La violencia de género: un llamado a la reflexión y a la justicia
A MEDIDA QUE SURGEN DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TAMBIÉN CRECE EL TEMOR AL JUICIO MEDIÁTICO Y A LA CANCELACIÓN, LO QUE PONE EN RIESGO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA DIGNIDAD DE QUIENES SON ACUSADOS
Por: Baltasar Garzón
La violencia de género es uno de los temas que más dolor produce en una sociedad democrática porque su ejercicio implica, no sólo el sufrimiento de la mujer por el hecho de serlo, sino porque también acredita que el machismo y el patriarcado siguen vigentes dentro de un sistema que históricamente ha otorgado autoridad, dominio y control a los hombres sobre las mujeres y que se continúa empleando como herramienta de legitimación de su poder. Normalizarla y no actuar contra ella y contra la raíz misma de este fenómeno, que no es sino la desigualdad estructural de nuestro sistema económico-social, es ser cómplice. Entender las múltiples caras de la violencia, espacios donde se reproduce y el efecto que tiene para el desarrollo de los derechos de las mujeres es una obligación de todos nosotros.
Gracias al aumento de la conciencia en los últimos años y de la investigación en los estudios de género se ha podido visualizar que en muchas ocasiones las agresiones se producen disfrazadas dentro de las más diversas actividades: académicas, artísticas, culturales, cinematográficas, periodísticas, empresariales, etc., sobre todo cuando existe relación de dependencia entre el agresor y la agredida, siendo estas estructuras una especie de caldo de cultivo para acciones que, partiendo de una cultura machista y la falta de mecanismos de denuncia efectivos, han mantenido impunemente este tipo de actos.
La violencia contra las mujeres en todas sus caras es, por lo tanto, un problema serio y complejo y como tal debe ser tratado con máximo respeto. En los últimos años, según se fue rompiendo el silencio impuesto en las estructuras patriarcales, han ido proliferando un buen número de denuncias que han puesto sobre la mesa esta realidad y han servido, incluso, para modificar reglamentos e instituciones. El llamado Movimiento MeToo ha sido imprescindible para replantearse los mecanismos que regían estos espacios, aunque sin duda aún queda mucho por hacer. No obstante, como en toda revolución, también han podido existir excesos o personas que, tal vez ajenas al dolor que para muchas mujeres supone haber pasado por situaciones de acoso y so pretexto de reivindicar la lucha por los derechos inalienables de las mujeres, han podido ocultar otros intereses, algo que, lejos de coadyuvar a romper los esquemas machistas y la discriminación, han dado munición a los discursos antifeministas. La cuestión, entonces, es la siguiente:
¿Cómo podemos asegurar que esto no suceda?
LA CANCELACIÓN, UNA VÍA PELIGROSA
En el mundo actual en el que la comunicación discurre a velocidad de vértigo, los efectos negativos de una información poco rigurosa, o de una acusación alentada por las redes sociales puede suponer la ejecución pública inmediata del sujeto acusado y, en ocasiones, incluso su “muerte civil”, dada la gravedad y magnitud de las consecuencias a las que se expone en un contexto en el que las noticias —con independencia o no de su veracidad— se viralizan de forma vertiginosa y con alcance incontrolable e ilimitado.
Uno de los máximos exponentes de esta penalización es el fenómeno de la cancelación pública, la cual se produce, a veces, por la simple inercia de los acontecimientos, otras veces, con una clara intención de cercenar el principio de presunción de inocencia. El juicio sumarísimo se produce con esa cancelación sin oportunidad de defensa de la persona acusada. Cuando se instala esta dinámica, en cualquier ámbito de la vida en comunidad, se propicia la consolidación de un estado de sospecha que, antes o después, se expande y puede acabar con el estado de derecho y la propia democracia.
