PJCDMX garantiza a ciudadano el derecho a la “buena Administración Pública”: ¿en qué consiste?
En un fallo que sienta precedente para la rendición de cuentas en la capital, la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) reconoció el derecho de un ciudadano a la buena administración pública.
Se trata de un caso en el que una dependencia local le negó acceso al expediente de investigación interna derivado de su propia denuncia. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Un derecho que protege frente a la opacidad
De acuerdo con la resolución, la Sala Constitucional determinó que la negativa de la autoridad administrativa vulneró el derecho del ciudadano a una buena administración pública, previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que le impidió conocer el avance y las diligencias de su denuncia.
“De sostenerse como válida la negativa de permitir al denunciante conocer el expediente de investigación interna, se constituiría en un obstáculo para conocer las diligencias de investigación que se hubiesen realizado y, en su caso, las omisiones que se adviertan”, señala la sentencia emitida por el tribunal capitalino.
Este fallo establece que el derecho a la buena administración pública no se limita al acceso a la información pública, sino que también protege a quienes participan directamente en un procedimiento ante una autoridad administrativa.
¿Qué implica el derecho a una buena administración pública?
El artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a una administración pública que actúe con eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Con esta resolución, la Sala Constitucional reafirma que las autoridades no pueden invocar la fase de investigación como excusa para negar la información a quien promovió una denuncia, pues hacerlo anula el derecho del ciudadano a supervisar el desempeño del gobierno.
“Esta restricción operaría tratándose del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública; pero no respecto de quienes tienen una participación activa y derechos procedimentales subjetivos reconocidos en dicho procedimiento”, precisa el fallo.
Un precedente para la transparencia en la capital
El Poder Judicial capitalino enfatizó que la buena administración pública no es una aspiración abstracta, sino una obligación jurídica exigible que forma parte de la protección de los derechos humanos locales.
El reconocimiento de este derecho implica que los ciudadanos pueden exigir una gestión pública transparente, eficiente y libre de discrecionalidad, además de exigir información sobre los procedimientos en los que sean parte interesada.
El fallo también envía un mensaje a las instituciones públicas: las dependencias deberán justificar sus actos y decisiones ante los ciudadanos, quienes ya cuentan con un marco jurídico que respalda su derecho a exigir explicaciones.
La resolución de la Sala Constitucional del PJCDMX fortalece el vínculo entre ciudadanía y justicia, al demostrar que los derechos administrativos también son derechos humanos.
Con ello, el Poder Judicial de la capital abre la puerta a que más personas hagan valer su derecho a una buena administración, entendida como una gestión pública que escucha, responde y rinde cuentas.
En palabras de la propia resolución, este precedente “refuerza la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia local”, consolidando un nuevo estándar de transparencia en el actuar de las autoridades.
