Por: Raymundo Espinoza Hernández
La tarea de reconstrucción del pensamiento jurídico mexicano pensado desde y para México es uno de los principales objetivos que las y los juristas mexicanos debemos contemplar para estos momentos de transformación social e institucional que exigen rechazar la importación de soluciones jurídicas ajenas a nuestra experiencia histórica, cultural y política.
Esta reconstrucción implica un quiebre con la tradición de subordinación teórica que ha caracterizado a la cultura jurídica neoliberal implantada en las facultades de Derecho de nuestro país, que se dejan orientar por paradigmas europeos o anglosajones que no comprenden ni responden a los desafíos nacionales.
Mi más reciente libro, “Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada. Marxismo, decolonialidad y filosofía mexicana” es una apuesta decidida por un camino que promueve la superación de la dependencia académica y la epistemocracia exógena. Toda vez que la subordinación epistémica ha sido un mecanismo instaurado en la formación y producción teórica desde las escuelas de Derecho e institutos de investigación jurídica del país. Frente a ello, el pensamiento jurídico mexicano debe liberarse del vasallaje intelectual y recuperar su capacidad crítica, creadora y situada para responder a las necesidades de nuestro tiempo.
La ruptura histórica con la cultura jurídica nacional que implicó el neoliberalismo impuesto desde la década de 1980 supuso la desarticulación del constitucionalismo social y la imposición de una cultura jurídica elitista, extranjerizante y tecnocrática. Bajo ese contexto, la rica tradición del pensamiento jurídico mexicano fue reemplazada por teorías jurídicas exógenas funcionales a la dominación trasnacional y ajenas a las necesidades del país. Esta modernización jurídica fue una estrategia de subordinación normativa y cultural que neutralizó la soberanía jurídica nacional bajo los dogmas del Derecho globalizado.
Por ello, es urgente el rescate y desarrollo de la teoría jurídica mexicana que se ha cultivado primordialmente en torno a sus constituciones y los momentos de transformación nacional. Esta tradición constitucionalista, marginada durante el periodo neoliberal, contiene un legado de pensamiento jurídico transformador que debe ser actualizado y reivindicado en diálogo con la historia política, las luchas sociales y las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano.
Así, el presente jurídico mexicano y sus debates hoy insertos en el panorama de la reforma judicial representan un punto de inflexión en la historia jurídica del país por su alcance institucional y por la disputa cultural y epistémica que implica. No obstante, esta reforma sólo será verdaderamente transformadora si logra romper con los moldes impuestos por la filosofía del Derecho de los juristas, es decir, con la racionalidad jurídica autorreferente y formalista que también impacta a la práctica del Derecho.
El modelo jurídico neoliberal, así como la teoría que se desarrolló a su alrededor, están agotados. La cultura jurídica neoliberal redujo al Derecho a una técnica formalista, a la vez que despojó a la filosofía del Derecho de su capacidad crítica, filosófica y transformadora. El agotamiento de este paradigma se evidencia en su incapacidad para dar cuenta de las contradicciones materiales del país y para responder a las demandas históricas de justicia social y soberanía. Frente a este agotamiento, es necesaria una reconstrucción del pensamiento jurídico desde una perspectiva situada que recupere el legado histórico del constitucionalismo social.
En este sentido, la reforma judicial nos obliga a encontrar soluciones para la mejora continua del orden legal y administrativo, pero también una nueva forma de comprender y enseñar el Derecho por medio de la revisión crítica de la formación jurídica y la recuperación del sentido histórico del constitucionalismo social mexicano en nuestro presente. Lo anterior con el objetivo de articular el Derecho mexicano y su teoría con las totalidades sociales específicas, conflictos concretos y luchas populares que han contribuido a dar forma al orden jurídico nacional.
Por ende, la recuperación del constitucionalismo social mexicano también contribuye en desmantelar los dogmas del fetichismo jurídico formalista y, a su vez, reivindicar una teoría jurídica situada, capaz de leer y transformar el mundo desde las exigencias sociales del presente con jueces técnicamente competentes, políticamente conscientes y comprometidos con el interés público nacional.
Los postulados del libro ponen a disposición del lector herramientas conceptuales y políticas para repensar la historia del pensamiento jurídico mexicano y lineamientos para aplicarlo al presente. En el marco de la reforma judicial y de los procesos democratizadores en curso, es un libro que permite comprender los límites ideológicos de la cultura jurídica dominante y trazar rutas concretas para reorientar la formación de jueces, la enseñanza del Derecho y el sentido mismo de la función jurisdiccional, con el fin de colocar como eje prioritario el Derecho al servicio del interés público, la soberanía nacional y la justicia social.
Esta obra no da por clausurado el debate, sino que es una invitación a abrirlo. Es una obra pensada para promover un diálogo con las y los juristas, filósofos, docentes, estudiantes y demás actores sociales con sus postulados, en tanto horizonte de construcción colectiva frente a la fragmentación, el tecnicismo y la reproducción acrítica de modelos ajenos importados.
A lo largo del libro, el lector encontrará la reivindicación de las valiosas aportaciones de la teoría jurídica mexicana que han sabido responder en distintos momentos históricos a las exigencias del país. Lo anterior como parte de un esfuerzo para afirmar teórica y políticamente la rica tradición jurídica mexicana frente a las estructuras de dominación epistémica que aún persisten.
Así, el libro es una obra que se enmarca en el camino de reconstruir el sentido social de nuestra Constitución, la cual ha sido enriquecida por las aportaciones de múltiples juristas mexicanos que pueden fortalecer el rumbo que ha optado nuestro país de forma democrática desde 2018.