Por Ariadna Camacho Contreras
Desde 2018 México vive una transformación histórica en todos los ámbitos de la vida pública; sin embargo, a pesar de los esfuerzos nuestro país aún enfrenta desigualdades estructurales que laceran nuestra sociedad, tanto en el ámbito económico, social, político, y cultural, particularmente por lo que hace a las personas que han sido históricamente marginadas, en donde las mujeres hemos tenido que luchar por generaciones en búsqueda de una igualdad sustantiva.
En términos generales, la igualdad es un principio que consiste en brindar a todas las personas las mismas oportunidades de ejercer sus derechos. Este principio, se fundamenta en la idea de que cada persona posee la misma dignidad y merece ser tratada con justicia y respeto en todos los ámbitos de la vida. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4°, que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”, recayendo en el Estado la obligación de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.
En esta tesitura, la igualdad sustantiva debe ser entendida de acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como aquella enfocada en eliminar las barreras y circunstancias que impiden a las personas, especialmente a las mujeres, ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo.
Por lo anterior, se observa un largo camino por recorrer, ya que las mujeres enfrentamos múltiples obstáculos para ejercer nuestros derechos, pues estamos expuestas a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual por el solo hecho de ser mujeres, mismas que han sido originadas principalmente a la luz de una cultura predominantemente “machista”, donde las creencias, valores y conductas posicionan a los hombres por encima de las mujeres, creando roles y estereotipos de género que propician la discriminación.
Las mujeres debemos sortear una serie de barreras e impedimentos que nos permitan acceder a posiciones de liderazgo, tales como la discriminación basada en estereotipos, sesgos inconscientes y microagresiones, la falta de apertura para colaborar por parte de otros líderes, así como las autolimitaciones por falta de autoestima y autoconfianza, según datos del estudio “Mujeres de la Alta Dirección en México 2024” (KPMG).
Muestra de lo anterior, es que han tenido que pasar más 70 años de lucha constante de las mujeres, a partir de que se reconoció por primera vez nuestro derecho al voto, para que podamos ejercer plenamente nuestros derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Hoy somos más las mujeres que conocemos y exigimos nuestros derechos. Hoy vivimos en un Estado en donde nuestra participación en los espacios de representación popular es una realidad y, en donde se ha incorporado la visión y las necesidades de millones de mexicanas en el ejercicio del poder público.
Por primera vez, en el Poder Ejecutivo, contamos con una Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y con un gabinete paritario; en el Poder Legislativo tenemos la voz de 251 Diputadas Federales y 64 Senadoras de la República; y en el Poder Judicial tenemos a la Primera Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, este escenario, aún no se refleja en la estructura orgánica de mayor jerarquía de los aludidos poderes federales, y tampoco está presente a nivel Estatal y Municipal.
Ejemplo de lo anterior, es que de acuerdo con información del Censo Nacional de Impartición de Justicia el PJF 2024, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación, contó con 54,780 personas servidoras públicas, y de estas 27,367 eran mujeres, los cargos de mayor jerarquía en su mayoría son ocupados por hombres, en consonancia, del total de 852 magistraturas federales únicamente 199 son ocupadas por mujeres, en tanto que, en lo que respecta a las 757 personas juzgadoras federales, solo 271 son mujeres.
Vivimos en un momento de transformación. Estamos muy próximos a la elección para renovar el Poder Judicial, a través del cual será posible la consecución de la igual sustantiva que mandata nuestra Carta Magna, al interior de este Poder, a través de un ejercicio democrático inédito, que legitimará el ejercicio Poder Público en el ámbito Judicial, pues debe tenerse presente que todo poder público deviene del pueblo y es para el pueblo.
Una representación diversa en el ejercicio del poder, permitirá colocar a las mujeres en el centro del desarrollo nacional, como titulares de derechos y agentes clave del progreso, asegurando que las estrategias y políticas públicas reflejen sus necesidades y contribuyan a su bienestar y autonomía. Es tiempo de mujeres.