Hay demasiados ejemplos en los últimos tiempos, pero hay uno que conozco en profundidad y que destaca por su gravedad y por constituir un paradigma de lo que no debe acontecer. Se ha producido en Portugal y afecta a uno de los más prestigiosos intelectuales progresistas contemporáneos, cuyas enseñanzas han contribuido al pensamiento crítico y son ejemplo para todos quienes creemos que el Derecho debe ser el instrumento, junto con la ética y la moral, que rija nuestra convivencia en la lucha constante para lograr una sociedad más progresista, democrática, igualitaria, solidaria y diversa.
Se trata del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, prestigioso pensador, comunicador, activista, referente del progresismo y de la izquierda intelectual del sur global, defensor de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, de los pueblos originarios y las minorías, del medioambiente y antiimperialista consumado, quien ha alcanzado renombre internacional gracias a su extensa trayectoria intelectual y a su compromiso social a través de su encarecida lucha por visibilizar y defender a quienes más lo necesitan. Méritos que, sin embargo, se tornaron en dardos envenenados a la luz de las feroces acusaciones vertidas contra él en abril de 2023, y por hechos que, supuestamente, habrían ocurrido en el seno del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (CES), que él mismo creó años antes.
EL CASO BOAVENTURA
El caso de Boaventura de Sousa es único por una serie de cuestiones. Desde el primer momento en el que se hicieron públicas las acusaciones se produjo un señalamiento inculpatorio con tintes de condena definitiva sin que el acusado pudiera, siquiera, defenderse en un proceso inquisitivo abierto por el propio CES que, claramente, buscaba su incriminación basada en las meras denuncias carentes de la base mínima suficiente para determinar la sucesión de acontecimientos que se produjeron, con la ayuda inestimable de determinados medios de comunicación que vieron la oportunidad de hacer sangre imputando conductas inapropiadas y violencia de género.
Desde el primer momento, el profesor Boaventura, ante aquellas denuncias infundadas, como después él mismo acreditó, se puso voluntariamente a disposición del CES y de la justicia (Ministerio Público de Portugal) para contribuir en la investigación y probar su inocencia. El propio Boaventura, en un ejercicio de autorreflexión, publicó un artículo en el que autoevaluaba su conducta. Cuando leí ese artículo comprobé que quien era el sociólogo de referencia para el progresismo admitía honestamente que el machismo es inherente a todos nosotros, algo que yo también comparto en el sentido de que el hombre, por propia estirpe ancestral, ha minusvalorado a la mujer hasta que ésta ha conseguido confrontarlo con igualdad; pero dejaba claro que nunca había cometido los graves hechos de los que se le acusaba, lanzando una reflexión y un alegato en pro de la lucha feminista como único camino, junto al decolonial, para acabar con las desigualdades de nuestro tiempo.
Más de dos años después de aquel momento lo cierto es que, como resultado de un proceso incriminatorio y de linchamiento mediático, Boaventura de Sousa Santos ha sufrido ferozmente las consecuencias y ha sido cancelado públicamente en el entorno académico y social, sufriendo daños irreparables en su vida profesional y personal. Entidades que se erigen como defensoras de los principios democráticos como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, lo apartaron sin haber siquiera escuchado, sin abrir procedimientos internos y sin cumplir por tanto con ninguno de los estándares del derecho a la defensa, pero anunciando su cancelación con comunicados públicos que no hicieron sino alentar el juicio mediático.
La posición del CES de la Universidad de Coimbra fue aún más bochornosa. La institución que el profesor fundó, pero con la que únicamente mantenía una vinculación parcial en el momento de los supuestos hechos (no estaba ya vinculado a responsabilidades administrativas y tenía estancias cortas en Portugal) anunció la creación de una Comisión Independiente de investigación en paralelo a la autosuspensión de Boaventura, decisión que este consideró necesaria para facilitar las investigaciones.
El informe de dicha Comisión, cuyo desempeño daría para un análisis mayor, si bien indicaba “la existencia de patrones de conducta de abuso de poder y acoso por parte de personas en posiciones jerárquicas dentro del CES”, no aludía a nombres específicos ni acusó a ninguna de las personas denunciadas de delitos penales o graves. No fue concluyente en cuanto a quien ostentaba la responsabilidad y, es más, incluía que “las versiones presentadas por varios denunciantes y por varios acusados eran, en muchas situaciones, incompatibles entre sí, lo que hacía impracticable valorar la evidencia de las pruebas”.
