Las leyes secundarias: columna vertebral de la Estrategia Nacional de Seguridad
Por: Jessica Saiden Quiroz
La construcción de un México más seguro y justo exige no sólo voluntad política, sino un marco legal robusto, coherente y actualizado, que permita traducir ese compromiso en acciones efectivas y sostenibles. En la actual LXVI Legislatura, hemos asumido con responsabilidad el compromiso de fortalecer las bases jurídicas del sistema de seguridad pública nacional, conscientes de que las reformas constitucionales sólo pueden cobrar vida plena a través de leyes secundarias bien diseñadas.
En ese sentido, cabe resaltar la trascendencia de la reforma al artículo 21 constitucional, que fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confiriéndole la responsabilidad de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, autorizar la investigación de delitos y liderar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad. Esta reforma marca un cambio de paradigma y requiere instrumentos normativos claros, operativamente viables y a la altura de la reforma.
Es por ello que, tras un proceso de estudio, análisis y discusión, en la Comisión de Seguridad Ciudadana hemos dictaminado dos iniciativas clave que serán votadas en el próximo periodo extraordinario, que se espera obtengan amplio respaldo de las fuerzas políticas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permitirá un rediseño institucional orientado a mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortalecer la profesionalización y certificación de las corporaciones policiales, y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la seguridad. La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, sentará las bases para consolidar un sistema de inteligencia que funcione con legalidad, respeto a los derechos humanos y eficacia operativa, permitiendo organizar, jerarquizar y compartir información estratégica para prevenir e investigar delitos de alto impacto.
Ambas leyes son fundamentales para hacer realidad la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el nuevo gobierno, basada en cuatro pilares: atención a las causas sociales de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional como institución profesional y territorial, y fortalecimiento de capacidades institucionales para la investigación y la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.
Además de estas dos normas prioritarias, se han aprobado reformas de gran calado, como la modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que endurece sanciones y regula nuevas amenazas tecnológicas; y el dictamen que reforma el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, incorporando como amenazas los ataques a sistemas informáticos que vulneren las capacidades del Estado.
Las leyes secundarias son piezas clave para la adecuada implementación del marco constitucional. Son el engranaje que permite que las instituciones funcionen, que los recursos se apliquen con eficacia y que las estrategias se traduzcan en resultados tangibles. En un entorno de transformación institucional, contar con una normatividad clara, actualizada y funcional es fundamental para consolidar una acción gubernamental efectiva y con resultados para la ciudadanía.
Así, el Gobierno de México avanza en la consolidación de un marco legal que refuerza las capacidades institucionales en materia de seguridad. Estas acciones responden a una visión integral que privilegia la coordinación interinstitucional, el uso estratégico de la inteligencia y, sobre todo, el respeto pleno a los derechos humanos, garantizando así justicia para todas y todos los mexicanos.
Estamos en un momento clave. Las decisiones legislativas que tomemos hoy definirán la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y paz en los próximos años. Por ello, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, seguiremos trabajando con responsabilidad, visión de Estado y compromiso con el bienestar de las y los ciudadanos, para que México cuente con las herramientas normativas que necesita y que respondan efectivamente a las demandas legítimas de la sociedad.