‘Las libertades de ciudadanas y ciudadanos deben ser fortalecidas’: Ernestina Godoy
Durante su gestión como fiscal general de la Ciudad de México, se volvió una prioridad la atención a víctimas, el acercamiento con la ciudadanía y la eficiencia en la recepción de denuncias
¿Cuáles fueron sus mayores retos y logros como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México?
En 2018, la Ciudad de México enfrentó un año con el mayor número de delitos en su historia. Existían autoridades que negaban la existencia de fenómenos criminales y, en razón de ello, con frecuencia se omitía investigar a profundidad algunos casos, llegando, incluso, al extremo de reclasificar los delitos graves para mantener las estadísticas en niveles favorables. Esas conductas, lejos de brindar mayor seguridad y justicia a las personas propiciaban mayor impunidad y que las víctimas fueran dejadas de lado.
La creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México representó una oportunidad única para atender esa problemática: replantear los objetivos y dinámicas operativas de la institución; y construir una instancia que estuviera al servicio de la justicia, centrada en las víctimas, con una perspectiva de derechos humanos, que permitiera atender las cuestiones de género y otras condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación y de manera incluyente. La atención a las víctimas y la eficiencia en la recepción de denuncias se volvieron prioridades.
Logramos investigar con profesionalismo y rigor científico, respetando los derechos humanos y combatiendo todas las expresiones criminales con inteligencia y firmeza, acercando la justicia a la gente.
Nos convertimos en la única Fiscalía en el país con un Plan de Política Criminal que sirviera de guía para orientar los esfuerzos y recursos institucionales, a efecto de obtener mejores resultados en materia de procuración de justicia.
Establecimos un Programa de Persecución Penal, con indicadores de medición, con el propósito de que nuestra actividad pudiera ser evaluada, transparentando nuestra gestión. Tomamos como base la dinámica delictiva de la ciudad.
Diseñamos e implementamos un nuevo andamiaje institucional, estableciendo investigaciones por fenómeno criminal, lo que llevó, entre otras cosas, a la creación de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, así como de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, con personal altamente capacitado y certificado en estos delitos específicos.
Como lo he señalado, pusimos a la víctima en el centro del quehacer institucional, buscando priorizar la cercanía con las mismas y fortalecer la confianza de la sociedad en nuestras tareas. Para ello, fortalecimos los canales de comunicación y acercamos la Fiscalía a la ciudadanía con programas como La Fiscal te Atiende en tu Alcaldía, donde acudía personalmente, junto con otras autoridades, para escuchar de viva voz a la gente y dar atención inmediata a sus demandas.
En este sentido, probablemente la más profunda transformación fue en materia de atención a víctimas de género, ámbito en el que realizamos importantes acciones como la aplicación del Tamizaje de Riesgo para Medidas de Protección y la creación de la Fiscalía de Feminicidios, entre otras acciones importantes.
Otro aspecto que cuidamos y fortalecimos fueron los recursos humanos de la institución, con la creación de la Fiscalía General, en la que incorporamos a más de 8 mil 500 servidores públicos en el Servicio Profesional de Carrera, además de que se impartieron más de un millón de horas de capacitación para nuestro personal. Mejoramos el modelo de investigación a efecto de reducir la impunidad, para lo cual incorporamos mil nuevos policías de investigación, ministerios públicos y peritos especializados, utilizando tecnología de punta y creando Unidades de Investigación de Contexto.
Desde el Gabinete para la Seguridad y Construcción de la Paz, coordinamos esfuerzos contra los delitos de alto impacto, demostrando que los buenos resultados en política criminal no dependen de una sola institución, sino de una colaboración integral. Para combatir la corrupción interna y las malas prácticas, establecimos reglas claras para sancionar al personal ministerial y pericial, publicando los Reglamentos del Régimen Disciplinario y del Servicio Profesional de Carrera, y creando el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación, acciones que aseguran un entorno de transparencia y responsabilidad dentro de la institución.
“Los derechos y libertades de todos los ciudadanos deben ser respetados y fortalecidos, por lo que es crucial fomentar una compresión amplia y profunda de las leyes”.
-Ernestina Godoy
- ¿Cuáles son los principales desafíos que anticipa en su nueva posición como consejera jurídica?
El primer desafío es cumplir con la enorme responsabilidad que implica cumplir a cabalidad el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, respondiendo a la confianza que la Presidenta electa ha depositado en mí.
Implica revisar y dar visto bueno a todos los documentos que firme, garantizando su legalidad y adecuación a las políticas del gobierno, en particular, lo que hace a los proyectos legislativos y disposiciones normativas que presente o se pongan a su consideración.
