¿Qué consecuencias implica mentirle a una autoridad? Esto dice la ley
Mentir puede parecer una salida rápida en un momento de presión, pero esto cabía por completo cuando ocurre frente a una autoridad. En México, faltar a la verdad ante una institución pública no es solo una mala decisión: puede convertirse en un delito.
Ya sea en una declaración ministerial, en una audiencia o durante una investigación administrativa, la ley establece consecuencias claras para quien proporcione información falsa. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué dice exactamente la ley?
El Código Penal Federal tipifica la falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, y establece sanciones que incluyen prisión y multa para quien falte a la verdad cuando esté legalmente obligado a decirla.
El artículo 247 del Código Penal Federal establece que:
“Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.
Esto significa que no solo aplica ante jueces. También puede configurarse el delito cuando se declara falsamente ante ministerios públicos u otras autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones.
La norma protege la correcta administración de justicia y la actuación legal del Estado.
No solo mentir, también ocultar información
La conducta no se limita a inventar hechos. Jurídicamente, “faltar a la verdad” puede implicar:
• Declarar algo falso.
• Negar hechos verdaderos.
• Omitir información relevante cuando existe obligación de decirla.
En procedimientos judiciales, la falsedad puede agravarse si la declaración influye en una sentencia o causa daño a otra persona.
¿Hay agravantes?
Si la falsedad se comete en un proceso penal y afecta directamente la resolución del caso, las consecuencias pueden ser más severas. También si alguien acusa falsamente a otra persona de un delito, podría configurarse otra figura penal distinta, como la denuncia falsa.
El objetivo del legislador es claro: proteger la verdad procesal y evitar que el sistema de justicia se base en engaños.
Además de la prisión y la multa, mentir ante una autoridad puede derivar en:
• Pérdida de credibilidad en procesos legales.
• Responsabilidades civiles si se causó daño.
• Afectaciones procesales que compliquen la situación jurídica del propio declarante.
En conclusión: mentirle a una autoridad en México es una conducta tipificada que puede costar libertad y dinero. El mensaje del Código Penal establece que cuando una autoridad actúa dentro de sus funciones, la obligación es decir la verdad.