Meses después, la única consecuencia que este informe tuvo fue la dimisión de todos sus cargos por parte de Boaventura de Sousa después de una intensa presión por parte de la dirección de la institución académica para que esto sucediera. Ninguna nueva actuación, ningún otro expediente. La cuestión es la siguiente: si existían estos patrones de conducta abusivos, ¿por qué no hubo posteriores actuaciones para acatar precisamente estos supuestos comportamientos inadmisibles?, ¿realmente la prioridad del CES era velar por el bienestar y la protección de sus investigadoras o el único objetivo fue eliminar a un elemento incómodo aprovechando la coyuntura para que, una vez que estuviera fuera de la institución, se diera por solventado el problema?
Sea como fuere y para no excederme en la narración de los hechos, este asunto que ya se acerca a los tres años de duración ha derivado en un largo proceso inquisitorial en el que al sociólogo portugués no le ha quedado otra salida que recurrir a la justicia como único método para poder acceder a un proceso contradictorio. Sin embargo, esto tampoco está siendo un camino fácil, tras la paralización de la acción civil de protección de su honor iniciada tras una carta difamatoria de algunas de las denunciantes y la ignorancia de la multitud de pruebas que atesora en su defensa, tuvo que desistir de la misma y acudir a la vía penal, que espera, algún día, pueda darle la razón.
PROTEGER SIN CONDENAR: DEFENSA SIMULTÁNEA DE VÍCTIMAS Y ACUSADOS
Escribo sobre este caso porque creo que debemos profundizar acerca de la legitimidad de los procesos de lapidación mediática, dado su carácter punitivo, emocionalmente devastador e incompatible con los valores de justicia, igualdad y transformación que el progresismo precisamente proclama, con el riesgo añadido que existe de que se producen en un contexto en el que los discursos antifeministas están siendo alentados por fuerzas reaccionarias y de extrema derecha.
Como defensores de un progresismo humanista tenemos que trabajar para encontrar una mejor manera de que la resolución de las denuncias, sin poner jamás en duda la lucha feminista, la defensa de los derechos inalienables de las mujeres frente a la violencia de la que son objeto, se haga respetando los sagrados principios que rigen el estado de derecho y que gobiernan la democracia y que pasan por garantizar la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso, la contradicción, la igualdad de armas, la transparencia, la imparcialidad y la independencia judiciales. Para ello, sin duda, habrá que hacer las reformas pertinentes que permitan que las mujeres que son víctimas puedan sentirse libres de acudir a la justicia y a las instituciones, sin ser juzgadas socialmente ni sufrir las consecuencias de denunciar.
No obstante, igual de oportuno es que la justicia analice y se tome muy en serio situaciones como la anteriormente descrita y que dicha autoridad judicial tenga presente el principio de igualdad de armas y de presunción de inocencia porque, de no hacerlo así, la acción judicial se convierte en un acto de venganza y en una especie de lapidación pública sin posibilidad de reparación ulterior.
Por todo ello, la actuación judicial debe ser tan mesurada como contundente, y tan exhaustiva como ágil en su resolución, con un análisis minucioso de toda la documentación y no dejarse llevar de los planteamientos inquisitivos propiciados por intereses mediáticos y espurios que sólo agravan el daño para las denunciantes y para el señalado arbitrariamente como responsable e impunes a quien alentaron esa campaña.
Finalmente, lo que debe quedar claro es que todos y todas debemos efectuar una profunda reflexión: si partimos de la base de que una sociedad democrática únicamente puede construirse desde el respeto a los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, la igualdad y la justicia para todos, jamás debería permitirse el linchamiento mediático paralelo al enjuiciamiento procesal, porque ello implica la propia deslegitimación de este último y el silenciamiento en el espacio público de aquellas voces críticas y divergentes del “dogma oficial” como la del profesor Boaventura de Sousa Santos, a quien se le ha juzgado, cancelado y condenado, sin derecho a la más elemental defensa.
