La justicia administrativa está más cerca de lo que se piensa. Los propietarios de pequeños comercios como un consultorio dental, entre otros, pueden acercarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa frente a lo que consideren una actuación injusta de la autoridad. A manera de ejemplo, para empezar con un tema sencillo, un propietario de consultorio puede acercarse al tribunal si recibe una multa por negar el acceso a servidores públicos que lo visitan para verificar que su establecimiento cumpla con la normatividad en materia salud.
Por Magistrada Susana Mercado Alvarado
La prestación servicios de atención médica dental como la que se da en un consultorio, está regulada por la Ley General de Salud, así como otras normas secundarias con la finalidad de garantizar que los servicios se presten adecuadamente, procurando el derecho a la salud de los usuarios.
Las autoridades administrativas sanitarias, tienen la facultad de presentarse en los domicilios a fin de verificar que efectivamente se cumpla con toda la normatividad.
Ante la realización de una visita de verificación como estas, un propietario podría tener razones personales para negar el acceso a los servidores públicos argumentando falta de tiempo o alguna cuestión similar. En un caso así, el propietario puede ser multado por esta obstaculización que a simple vista pudiera parecer justificada.
En estos supuestos, el trabajo del tribunal es determinar a partir de los documentos que se aportan en el expediente si la multa se impuso por la autoridad que correspondía conforme al procedimiento establecido para tales fines. De tal forma que, si la autoridad sanitaria actúo conforme a la ley el propietario debe pagar la multa, en caso contrario, la multa puede ser invalidada.
¿Qué pasa aquí? Los ciudadanos no podemos argumentar el desconocimiento de la ley para incumplirla, pero ante actuaciones que se consideren injustas o indebidas se tiene el derecho de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se revise la actuación de las autoridades.
Así como este caso, las personas afectadas pueden acudir a la justicia administrativa para hacer valer sus derechos frente a actos tan diversos como este de la imposición de una multa, actuaciones en las que se prohíbe el uso del cannabis, la reducción de alguna pensión, el cobro de impuestos, e inclusive casos de corrupción cometida por servidores públicos, entre muchos otros.