En pleno proceso electoral, y a unas cuantas semanas del inicio de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó finalmente su “Plan C”, un conjunto de reformas que plantean cambios mayúsculos desde el sector energético hasta el sistema de pensiones, pasando por el sistema electoral y los poderes judiciales.
Los cambios propuestos para la judicatura —que podríamos llamar “Plan C judicial”— constituyen una de las iniciativas más regresivas en la historia de la democracia mexicana.
Se trata de una iniciativa de reforma constitucional que implicaría, entre otras cosas, una purga de los miembros actuales del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, sumada a la implementación de un sistema de elección directa para prácticamente todas las personas titulares de cargos judiciales.
Según la retórica populista de López Obrador, esta medida busca acercar el poder judicial al pueblo, siguiendo la premisa de que “solo el pueblo puede salvar al pueblo”. Sin embargo, lo que busca, en realidad, es desmantelar buena parte de las garantías que hacen posible la independencia judicial y abrir las puertas para la captura partidista de la judicatura.
Por supuesto, el statu quo no es perfecto. Si pensamos, por ejemplo, en el proceso mediante el cual actualmente se nombra a ministros de la Suprema Corte, veremos muchos pendientes que tenemos. Una lectura apresurada de la Constitución podría sugerir que el método busca lograr un equilibrio entre poderes: el Ejecutivo propone y el Senado elige por mayoría calificada.
Sucede, sin embargo, que el procedimiento en realidad le da un enorme poder al Presidente, quien puede realizar una designación directa, en caso de que el Senado demore más de treinta días o si rechaza una segunda terna. Eso fue, precisamente, lo que sucedió con la designación de la ministra Lenia Batres Guadarrama, primera en la historia, en ser designada por dedazo.
¿Es necesaria una reforma al método de designación de ministras y ministros? Por supuesto.
Necesitamos reglas constitucionales que permitan contar con mejores designaciones.
A la Corte deben llegar juristas de probada competencia técnica e imparcialidad política. No debería, por tanto, haber espacio ni para las cuotas ni para los cuates.
El cambio propuesto por el “Plan C”, sin embargo, apunta en la dirección opuesta. La reforma no solo busca modificar el método de elección, sino también reducir el número de integrantes de la Suprema Corte y la duración de su encargo; desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal, dividir sus funciones y crear un “Tribunal de Disciplina Judicial”, con amplios poderes; limitar los poderes de la Corte, y dictar suspensiones y sentencias con efectos generales. Se trata, para decirlo pronto, de un intento de desmantelar y capturar a la judicatura federal.
Lo anterior es aún más claro si consideramos algunos detalles de la propuesta. A pesar de la intención declarada de López Obrador, de acercar el poder judicial al pueblo, el proceso de elección directa propuesto mantiene un fuerte control partidista.
Sólo podrán ser candidatas y candidatos a cargos judiciales quienes cuenten con la venia del Presidente, el Senado o la propia Suprema Corte. No se trata, por tanto, de abrir las puertas de la judicatura a perfiles ciudadanos, sino de controlar políticamente las elecciones judiciales.
La reforma judicial del “Plan C” ha sido criticada, con toda razón, por su potencial para desfigurar de manera irrevocable la judicatura en México, alineándola con la visión política del actual gobierno.
En caso de ser aprobada, comprometería la función contramayoritaria del poder judicial y su papel como garante de la Constitución. Estaríamos, para decirlo pronto, frente al fin de la independencia judicial en México. Nada más y nada menos.
DATO
LA REFORMA
Según López Obrador “solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
No se trata de abrir las puertas de la judicatura a perfiles ciudadanos, sino de controlar políticamente elecciones judiciales.