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Ley Bache: ¿en qué consiste la iniciativa y a quiénes podría beneficiar? 

Los baches se multiplican más rápido que los presupuestos para arreglarlos, ¿no te parece? 

Ante ello surge la Ley Bache, se trata de una propuesta legislativa que pretende agilizar la reparación de calles y avenidas al autorizar a los municipios a utilizar recursos del Fondo de Infraestructura Social para mantenimiento y no solo para obra nueva. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles. 

¿Qué propone exactamente la Ley Bache?

El impulsor de la propuesta, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, explicó que el objetivo es dar una solución práctica y rápida a uno de los problemas más visibles en las ciudades del país.

“Queremos que los municipios puedan atender los baches y el deterioro urbano con los recursos que ya poseen, sin tener que depender de nuevos presupuestos”, señaló.

De aprobarse, esta iniciativa permitiría a los gobiernos municipales destinar parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reparación de calles, caminos o espacios afectados por lluvias u otros fenómenos naturales.

Actualmente, los recursos del FAIS están enfocados principalmente en construcción de obra nueva, lo que limita su uso para mantenimiento urbano. La Ley Bache propone flexibilizar ese esquema para que los municipios puedan actuar de manera más inmediata frente a daños viales o infraestructura deteriorada.

De acuerdo con Gutiérrez Luna, “la infraestructura social no solo debe construirse, también debe mantenerse”, por lo que su propuesta busca dar herramientas legales y presupuestales a los ayuntamientos para resolver los problemas que afectan directamente la movilidad y seguridad de la población.

Además, la iniciativa contempla mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y establecer criterios claros sobre qué tipo de daños pueden atenderse bajo este esquema. Con ello, los municipios no tendrían que esperar la autorización de nuevas obras ni desviar fondos de otros proyectos prioritarios.

¿A quiénes beneficiaría esta reforma?

La propuesta legislativa beneficiaría principalmente a los municipios con rezagos en infraestructura vial y a los habitantes que padecen las consecuencias de calles llenas de baches, como daños a vehículos, accidentes o reducción de la movilidad.

También tendría impacto positivo en las finanzas públicas, al optimizar los recursos ya existentes, en lugar de crear nuevos fondos. “La idea es que cada peso rinda más y se refleje en la vida cotidiana de la gente”, afirmó el legislador.

Con ello, los gobiernos locales podrían responder de manera más rápida y eficiente ante el deterioro urbano, sobre todo en zonas donde las lluvias o hundimientos son recurrentes.

Pero será necesario definir con claridad qué se considera “deterioro urbano” o “daño por fenómeno climático”, para evitar interpretaciones amplias que puedan desvirtuar el objetivo del programa.

En caso de que la iniciativa de Ley Bache sea aprobada y aplicada con transparencia, podría convertirse en una herramienta útil para mejorar las calles del país y aliviar una de las principales quejas ciudadanas: los baches que parecen no tener fin.

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