Ley para sancionar el reclutamiento forzado: ¿en qué consiste y qué falta para su aprobación?
Invitar o incorporar a una persona a un grupo delictivo es la conducta que busca castigar una reforma aprobada por la Cámara de Diputados. La propuesta contempla penas de prisión y una protección específica para niñas, niños y adolescentes, incluso cuando exista un aparente consentimiento.
La iniciativa ya recibió el respaldo de las diputadas y los diputados, ¿qué sigue ahora? Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿De qué trata la reforma sobre reclutamiento?
El diputado Ricardo Monreal explicó que la reforma busca incorporar el reclutamiento como un delito autónomo en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
En palabras más sencillas: se propone castigar como una conducta delictiva específica a quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para grupos o actividades delictivas y criminales.
El líder político explicó que las penas previstas van de 10 hasta 20 años de prisión por reclutamiento y de 15 a 25 años cuando sea forzado.
Las sanciones también contemplan multas y circunstancias que agravan el delito, con penas de prisión que podrían alcanzar 37 años y medio, añadió el legislador.
¿Cómo se protegería a niñas, niños y adolescentes?
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que todo reclutamiento de una persona menor de edad sea considerado forzado, esto sin la necesidad de exigir que se demuestre el uso de violencia o engaño.
“Todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se considera forzado, sin necesidad de acreditar violencia o engaño”, explicó el diputado Monreal.
“Y aunque existe aparente consentimiento, no se justifica”, añadió. Así, que una niña, niño o adolescente parezca haber aceptado incorporarse no justificaría su reclutamiento.
Las adecuaciones también contemplan supuestos relacionados con servidores públicos, personal de seguridad y víctimas indígenas, afromexicanas o en movilidad. Para los servidores públicos se prevén, además, medidas de destitución e inhabilitación.
¿Ya es oficial?
La Cámara de Diputados ya respaldó esa iniciativa, pero el proceso legislativo todavía no concluye. Monreal informó que el proyecto pasaría al Senado para su revisión correspondiente.
La Cámara Alta deberá examinar el texto aprobado por los diputados y determinar si lo respalda o introduce modificaciones.
El siguiente paso será conocer la decisión del Senado sobre el proyecto, que busca sancionar el reclutamiento para actividades criminales y reconocer como forzado, en todos los casos, el de niñas, niños y adolescentes.
