¿Pueden usar tus datos al denunciar violencia de género? Esto dice la iniciativa
Denunciar un acto de violencia implica mucho más que presentar una declaración ante las autoridades. En muchos casos, las víctimas también deben entregar información personal que puede revelar aspectos sensibles de su vida privada.
Ante los riesgos de la situación, en la Cámara de Diputados se propuso modificar la legislación para fortalecer las medidas de confidencialidad y protección de las mujeres que denuncian hechos de violencia. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿En qué consiste la iniciativa?
La diputada Nadia Navarro Acevedo presentó una iniciativa para reformar los artículos 18, 30, 34 Ter y 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales de las víctimas.
La propuesta busca que la falta de protección, confidencialidad, resguardo o uso adecuado de los datos personales y sensibles de las mujeres sea considerada una forma de violencia institucional cuando provoque su exposición o revictimización durante denuncias, investigaciones, procedimientos o cualquier actuación administrativa o jurisdiccional relacionada con hechos de violencia.
Asimismo, plantea incorporar como parte del principio de confidencialidad la obligación de proteger los datos personales y sensibles de mujeres, niñas y adolescentes, evitando cualquier divulgación indebida que pueda ponerlas en riesgo.
De acuerdo con la iniciativa, la filtración o manejo negligente de esta información puede tener consecuencias graves para las víctimas.
“La exposición indebida, filtración o manejo negligente de información puede facilitar la localización por parte del agresor, propiciar actos de intimidación, hostigamiento o violencia adicional, o generar estigmatización social”, señala.
La propuesta también establece que las medidas y órdenes de protección deberán incluir acciones administrativas destinadas a garantizar la confidencialidad de los datos personales y sensibles contenidos en registros, expedientes físicos y sistemas electrónicos.
¿Qué información busca proteger la iniciativa?
La iniciativa legislativa explica que cuando una mujer decide denunciar hechos de violencia suele proporcionar información que forma parte de su esfera más privada, incluyendo datos relacionados con su domicilio, lugar de trabajo, entorno familiar, antecedentes personales, información médica, relaciones afectivas e incluso aspectos de su vida patrimonial.
Por ello, la legisladora sostiene que la protección de datos personales debe ser considerada una herramienta fundamental para prevenir nuevas afectaciones a las víctimas y evitar situaciones que puedan incrementar los riesgos derivados de la violencia denunciada.
La iniciativa destaca que la protección de datos personales no constituye únicamente un mecanismo administrativo para resguardar expedientes, sino un derecho que protege la esfera privada de las personas frente al uso indebido de su información.
Proteger la identidad de las víctimas
La propuesta subraya que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y proteger sus derechos humanos en condiciones de igualdad sustantiva.
“Esta obligación no constituye una declaración programática, sino un mandato jurídico vinculante que impone deberes concretos a todas las autoridades del país”, añade.
En ese sentido, la iniciativa advierte que la atención institucional no debe limitarse a investigar los hechos denunciados o sancionar a los responsables, sino que también debe incluir mecanismos eficaces para resguardar la identidad y la información de las víctimas.
“No basta con evitar agresiones (…) o investigar hechos denunciados; resulta indispensable proteger integralmente la identidad, la información y los datos que, de divulgarse o tratarse de manera inadecuada, puedan incrementar el riesgo, facilitar la localización por parte del agresor o generar nuevas formas de vulnerabilidad”, menciona la propuesta.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
