en un delito penal.
Las leyes fiscales mexicanas contemplan sanciones severas para las empresas que omiten, falsean o evaden el pago de sus contribuciones, con la posibilidad de enfrentar multas, cierre de operaciones e incluso cárcel. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Cumplir con el fisco no es opcional
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona está obligada a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Esto significa que las empresas —sin importar su tamaño o giro— deben pagar los impuestos que les correspondan, presentar sus declaraciones dentro de los plazos establecidos y acatar las disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF).
“El cumplimiento fiscal es un deber constitucional que garantiza la estabilidad económica del país”, señala el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sus guías informativas.
Multas millonarias, recargos y suspensión de operaciones
Cuando una empresa omite total o parcialmente el pago de impuestos, el SAT puede imponer multas de entre el 55% y el 100% del monto no declarado, además de recargos por cada mes de atraso.
En los casos más graves, la autoridad puede suspender o cancelar los sellos digitales, lo que impide emitir facturas electrónicas (CFDI). Sin estos comprobantes, las empresas no pueden facturar ni operar legalmente.
“La cancelación de sellos digitales es una medida que frena por completo la actividad económica del contribuyente infractor”, advierte el SAT.
¿Qué delitos fiscales pueden llevarte a la cárcel?
Si la omisión de impuestos es dolosa, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación considera la conducta como defraudación fiscal, con penas de tres meses a nueve años de prisión, dependiendo del monto del perjuicio causado al erario.
El texto legal señala:
“Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de contribuciones”.
Cuando los montos exceden los límites establecidos, el delito se clasifica como grave y amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Simulación y facturación falsa, también es delito
El artículo 109 del CFF tipifica la defraudación fiscal equiparada, que abarca prácticas como simular operaciones, deducir gastos inexistentes o usar facturas falsas. Estas conductas conllevan las mismas penas de prisión y multas, además de inhabilitación para participar en licitaciones públicas y cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“El uso de comprobantes fiscales falsos es un fraude al Estado mexicano y una práctica que daña la competencia económica”, advierte la Procuraduría Fiscal de la Federación en sus comunicados.
Más allá del riesgo de sanciones, cumplir con el fisco genera beneficios: ya que permite acceder a estímulos fiscales, devoluciones de IVA y mejor reputación empresarial.
“La legalidad fiscal no es solo un requisito, sino una ventaja competitiva que demuestra transparencia y compromiso”, señaló un experto consultado.
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