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La justicia ante la inteligencia artificial: el desafío es cómo

Por: Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El 12 de noviembre participé, en representación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una cumbre sobre innovación de la justicia en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington. Comparto aquí lo que dije, porque el tema nos toca a todos.

Empecé con una pregunta: ¿cómo sabemos si un gobierno aprende de sus errores? Sabemos cuántos juicios se resuelven y cuánto tardan, pero no cuántas veces una autoridad vuelve a cometer el mismo error después de que un tribunal ya se lo señaló. De acuerdo con el último informe del Tribunal, siete de cada diez sentencias anularon, total o parcialmente, la decisión de la autoridad. El Tribunal corrige el caso; falta quien corrija la causa.

Hablé también de la inteligencia artificial. Es una herramienta que va a llegar a todos los tribunales, como la vemos presente en otros ámbitos de la sociedad; la pregunta ya no es si la usaremos, sino cómo. En el Tribunal aprendimos una lección con el juicio en línea, que existe desde 2011: el uso de la tecnología, por sí solo, no cambia nada. Cambia cuando se transforman también la forma de trabajar y la cultura de la institución.

Bien usada, la inteligencia artificial puede acercar la justicia a las personas, hacerla más rápida y más transparente: mientras más se puede rastrear cómo se tomó una decisión, menos espacio queda para la arbitrariedad. Pero mi regla es clara: la máquina ayuda, y quien decide es una persona; es ella quien debe responder por lo que decide.

Planteé una preocupación: los datos de la justicia deben quedarse en la justicia. Las sentencias y los expedientes guardan información de millones de personas, y no pueden quedar en manos de quien vende la herramienta. Por eso la ciberseguridad ya no es un tema técnico: es un tema de Estado.

Fuera de los tribunales, el reto es mayor. En México todavía no hay reglas generales sobre cómo usa el gobierno la inteligencia artificial, y un error en un sistema automático puede repetirse miles de veces antes de que alguien lo note. Al mismo tiempo, ya se fabrican voces, imágenes y documentos falsos, y la delincuencia organizada usa estas herramientas para cometer fraudes y extorsiones. Si el crimen innova más rápido que el Estado, la brecha se convierte en impunidad.

¿Qué propuse? Que toda persona sepa cuándo una decisión del gobierno que la afecta se tomó con inteligencia artificial, que conozca sus razones y que pueda pedir que la revise una persona y llevarla ante un tribunal. Si la autoridad no puede explicar su decisión, no puede sostenerla. Y quien use estas herramientas para defraudar o discriminar debe responder: «lo decidió el algoritmo» no es excusa.

Entregué, además, una propuesta para que cada país la adapte a su orden jurídico: que los gobiernos corrijan la causa de sus errores, con plazos y metas; que exista un espacio formal donde las personas puedan señalar lo que falla, porque hoy solo tienen las redes sociales, y que todo quede registrado, para que nadie pueda manipular la información sin dejar huella.

Un Estado que aprende no es un Estado sin errores. Es uno que no los repite.

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