La inteligencia artificial está eliminando la ineficiencia legal, no el valor de los abogados
Por: Joaquín Pani.
La verdadera transformación de los servicios legales no consiste en sustituir abogados, sino en liberar tiempo para la estrategia, la negociación, la administración de riesgos y la toma de decisiones empresariales.
Como abogado corporativo o transaccional que asesora diariamente a empresas multinacionales, instituciones financieras, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios, FIBRAS, empresas familiares y grupos empresariales, observo con frecuencia una preocupación creciente entre directores jurídicos, directores generales, directores de finanzas, consejos de administración, inversionistas y empresarios: ¿seguiremos necesitando abogados externos cuando la inteligencia artificial sea capaz de revisar contratos, resumir documentos, analizar regulaciones y redactar borradores en cuestión de segundos?
La pregunta es válida.
Después de todo, muchas de las actividades que históricamente consumían horas de trabajo legal hoy pueden realizarse en minutos mediante herramientas de inteligencia artificial.
Sin embargo, la conclusión a la que muchos llegan suele partir de una premisa equivocada: que el trabajo jurídico consiste principalmente en procesar información.
No es así.
Procesar información es una parte del trabajo jurídico. Analizar adecuadamente y tomar decisiones es otra completamente distinta.
Y es precisamente esa diferencia la que explica por qué la inteligencia artificial transformará profundamente la prestación de servicios legales sin sustituir el verdadero valor que los clientes buscan en sus asesores.
Los clientes no contratan abogados para producir documentos. Contratan abogados para ayudarles a tomar decisiones que disminuyan riesgos y contingencias reales, y así poder avanzar adecuadamente con sus negocios.
Durante décadas, buena parte de la industria legal operó bajo una lógica relativamente simple: mientras más horas se invertían en un asunto, mayor era la facturación. Sin embargo, ningún cliente quiso realmente comprar horas. Lo que siempre quiso comprar fue certeza, velocidad, criterio, administración de riesgos y resultados. Como dice el gurú estadounidense del desarrollo personal, Tony Robbins: “happiness equals progress”.
La inteligencia artificial está obligando a la profesión jurídica a regresar a esa realidad.
Hoy una herramienta tecnológica puede revisar miles de páginas, identificar inconsistencias, comparar contratos, detectar riesgos potenciales y generar borradores en cuestión de minutos. Puede analizar grandes volúmenes de información con una velocidad y consistencia que hace apenas algunos años parecía imposible.
Pero existe una diferencia fundamental entre procesar información y tomar decisiones.
La inteligencia artificial puede identificar riesgos.
El abogado determina cuáles son realmente relevantes.
La inteligencia artificial puede generar alternativas.
El abogado evalúa sus consecuencias jurídicas, económicas y comerciales.
La inteligencia artificial puede producir análisis.
El abogado asume responsabilidad por las recomendaciones.
La inteligencia artificial es extraordinaria identificando patrones.
Los negocios, en cambio, se construyen tomando decisiones bajo incertidumbre.
Un director general o director de finanzas que evalúa una adquisición no busca únicamente saber qué riesgos existen. Busca entender cuáles son aceptables, cuáles son negociables y cuáles justifican abandonar la operación; también como estructurar adecuadamente para minimizar dichos riesgos y poder avanzar exitosamente.
Un consejo de administración no busca únicamente información. Busca criterio.
La inteligencia artificial proporciona la primera.
Los abogados aportan el segundo.
Pensemos en una compraventa de acciones.
Una herramienta de inteligencia artificial puede identificar una contingencia fiscal, laboral o regulatoria durante un proceso de duediligence legal. Puede incluso resumirla, clasificarla y señalar su posible impacto.
Pero la verdadera pregunta no es si la contingencia existe.
La verdadera pregunta es qué debe hacerse con ella.
¿Debe reducirse el precio de compra?
¿Debe negociarse una retención de precio? Y si es así, ¿a través de que mecanismo? ¿Un escrow, un earn out?
¿Debe establecerse una indemnización específica?
¿Es suficiente una declaración de alguna de las partes o necesita ser calificada con materialidad o conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento?
¿Durante cuánto tiempo debe sobrevivir la protección?
¿Con qué límites económicos?
¿Con qué procedimiento de reclamación?
La diferencia económica entre una declaración incumplida y una indemnización específica puede representar millones de dolares para las partes.
Una herramienta tecnológica puede identificar la contingencia.
La experiencia jurídica permite estructurar la solución.
Lo mismo ocurre en una transacción inmobiliaria.
La tecnología puede revisar permisos, licencias, títulos de propiedad, usos de suelo y documentación regulatoria con enorme rapidez. Sin embargo, sigue siendo necesario que alguien determine si un riesgo es administrable, negociable o simplemente inaceptable para el cliente.
La decisión de continuar o abandonar una operación rara vez depende de la existencia de un problema. Depende de la capacidad de entender sus implicaciones legales, financieras, operativas y comerciales.
En contratos comerciales complejos sucede exactamente lo mismo.