La continuidad de la transformación social que inició este sexenio requerirá una presidencia dinámica y activa, cuyas actividades cuenten con un sólido sustento jurídico que fortalezca el Estado de Derecho y promueva una adecuada cultura de la legalidad en toda la administración pública federal y en la sociedad mexicana en su conjunto.
Los derechos y libertades de todos los ciudadanos deben ser respetados y fortalecidos, por lo que es crucial fomentar una comprensión amplia y profunda de las leyes y regulaciones en todos los niveles de gobierno y entre las personas.
Contribuiré mediante la emisión de criterios claros y consistentes para la interpretación y aplicación de las leyes. Trabajaré para asegurar que todas las decisiones y políticas se alineen con los principios del Estado de Derecho, promoviendo la justicia, la equidad y la transparencia en todas nuestras acciones.
Considero prioritario fomentar una estrecha coordinación con todas las áreas jurídicas de la Administración Pública Federal, integrando un grupo jurídico altamente capaz de enfrentar los desafíos legales con eficacia y celeridad.
Esta coordinación es vital para asegurar que las decisiones del Ejecutivo tengan un respaldo legal sólido y que se implementen de manera coherente y uniforme en toda la administración.
La creación de indicadores claros será un aspecto en el que se pondrá especial cuidado para garantizar, con elementos objetivos, que nuestras acciones tengan un impacto positivo y duradero en la sociedad. Además de fortalecer la asesoría jurídica preventiva para minimizar riesgos legales y asegurar el cumplimiento normativo en todas las acciones del gobierno. Implementaremos sistemas de capacitación continua para el personal jurídico y fomentaremos el uso de tecnologías de información para mejorar la gestión y el análisis de datos legales y la atención de asuntos específicos.
Planteo contribuir al fortalecimiento de una cultura de la legalidad mediante campañas de sensibilización y educación dirigidas a funcionarios públicos y también a la ciudadanía. Destacarán la importancia del respeto a la ley y los beneficios de un Estado de Derecho.
Trabajaremos por la accesibilidad y comprensión del lenguaje jurídico, para que las normas y regulaciones sean entendibles para todos para que exista mayor participación ciudadana y cumplimiento de las leyes.
- ¿Cómo planea abordar los desafíos relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos desde su nuevo cargo?
El respeto, promoción y defensa de los derechos humanos no sólo es una obligación Constitucional, sino un compromiso y prioridad para la Presidencia de la República. En razón de ello, todas las instancias del gobierno federal tendrán que asumir como pauta de actuación el enfoque de derechos humanos, lo cual implica que la perspectiva de género, la interculturalidad e interseccionalidad sean aplicadas como parte de una nueva cultura institucional.
Una forma de contribuir a esta meta es la emisión de criterios claros e integrales para la interpretación y aplicación de cualquier cuestión vinculada con esta materia, a efecto de propiciar que cada política, programa y acción del gobierno respete y promueva los derechos humanos de todas las personas.
Considero relevante trabajar en estrecha colaboración con organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, para escuchar sus propuestas, detectar áreas de oportunidad y fortalecer aspectos como la capacitación continua en materia de derechos humanos y respeto de la legalidad. Todo ello para asegurar que todos los funcionarios públicos comprendan y apliquen estos principios en su trabajo diario y sujeten su desmpeño al estricto cumplimiento de la Ley.
Todas las personas deben tener la certeza de que el Ejecutivo Federal trabaja para fortalecer y propiciar el mayor respeto y vigencia de sus derechos humanos.
Otro aspecto importante que podría abodarse es el establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de los compromisos en la materia, con lo cual se fomentaría adicionalmente la transparencia y rendición de cuentas.
Las personas deben conocer sus derechos y estar al tanto de que los mismos se respeten. Para ello, en coordinación con las demás instancias competentes, buscaremos implementar programas de sensibilización y educación para la ciudadanía sobre sus derechos, facilitando con ello el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para ejercerlos con la mayor plenitud posible.
La Consejería Jurídica de la Presidencia puede ser un eje que sirva para articular las poíticas y acciones que se emprendan desde el Gobierno Federal para la atención de las problemáticas más urgentes que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos, muchas de ellas pasan por la atención a los grupos de personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad. La atención a los pendientes que existen en materia tales como el género; derechos de las niñas, niños y adolescentes; personas en condición de movilidad; personas de edad; o en el ámbito de la diversidad sexual, requieren una acción articulada y definida entre todas las instancias y dependencias federales, si es que buscamos alcanzar resultados que marquen una diferencia cuando concluya la gestión que está por iniciar. Vale la pena y está en el mayor interés de todas las personas que trabajemos por ello.
- ¿Qué lecciones aprendidas como fiscal General considera más valiosas para su nuevo cargo en la Presidencia de la República?
