Proponen castigar a familiares que dispongan del dinero de la Pensión del Bienestar
Miles de personas adultas mayores dependen de la Pensión del Bienestar como único ingreso fijo para cubrir sus gastos básicos. Pero en muchos hogares el apoyo no llega directamente a sus manos.
Ante esta realidad, en el Congreso surgió una propuesta que ha abierto el debate: castigar a familiares que utilicen ese dinero sin el consentimiento del beneficiario. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos.
Buscan sancionar el uso indebido de la Pensión Bienestar
La propuesta plantea establecer sanciones penales para hijas, hijos u otros familiares que retiren, administren o dispongan del dinero de la Pensión del Bienestar sin autorización expresa de la persona adulta mayor beneficiaria.
De acuerdo con el planteamiento, este tipo de conductas dejan a muchas personas sin recursos para atender necesidades básicas como alimentación, medicamentos o atención médica, por lo que se considera necesario un marco legal más estricto.
¿A quiénes se podría castigar?
El proyecto apunta a familiares cercanos, como hijos, nietos u otros parientes que, aprovechándose de la edad, condición física o dependencia de la persona beneficiaria, controlen o utilicen el apoyo económico federal sin su consentimiento.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que esta práctica no siempre encaja con claridad en figuras penales como el abuso de confianza, lo que dificulta sancionar estos casos con la legislación vigente.
¿Qué cambios legales se proponen?
La iniciativa contempla reformas al marco penal y a la legislación en materia de derechos de las personas adultas mayores, con el fin de tipificar de manera específica el uso indebido de recursos provenientes de programas sociales federales.
Entre las sanciones que se plantean se encuentran penas de prisión, multas económicas y la obligación de reparar el daño, aunque el alcance final dependerá del dictamen que se discuta en comisiones y, en su caso, en el Pleno.
Es importante subrayar que la propuesta no ha sido aprobada y actualmente se encuentra en etapa de análisis legislativo. Para convertirse en ley, deberá pasar por el proceso ordinario en el Congreso, incluyendo discusión, posibles modificaciones y votación.
Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que la medida es necesaria para proteger a las personas adultas mayores, y quienes advierten sobre el riesgo de criminalizar conflictos familiares sin atender antes otras vías de protección social.