Pensemos en un contrato de distribución entre una empresa multinacional y un distribuidor estratégico.
La inteligencia artificial puede detectar exclusividades, limitaciones de responsabilidad, territorios, causales de terminación y obligaciones relevantes.
Pero no puede reemplazar la sensibilidad comercial necesaria para entender qué puntos son verdaderamente esenciales para el cliente, cuáles pueden negociarse y cuáles podrían poner en riesgo una relación comercial de largo plazo.
Tampoco puede leer la dinámica de una negociación, comprender los incentivos reales de una contraparte o evaluar cuándo conviene ceder en un punto para obtener una ventaja estratégica en otro.
La negociación sigue siendo una actividad profundamente humana.
Los mejores abogados no son quienes conocen más cláusulas.
Son quienes entienden mejor los intereses de las partes.
Existe además un elemento que frecuentemente se pasa por alto cuando se habla de inteligencia artificial: la responsabilidad.
En prácticamente todas las industrias reguladas, la tecnología puede ayudar a formular recomendaciones, pero la responsabilidad final continúa siendo humana.
Los médicos utilizan herramientas de diagnóstico asistidas por inteligencia artificial.
Los auditores utilizan sistemas avanzados de análisis de datos.
Los ingenieros utilizan software de modelación cada vez más sofisticado.
Sin embargo, cuando una decisión resulta incorrecta, la responsabilidad no recae sobre el algoritmo.
Recae sobre el profesional.
Lo mismo ocurre en el ámbito jurídico.
La inteligencia artificial puede sugerir una estrategia contractual.
Puede identificar contingencias.
Puede proponer estructuras de mitigación de riesgos.
Puede incluso recomendar alternativas.
Pero no puede firmar una opinión legal.
No puede comparecer frente a una autoridad.
No puede defender una estrategia frente a un consejo de administración.
No puede asumir responsabilidad profesional por las consecuencias de una decisión.
La responsabilidad sigue siendo humana.
Precisamente por ello, el impacto más importante de la inteligencia artificial probablemente no será la sustitución de abogados, sino la transformación del modelo de prestación de servicios legales.
Diversos estudios recientes y la experiencia de los departamentos jurídicos más sofisticados del mundo apuntan en la misma dirección: la inteligencia artificial está permitiendo reducir trabajo repetitivo, acelerar revisiones documentales, procesar grandes volúmenes de información y aumentar significativamente la productividad de los equipos legales.
El resultado no es menos valor para el cliente.
Es más valor.
Menos tiempo dedicado a tareas mecánicas.
Más tiempo dedicado a estrategia.
Menos tiempo recopilando información.
Más tiempo administrando riesgos.
Menos tiempo construyendo cuadros comparativos.
Más tiempo negociando transacciones y resolviendo problemas complejos.
Menos recursos destinados a actividades de bajo valor agregado.
Más recursos destinados a comprender el negocio del cliente y ayudarlo a tomar mejores decisiones.
Los clientes más sofisticados ya no preguntan únicamente si sus asesores externos son técnicamente sólidos.
También empiezan a preguntarse si están utilizando tecnología de manera inteligente para prestar un servicio más eficiente.
Y tienen razón.
Dentro de pocos años, ningún director jurídico querrá pagar por actividades que la tecnología puede realizar de forma más rápida, eficiente y consistente.
Pero tampoco confiará una adquisición corporativa, una negociación estratégica, un financiamiento complejo o una operación inmobiliaria relevante exclusivamente a una herramienta tecnológica.
Porque el verdadero valor de la asesoría jurídica nunca estuvo en la ejecución mecánica.
Siempre estuvo en el criterio.
Existe además una lección histórica importante.
Las profesiones no desaparecen cuando surge una nueva tecnología. Evolucionan.
Los contadores no desaparecieron con Excel.
Los arquitectos no desaparecieron con AutoCAD.
Los analistas financieros no desaparecieron con Bloomberg.
Los médicos no desaparecieron con los sistemas de diagnóstico asistido.
De la misma forma, los abogados no desaparecerán con la inteligencia artificial.
Lo que desaparecerá será una parte importante de la ineficiencia que históricamente rodeó a la prestación de servicios legales.
Y eso es una excelente noticia para los clientes.
La inteligencia artificial puede procesar información.
Los abogados ayudan a tomar decisiones.
La inteligencia artificial puede acelerar el análisis.
Los abogados asumen responsabilidad.
La inteligencia artificial puede identificar riesgos.
Los abogados los administran, negocian y asignan.
Por ello, el futuro de los servicios legales pertenecerá a quienes logren combinar tecnología, eficiencia operativa, experiencia, criterio profesional y profundo entendimiento del negocio para generar mejores resultados para sus clientes.
Los clientes seguirán necesitando abogados.
Lo que dejarán de aceptar será pagar por ineficiencias que la tecnología ya puede resolver.
Y eso, lejos de ser una amenaza para la profesión jurídica, representa una enorme oportunidad para quienes entiendan que el verdadero valor nunca estuvo en las horas invertidas, sino en la calidad del juicio profesional que se aporta a cada decisión empresarial.
