Ley Federal de Seguridad Privada, ¿para cuándo?
Por Armando Zúñiga Salinas
Los primeros indicios de la seguridad privada en México datan de inicios de los años 70, con pocas empresas en el ramo. Según el estudio “La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva”, realizado por el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay líneas claras entre lo que es la seguridad pública y la privada y lo que representa cada una y sus funciones.
“Delimitar las fronteras entre seguridad pública y privada es un trabajo complejo por la porosidad y traslape de funciones entre ambas. Empero, se pueden señalar puntos de análisis. Por ejemplo, el ámbito de acción, público o privado donde las funciones para la seguridad pública son amplias, principalmente de acción reactiva; mientras que para la seguridad privada son limitadas, y de acción preventiva; los sujetos son funcionarios, para el caso público y ciudadanos, para el caso privado”, indica el estudio.
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Añade que la seguridad pública reporta, por decirlo de alguna forma, al Poder Ejecutivo, mientras que la seguridad privada lo hace con la empresa, en tanto, la primera existe gracias al pago de impuestos de los ciudadanos y la segunda, con el cobro a los clientes.
Sin embargo y a pesar de la importancia que tiene esta industria en la economía del país al generar el 1.8% del PIB Nacional, hace falta una Ley que la coloque en su justo nivel y que permita que empresas, trabajadores.
Pero falta poner en claro las reglas y posibilidades que tiene la coadyuvancia de la seguridad privada, sus alcances, límites y formas de actuar, porque en la actualidad cada entidad tiene su reglamento, por lo que lo que se permite en un estado, en otro es diferente.
No estamos en blanco, pero falta cerrar el candado para que todos los actores tengan certeza de los límites que tienen, pero si cabe la pregunta: ¿para cuándo la Ley Federal de Seguridad Privada?
En mayo de 2021 la entonces legislatura aprobó y fue publicada la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Privada, que estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses, para que la Federación y las Entidades Federativas contaran con una articulación y coordinación eficiente con el sector en todo el territorio Nacional.
La obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumplió el noviembre del año pasado, por lo que desde ASUME valoramos la sensibilidad de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez para darle cause y celeridad a la Ley, según lo expresado ayer, y con ello hacer compatible las necesidades del sector de la seguridad privada, con la estrategia de seguridad ciudadana nacional, en un ánimo colaborativo que nos permita avanzar decididamente en la disminución de índices delictivos así como en la construcción de una cultura de la paz y legalidad para México.
La obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se cumplió, por lo que desde ASUME valoramos la sensibilidad de las autoridades encabezadas por el titular del ramo Omar García Harfuch para darle cause y celeridad a la Ley, en trabajo conjunto con las empresas y, claro, los legisladores.
Con su publicación, no tenemos duda, se logrará hacer compatibles las necesidades del sector de la seguridad privada con la estrategia de seguridad ciudadana nacional, en un ánimo colaborativo que nos permita avanzar decididamente en la disminución de índices delictivos, así como en la construcción de una cultura de paz y legalidad en México.
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Estamos seguros que la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada permitirá poner orden a nivel nacional, tener mayor coordinación con nuestras instituciones de seguridad y, a quienes participamos desde el Sector Privado, la oportunidad de poder coadyuvar de una manera más clara y oportuna en la pacificación de nuestro país.
Desde hace tiempo, desde ASUME hemos sostenido conversaciones con la mayoría de los Congresos de los Estados, cuyos integrantes se encuentran en toda la disposición para implantar esta Ley con carácter Nacional, la cual también dará certidumbre y reivindicará a más de 800 mil personas que laboran en el sector y a sus familias.