La SCJN, puente entre la tradición jurídica y la era digital | Entrevista con Arístides Guerrero
Por: Redacción / Fotos: Pablo López
El uso de las nuevas tecnologías se ha propagado en los diversos ámbitos, debido a las exigencias de la época actual. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el fenómeno ha pisado tierra, sobre todo con las generaciones que traen el aprendizaje de las herramientas innovadoras. Tal es el caso del ministro Arístides Guerrero García, quien conversó con El Mundo del Derecho sobre la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en el terreno jurídico.
Para el Ministro, lo más importante no es el dominio de las nuevas herramientas, sino el conocimiento pleno del campo jurídico.
La IA está transformando la práctica del derecho. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales competencias que deben desarrollar las y los abogados para incorporar estas herramientas sin comprometer la ética profesional, la confidencialidad y la calidad de la argumentación jurídica?
Quisiera empezar fijando una postura categórica y sin matices: estoy en contra de que la inteligencia artificial redacte una sentencia. No creo en el “juez robot” ni en la sustitución de la labor jurídica fundamental que realizan las y los secretarios proyectistas. Ningún algoritmo rinde protesta de guardar y hacer guardar la Constitución. Partiendo de esa premisa indispensable, la IA debe entenderse exclusivamente como una herramienta complementaria y de apoyo técnico.
Por ello, la primera competencia no es tecnológica, es jurídica: quien no domina el Derecho no puede evaluar lo que una herramienta tecnológica le entrega. La IA amplifica lo que ya somos; a un buen jurista lo hace más eficiente, pero a quien carece de fundamentos lo expone.
A partir de ahí, identifico tres competencias concretas que las y los abogados deben desarrollar:
Primero, alfabetización tecnológica crítica: entender cómo operan estos sistemas, qué son los modelos de lenguaje, el diseño funcional de instrucciones (prompting), por qué generarn errores y cuáles son los alcances reales. No se trata de programar, sino de conocer a fondo la herramienta que se emplea.
Segundo, verificación rigurosa: toda tesis, precedente o cita que sugiera un sistema generativo debe contrastarse obligatoriamente con la fuente oficial original. La firma del abogado o funcionario es su responsabilidad profesional personal, y esa responsabilidad jamás se delega a un algoritmo.
Tercero, gestión escrita de la confidencialidad: jamás debe ingresarse información de clientes, expedientes en trámite o datos personales en plataformas que no garanticen esquemas cerrados de protección de datos. Como excomisionado de transparencia y protección de datos personales, considero que este es uno de los puntos que exigen mayor cuidado y rigor ético en el foro legal. La ética profesional no cambia con la tecnología. Cambian los medios y los riesgos, no los principios.
En el ámbito de la impartición de justicia, ¿qué tareas considera que la IA puede optimizar en el trabajo de juezas, jueces y ministros, y cuáles deben permanecer siempre bajo el juicio y la deliberación exclusivamente humana?
Concibo a la inteligencia artificial como una valiosa herramienta de asistencia y apoyo complementario para hacer más accesible, ordenada y transparente la función jurisdiccional. Su labor más noble radica en auxiliar en tareas que no implican resolver el fondo del litigio: la generación de estadística judicial, la detección y sistematización de precedentes, el análisis sobre cómo se ha votado históricamente en casos análogos, el cotejo de derecho comparado, la organización analítica de expedientes voluminosos y el auxilio en la confección de versiones de lectura fácil para garantizar el derecho ciudadano a comprender las decisiones judiciales.
Pero hay una frontera que no debe cruzarse nunca: la decisión jurisdiccional.
Valorar pruebas, ponderar derechos humanos en colisión, decidir sobre la libertad de una persona, resolver la guarda y custodia de una niña o un niño, o pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, exige empatía, contexto social, sensibilidad ante la vulnerabilidad y profunda responsabilidad ética. Ninguna máquina sustituye el criterio de quien juzga ni rinde protesta ante la Carta Magna. La deliberación colegiada, el juicio y la firma son, y deben ser siempre, actos estrictamente humanos. La tecnología puede acercarnos con mayor agilidad a la información, pero la justicia no es acumulación de datos: es la ponderación humana y consciente de lo que corresponde a cada persona.
Principios garantes
El uso de la IA como herramienta ha resultado de gran apoyo; sin embargo, aún no existen elementos
suficientes que blinden del todo la seguridad de las personas. El Ministro Guerrero conoce la situación y, por tal motivo, propone algunos principios que garanticen la protección de los usuarios.
Uno de los mayores retos de la IA es evitar sesgos, errores o “alucinaciones” en los sistemas generativos. ¿Qué principios deberían regir el uso responsable de estas tecnologías dentro del Poder Judicial para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales?