Una de las lecciones más valiosas que me ha dejado mi experiencia profesional, es reconocer la importancia de la coordinación con otras áreas para lograr objetivos comunes. Es decir, de la suma de esfuerzos y capacidades para conseguir esas metas de interés y relevancia general.
Como ya lo he mencionado, en mi nuevo cargo esto se traducirá en trabajar estrechamente con todas las dependencias del gobierno federal para asegurar una implementación efectiva y coherente de las políticas y decisiones jurídicas, así como para el mayor respeto y vigencia de los derechos humanos.
He aprendido que es esencial analizar los contextos antes de tomar decisiones que afectarán la vida de las personas. Esto implica una evaluación cuidadosa de los impactos sociales, económicos y legales de cada acción, alineándose con las directrices de desarrollo con bienestar marcadas por la Presidenta electa. Este enfoque holístico asegurará que nuestras decisiones sean justas y beneficien a la sociedad en su conjunto.
El gobierno federal no debe ser visto como una instancia lejana a las personas o que busque el beneficio e interés de grupos y personas particulares, por el contrario, su objetivo es tener cercanía con toda la sociedad y trabajar para el mayor beneficio de todas las personas, sin distinción alguna. En esa tarea, en el marco de igualdad y derechos que nos dan nuestras leyes, es el piso común a partir del cual podemos trabajar para alcanzar esos objetivos.
Es crucial hacer accesibles las determinaciones jurídicas a toda la población, comunicando claramente los cambios en las normas y nuevas leyes que se propongan. Muchos problemas que, en relación a este punto se han presentado, tienen su origen en la dificultad de transmitir y explicar a la sociedad los alcances y términos reales de las modificaciones jurídicas propuestas.
Es paradójico, pero uno de los enemigos que debemos combatir es la desinformación. Para lograr esto, es indispensable que el lenguaje jurídico sea comprensible para todos, no solo para los abogados. Esto facilitará una mayor participación ciudadana y un entendimiento más amplio de las leyes, fortaleciendo la democracia, prevenir que se desinforme o malinforme a la sociedad sobre los cambios que se proponen. La claridad y la transparencia son elementos estrechamente vinculados a la legalidad. Otro elemento que en mi experiencia ha demostrado ser de gran utilidad, es fomentar una cultura de ética y responsabilidad dentro de las instituciones.
El cumplimiento de los objetivos institucionales debe estar acompañado de un marco que encuadre y oriente la conducta de los servidores públicos, lo cual no sólo facilita el desempeño de quienes laboramos en las instancias públicas, sino que transparenta nuestro desempeño, ayudando a prevenir y combatir prácticas que durante muchos años fueron comunes como la corrupción o la falta de atención a las necesidades de las personas.
Buscaremos establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y sanciones para garantizar que todos los funcionarios actúen con integridad y transparencia, protegiendo la confianza pública en nuestras instituciones.
Soy una persona convencida de que las leyes son el mejor instrumento para orientar nuestra actuación, resolver diferencias y ayudarnos a construir una sociedad justa e incluyente, donde podamos vivir en armonía, sabiendo que nuestros derechos serán respetados y tendrán vigencia.
“Uno de los enemigos a combatir es la desinformación. Es indispensable que el lenguaje jurídico sea comprensible para todos, no solo para los abogados”.
-Ernestina Godoy
LOS ESFUERZOS
-Se creó la Coordinación General de Investigación de Delitos de alto Impacto.
-Se capacitó y certificó a personal para la Coordinación General de Delitos de Género.
-Se priorizó la cercanía y el instituto, con programas como La Fiscal te Atiende en tu Alcaldía.
FORTALEZA
-La creación de la Fiscalía General se robusteció con 8 mil 500 servidores públicos.
-Impartieron más de un millón de horas de capacitación para el personal.
-El modelo de investigación mejoró para reducir la impunidad.
EL PRINCIPAL DESAFÍO
La continuidad de la transformación se basa en tener un sólido sustento jurídico para fortalecer el Estado de Derecho y promover una adecuada cultura de la legalidad en la sociedad.
LAS METAS QUE VIENEN
Contribuir al fortalecimiento de una cultura de la legalidad es una de las campañas de sensibilización que se preparan para destacar la importancia del respeto a la ley y los beneficios que tiene.
LABOR DE LA CONSEJERÍA
-Ser un eje para articular las políticas y acciones desde el gobierno federal.
-Atención de las problemáticas más urgentes del país.
-Analizar los pendientes de género, derechos de las niñas, niños y adolescentes.
LA LECCIÓN
“Es esencial analizar los contextos antes de tomar decisiones(…) implica una evaluación cuidadosa de los impactos sociales, económicos y legales”.
-Ernestina Godoy
