Los hechos que recientemente ocurrieron en Guerrero, en los que una niña fue secuestrada y privada de la vida, y más tarde, varias personas fueron linchadas en respuesta, vuelven a encender una luz de alerta sobre uno de los aspectos más complicados de esta problemática nacional: la seguridad de las personas, así como la procuración e impartición de justicia.
Más allá de la evidente gravedad del secuestro y homicidio de la niña, el que un ilícito de tal magnitud no haya podido ser objeto de una respuesta oportuna por parte de las instituciones del Estado y que, con ello, se hubiese propiciado un ejercicio colectivo de violencia al margen de la ley para castigar a los presuntos responsables, es algo que no puede pasar desapercibido o minimizarse.
Sobre todo, en un periodo donde la sociedad mexicana está debatiendo el rumbo que tomará el país en los próximos años, con los procesos electorales que inician.
Un linchamiento no puede ser visto como un acto de justicia, ya que, niega todo valor a las leyes e instituciones, dejando de lado el reconocimiento y respeto de la propia dignidad humana.
Actos de esta naturaleza, lejos de estar vinculados a la impartición de justicia, son más cercanos a un ejer- cicio de venganza, mediante el uso desmedido de la fuerza por encima de la ley.
En un marco institucional y de de- recho, donde está prohibida la pena de muerte como castigo, el uso legítimo de la fuerza es monopolio del Estado y queda sujeto a criterios de necesi- dad, proporcionalidad y oportunidad. Su objetivo básico es controlar una amenaza o riesgo presente: no privar de la vida a las personas.
En prácticas como éstas, cuando la violencia y el uso de la fuerza se desencadenan, no hay consideración alguna sobre los efectos que se cau- cen a la integridad física o vida de la personas, ya que es precisamente en esos daños o afectaciones, es decir en el castigo físico, que radica la supuesta justicia que se pretende ejercer con tales conductas.
La falta de confianza de las personas en las autoridades, las deficiencias y fallas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, la prevalencia de la impunidad, así como el hartazgo ante la inseguridad que se vive de manera cotidiana en varias regiones del país, configuran un entorno idóneo para que las personas dejen de lado la ley y, en la pretendida defensa de sus intereses, ejerzan violencia en contra de quienes suponen que los agreden o vulneran sus derechos e intereses.
Según la encuesta Latinobarómetro 2023, cerca de 56% de las personas en México estaría de acuerdo con que un gobierno no democrático llegara al poder si resolviera los grandes problemas nacionales, de los cuales, la inseguridad y la violencia, ocupan un sitio preponderante.
Si atendemos los resultados del cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres en México, consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Existen lugares como Fresnillo o Naucalpan de Juárez, donde la percepción de inseguridad promedio de sus habitantes fue superior a 90%, cifras que por sí mismas indican la seriedad de estos temas en el día a día.
Los problemas en la procuración e impartición de justicia no son nuevos. México los ha padecido desde hace años, sin que hasta ahora se haya encontrado la forma adecuada de solucionarlos, pese al considerable volúmen de recursos que se ha destinado desde los tres niveles de gobierno.
Resulta paradójico, pues buena parte de esa falta de respuesta no depende de los recursos que se asignen o de las reformas legales que se realicen. Lo importante es que todas las autoridades y la sociedad asuman un compromiso integral y efectivo con la legalidad.Con el hecho de que las leyes se conozcan, respeten, cumplan y apliquen, no dando cabida a la corrupción y previniendo la impunidad. La procuración e impartición de justicia lleva implícita la garantía misma de los derechos humanos. Es decir, la posibilidad de que los mismos sean exigibles; de que los abusos de poder y los delitos se persigan, investiguen y sancionen en el marco de la ley y, en consecuencia, que la integridad, vida y patrimonio de las personas cuenten con protección.
Es preciso que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad para todas las personas, siendo importante recordar que el mismo no se agota ni cumple con el hecho de que se tenga acceso a la institución o instancia que sea competente.
También se requiere que quienes forman parte de ellas actúen de manera profesional, objetiva e imparcial al resolver los casos que se hagan de su conocimiento. El punto no es sólo que exista alguien que pueda impartir justicia, sino que efectivamente lo haga.
La paz y las certezas que la sociedad reclama no se podrán obtener con prácticas que, por sí mismas, implican la violación de la ley y la negación de los derechos de las personas, como son los linchamientos y otras con- ductas que implican negar valor a las leyes, así como desconocer el papel de las instituciones y autoridades. De la seriedad y sensibilidad que las autoridades tengan para plantearse, como meta, que México se reencuentre con la legalidad, dependerá que hechos como los sucedidos en el Estado de Guerrero queden en el pasado.