Propongo seis principios fundamentales:
Supervisión humana efectiva: toda salida de un sistema de IA debe ser revisada y validada por una persona servidora pública responsable. Transparencia algorítmica: la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo y cómo se utilizan estas herramientas en los procesos que la afectan. Verificabilidad: ningún contenido generado por IA puede incorporarse a una actuación judicial sin contraste con fuentes oficiales; esa es la respuesta institucional al fenómeno de las alucinaciones. Protección de datos personales: los expedientes contienen información sensible que no puede alimentar sistemas sin garantías. No discriminación: los sistemas deben auditarse periódicamente para detectar sesgos que reproduzcan desigualdades históricas. Por último, trazabilidad: debe quedar registro de qué herramienta se usó, para qué y con qué resultado.
Añado algo más: México necesita un marco normativo. Países como España y Francia ya cuentan con reglas para la IA en el ámbito jurídico, mientras que en nuestro Congreso se han presentado decenas de iniciativas sin que exista todavía una ley general. La Suprema Corte puede y debe liderar el debate regional sobre el uso ético y técnico de estas tecnologías, predicando con el ejemplo mediante lineamientos internos claros.
La justicia digital ya no se limita al expediente electrónico o las audiencias remotas. ¿Qué proyectos o transformaciones está impulsando actualmente la Suprema Corte para construir un modelo de justicia más accesible, transparente y apoyado en herramientas digitales e IA?
La nueva integración de la Corte llegó con un mandato ciudadano claro: una justicia cercana, transparente y sin rezagos. En esa lógica trabajamos en varias líneas.
La primera es el lenguaje claro y accesible: sentencias comprensibles, formatos de lectura fácil, versiones accesibles en lenguas indígenas y formatos incluyentes, porque una sentencia que no se entiende es una puerta cerrada para la sociedad.
La segunda son las plataformas de difusión accesibles a través de un proyecto piloto estilo “Spotify de la justicia”: estamos desarrollando este modelo para acercar los criterios y resoluciones a la gente de forma sencilla y directa. Pongo siempre una analogía: la música siempre ha existido, pero el formato evolucionó del vinil al casete, del casete al CD, del CD al archivo MP3 y a la memoria USB, hasta llegar a plataformas como Spotify, que no inventaron la música, sino que hicieron posible acceder a ella de una manera más ágil, sencilla e interactiva. Con las resoluciones pasa lo mismo: la sentencia siempre ha existido; el reto contemporáneo es cómo trasladarla del papel al entorno digital y lograr comunicarla de forma que cualquier persona pueda consultar los criterios relevantes desde su teléfono de manera intuitiva y comprensible.
La tercera es el abatimiento de rezagos: uso de plataformas tecnológicas de sistematización que permiten agilizar el procesamiento y desahogo de asuntos acumulados.
La cuarta es la Corte itinerante y vinculación directa: salir de la sede central, sesionar cerca de la comunidad y apoyarse en medios digitales para que cada criterio se explique de cara a la gente.
Todo esto se articula en un eje conceptual que impulsamos desde mi ponencia: el derecho a entender el Derecho. Es el derecho a que cualquier persona, al abrir una sentencia, comprenda desde la primera página el fondo y las razones de la decisión.
Para materializarlo, implementamos el modelo de sentencia interactiva. En su primera página contiene una síntesis en lenguaje ciudadano, un código QR para consultar el texto íntegro en digital y un enlace directo a la transmisión oficial en video (a través de Plural TV), ubicado con precisión en el minuto donde se deliberó dicho asunto. Asimismo, el modelo opera de forma circular: durante las transmisiones en vivo de las sesiones públicas, se despliega en pantalla un código QR que permite a la ciudadanía descargar en PDF el proyecto de sentencia que se está debatiendo en tiempo real. Se pasa de la sesión al proyecto y del proyecto a la sesión, transparentando la impartición de justicia en tiempo real y desmontando el hermetismo técnico.
La IA en una década
La evolución de la tecnología corre a pasos agigantados; por tal motivo, el Ministro Arístides Guerrero visualiza cómo será el uso de la IA en el ámbito jurídico de aquí a una década.
Pensando en los próximos diez años, ¿cómo imagina la relación entre la IA y el sistema de justicia mexicano? ¿Estamos frente a una revolución comparable a la llegada de internet al ámbito jurídico o considera que su impacto será aún mayor?
Creo que el impacto será mayor que el de internet, por una razón: internet transformó el acceso a la información jurídica; la IA transforma el procesamiento del razonamiento jurídico. Es un cambio de otra naturaleza.
En diez años imagino un sistema de justicia donde la IA habrá eliminado buena parte del trabajo mecánico que hoy consume el tiempo de juzgados y tribunales, donde los plazos de resolución se habrán reducido drásticamente, donde cualquier persona podrá entender su sentencia y conocer los criterios aplicables a su caso sin intermediarios, y donde contaremos con un marco normativo maduro que garantice supervisión humana, protección de datos y auditoría de sesgos.
Pero también imagino algo que no habrá cambiado: en el centro de cada expediente seguirá habiendo una persona, y frente a ella, otra persona que juzga. Mi generación tiene la responsabilidad de construir el puente entre la tradición jurídica mexicana y la era digital sin sacrificar lo esencial. La tecnología debe humanizar la justicia, no deshumanizarla. Si logramos eso, la revolución no será de las máquinas: será de los derechos.
